Fsur
5 de ago de 20207 min.
YO ACUSO
Freddy López Arévalo
Se quedaron con las placas de mi automóvil, con la tarjeta de circulación y con el engomado, y me dieron como salvoconducto un "Acuerdo de Devolución del Vehículo", en el que se anota muy claramente que deberé presentar mi automóvil cada vez que el Fiscal Investigador del Ministerio Público lo requiera.
¡Habrase visto semejante atropello!
Parece un cuento kafkiano, pero es una realidad, un atropello mayúsculo, y sucedió en Chiapas, en el gobierno de Rutilio Escandón Cruz Cadenas, en plena 4T.
Me acusaron de conducir un automóvil con reporte de robo: mi auto, un Koleos 2015, comprado nuevo en la agencia de la Renault, en Tuxtla Gutiérrez.
Me acorralaron como a un criminal mientras me encontraba en un establecimiento comercial renovando las llantas de mi vehículo, en la llantera Matrix, a la salida de San Cristóbal de Las Casas, rumbo a Comitán de Domínguez.
Violaron mis garantías individuales, mis derechos humanos, buscando amedrentarme e intimidarme por mi actividad periodística. Una muestra de que el 'Estado de Chueco' sigue vivito y coleando, y que se pretende criminalizar la crítica periodística.
Yo acuso al gobierno del estado, a Rutilio Escandón Cruz Cadenas, y más concretamente al secretario general de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, y al Fiscal General de Justicia, Jorge Luis Llaven Abarca por la intentona fallida para inculparme en un ilícito que no cometí.
El instrumento fue la la Fiscalía de Justicia de Distrito de los Altos, y la policía municipal de San Cristóbal de Las Casas, lo que implica a la presidenta municipal Jerónima Toledo Villalobos, y al Síndico Miguel Ángel de los Santos Cruz, irónicamente ex ombudsman independiente. Me armaron un cuatro, pero se les cayó, por burdo y mal intencionado. En el operativo participaron por lo menos ocho o diez elementos de la policía municipal, algunos con armas largas y radios de comunicación intercambiando mensajes y recibiendo ordenes de su central y mando superior, lo que implica jerárquicamente al director de la policía municipal. Me obligaron a subir a una patrulla, y me trasladaron a la Fiscalía Altos, ubicado en Prolongación Insurgentes. Ahí me sindicaron en calidad de presentado ante el Fiscal Investigador del Ministerio Público.
El robo de auto fue insostenible, al comprobar mi legítima propiedad. Pero aún así, el Fiscal Investigador del Ministerio Público José Francisco Hernández Hernández me obligó a entregar las llaves de mi vehículo y la propia policía municipal fue por él a la llantera, donde se le hacía cambio de neumáticos. El fiscal investigador del Ministerio Público me amenazó con arrastrarlo con una grúa, misma que yo habría de pagar después, en caso de no proporcionarles la llave. El Fiscal Investigador Hernández Hernández también me obligó a pedir a mi esposa traer de mi domicilio particular la factura original del vehículo, no bastando mi licencia de conducir vigente y la Tarjeta de Circulación a mi nombre. Una vez con la factura que avalaba mi propiedad, de haber sido adquirido en la agencia Renault de Tuxtla Gutiérrez, entonces el Fiscal Investigador del MP cambió el motivo de mi arresto y adujo que el reporte era por portar placas con reporte de robo. Ya no por el automóvil. Me extendió una hoja con el reporte de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurado (OCRA), misma que algunos policías municipales portaban en sus celulares cuando me detuvieron en la llantera Matrix. El reporte del OCRA tenía fecha de 2009, actualizado en el 2013. Mi auto, un Koleos Renault, es mod. 2015, y las placas fueron gestionadas por la propia agencia Renault. Me fueron entregadas en sobre plástico sellado, nuevas, con el engomado correspondiente, y con la referencia de quien las había emitido: la Secretaria de Hacienda del Estado de México.
Jamás se me ofreció asesoría de un defensor o representante legal, lo que implica otro falla en el debido proceso, y por tanto una violación más a mis garantías individuales.
De hecho, el Fiscal Investigador solo mandó a sacar copias de mis documentos y él mismo redactó mi declaración y la narración de hechos, sin tomar en cuenta mis alegatos y mi inconformidad. Un elemento de la policía municipal presentó ahí mismo frente a mi un reporte que incluía la búsqueda en el Registro Público Vehicular (REPUVE), el cual no arrojaba ninguna irregularidad.
Y es el REPUVE, no la OCRA, la instancia oficial para la búsqueda y aseguramiento de vehículos con reporte de robo, pero eso no importó al Fiscal Investigador del Ministerio Público, Jode Francisco Hernández Hernández, ni al subdirector de Averiguaciones Previas de la Mesa #3, Hugo Martínez, ni a la Fiscal Altos, Adriana Rebollo.
La OCRA es una instancia privada, conformada por agencias aseguradoras, y aún así me instauraron una Carpeta de Investigación y me mantuvieron privado de mi libertad por varias horas en calidad de presentado rindiendo declaración ante el Fiscal Investigador del Ministerio Público. Eso es una evidencia más de mala fe y dolo, abuso de autoridad y violación de mis garantías individuales.
Según Hugo Martínez, Subdirector de Averiguaciones Previas de la Mesa #3, las placas fueron reportadas el 13 de enero del 2009 y actualizadas el 23 de mayo del 2013. Pero mi auto Renault Koleos es mod. 2015 y las placas fueron gestionadas por la propia agencia Renault en Tuxtla Gutiérrez. Cuando la Renault me entregó las placas MVW2507, del Estado de México, eran placas nuevas, no placas usadas.
Yo acuso al gobierno del estado, a Rutilio Escandón Cruz Cadenas, y más concretamente al secretario general de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, y al Fiscal General de Justicia, Jorge Luis Llaven Abarca por este atropello.
"Abuso de autoridad, mala fe e ignorancia, porque el reporte de robo de placas venció en el 2019", según me explicó un día después del suceso la delegada del REPUVE, la Dra. Maura Esther Bravo Hernández. En cambio, la Fiscal de los Altos, Adriana Rebollo, negó que el reporte de robo hubiese prescrito, y que no había consigna ni mala fe en mi detención. Y replicó que había sido una cámara del C4 la que rebotó el reporte de ubicación de las placas y el vehículo.
La Dra. Maura Esther Bravo Hernández, delegada del Registro Público Vehicular (REPUVE), en zona norte, con sede en San Cristóbal de Las Casas, verificó mi caso: ni el vehículo ni las placas de mi Koleos 2015 estaban reportadas como robados.
Maura Esther Bravo Hernández es doctora en derecho, empleada federal, ex delegada del Instituto Nacional de Migración (INM) y actualmente a cargo del Registro Público Vehicular (REPUVE), la instancia legal, institucional. Ella en persona verificó en su sistema y no halló reporte de robo. Ni de la Koleos ni del número de serie de las placas. Solo la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurado (OCRA) mantiene el reporte por robo de las placas MVW2507, el 13/01/2009. La Dra. Maura Esther Bravo Hernández deduce entonces que la Secretaria de Hacienda del Estado de México reasignó la misma serie y número de placas que gestionó a mi nombre la agencia Renault, en Tuxtla Gutiérrez, en agosto de 2015.
"Pero la OCRA -me aseguró un día después la titular del REPUVE- es una instancia particular, que aglutina a empresas aseguradoras de vehículos, no es una instancia legal; la instancia legal es el REPUVE, porque el REPUVE retroalimenta de información a la OCRA".
"Es probable que la aseguradora que reportó el robo en el 2009 no dio de baja en el sistema de la OCRA las placas reportadas como robadas y la Secretaria de Hacienda del Estado de México reutilizó la serie en el 2015, toda vez que el vehículo reportado muy probablemente fue asegurado y se halla en el corralón o depósito de vehículos recuperados en el Estado de México", me dijo.
Es la única explicación posible para la delegada del REPUVE por el que mi Koleos 2015 le haya sido asignada y portará el mismo número y clave de las placas MVW2507, con reporte de robo en el 2009.
Pero la institución legal, institucional, es REPUVE, y ahí, en el REPUVE, ni mi vehicilo ni las placas están reportadas por robo.
"Si hay abuso de autoridad, mala fe e ignorancia, porque el robo de placas, reportado en 2009, prescribió a los 10 años, en el 2019", sostuvo.
En un verdadero Estado de Derecho las autoridades involucradas debieran ser censadas y consignadas por el atropello a los derechos civiles de un ciudadano
Más aún si este se identificó con su actividad como periodista, una profesión declarada de riesgo en México, y procesarlos por las faltas y delitos que se deriven del atropello, la violación de garantías individuales y el abuso de autoridad.
La funcionaria federal delegada del REPUVE me imprimió los comprobantes de su sistema y me indicó que fuera ante el Fiscal Investigador del Ministerio Público a reclamar mis papeles y mis placas, porque no procedieron de manera legal.
Eso fue lo que hice al día siguiente del bochornoso suceso, pero me tope cona negativa del subdirector de Averiguaciones Previas de la Mesa #3, Hugo Martínez, y de la Fiscal Altos, Adriana Rebollo. Según ellos, el delito de robo de placas no había orecrito porque las placas MVW2507 se reeditaron y me fueron entregadas en el 2015.
La delegada del REPUVE me aseguro que en la Mesa de Seguridad ya había tratado otro tema similar al mío, y que en algunos de estos casos el Ministerio Público está usando este problema en el sistema del REPUVE y la OCRA para extorsionar a ciudadanos.
Esto sin lugar a dudas abre otra denuncia de probable comisión de delito en contra del Fiscal Investigador del Ministerio Público, José Francisco Hernández Hernández, el subdirector de Averiguaciones Previas de la Mesa #3, Hugo Martínez, y la Fiscal Altos, Adriana Rebollo.
Yo acuso al gobierno del estado, a Rutilio Escandón Cruz Cadenas, y más concretamente al secretario general de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, y al Fiscal General de Justicia, Jorge Luis Llaven Abarca por este atropello.
Porque sin lugar a dudas fui objeto de una arbitrariedad, de detención ilegal, y por tanto fui objeto de un acto de intimidación y amedrentamiento, que tipifica como violarorio a mis garantías individuales.
Mi queja ya fue interpuesta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH/056/2020), y mi abogada prepara aún la demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los funcionarios públicos munticitados, quienes también filtraron, con mala fe y dolo, fotos de mi aprehensión, copias de mi Tarjeta de Circulación y el reporte, falso, de robo de mi vehículo Koleos 2015.
Fredy López Arévalo
Editor y Director de la revista Jovel SCLC
Fsur