61% de beneficiarios de las Tandas del Bienestar no reembolsaron nada en 2020

Durante el 2020, 494 mil 145 personas recibieron apoyos por 6 mil pesos como parte del programa Microcréditos para el Bienestar (mejor conocido como Tandas del Bienestar) para invertirlos en su micronegocio, sin embargo, el 61% (302 mil 315) de los beneficiarios no reembolsó nada del dinero prestado, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).



Entre los hallazgos que la ASF da a conocer en el tercer informe relativo a la cuenta pública de 2020, también se encuentra que la Secretaría de Economía, que en ese momento tenía a su cargo este programa social, no logró acreditar que todos los beneficiarios cumplieran con los requisitos para recibir el programa, así como demostrar que habían recibido capacitaciones, todo ello en medio de la emergencia por COVID-19.


Como parte de la revisión hecha por la Auditoría se confirmó que entre el 70 y 80% de los expedientes de beneficiarios tenían pendiente de acreditar todos los requisitos y entre el 20 y 30% del total aún no demuestra la documentación que avale que la asignación del apoyo mediante financiamiento se ajustó al monto establecido en las reglas de operación.


Las Tandas del Bienestar es un programa social que empezó estando a cargo de la Secretaría de Economía y en 2021 pasó a ser responsabilidad de la Secretaría del Bienestar el cual tiene como objetivo hacer préstamos, en un primer momento, de 6 mil pesos para que los beneficiarios puedan invertirlo en sus micronegocios. El recurso deben pagarlo en un año y cuando lo hagan pueden acceder a uno de 10 mil, después de 15 mil y hasta 20 mil pesos, siempre siguiendo esta dinámica.


Sin embargo, Animal Político ha podido documentar que, al menos hasta septiembre pasado, ningún beneficiario había accedido a un crédito superior a los 6 mil pesos a pesar de haber pagado los préstamos.


Incluso, para este 2022 el programa no está considerado en el Presupuesto de Egresos.


De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante este año el programa operará con el dinero que los beneficiarios han devuelto y que, según se informó en una respuesta de transparencia, asciende a los 800 millones de pesos, es decir, apenas se ha podido recuperar el 11% de los poco más de 7 mil millones de pesos que se le aprobaron para este programa entre 2019 y 2021.


“Respecto de los reembolsos de los apoyos durante 2020, de las 494 mil 145 personas beneficiadas, 302 mil 315 (62.18%) no realizaron ningún pago y la Secretaría de Economía requiere fortalecer los ordenamientos, sistemas, mecanismos o procedimientos para dar seguimiento a las personas que no lo efectuaron, con el fin de que puedan disponerse los recursos para otorgar apoyos mediante financiamientos nuevos o subsecuentes”, informa la Auditoría sobre el ejercicio 2020.


El ente fiscalizador también advirtió sobre el desorden en el número de beneficiarios que la Secretaría de Economía informó, pues los datos mostraron inconsistencias.


Por ejemplo, en un primer momento registró en su base de datos que durante 2020 entregó 382 mil 444 apoyos, una cifra que se acreditó con las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), sin embargo, en el cuarto informe trimestral, así como la Cuenta Pública refirió que se había beneficiado a 464 mil 557 personas.


Además, durante la ejecución de la auditoría reportó que los apoyos mediante financiamiento habían sido de 494 mil 145, es decir, una diferencia —entre el primer y tercer reporte— de 111 mil 701 beneficiarios.


“Se debe fortalecer la conciliación de cifras a fin de que sean consistentes y confiables en términos del total de personas beneficiadas en 2020”, subraya la ASF.


“Las pruebas que aportó la Secretaría de Economía demuestran que presenta áreas de mejora por implementar, a fin de contar con la información y la evidencia documental que acredite en qué medida amplió la cobertura y alcance del programa y su contribución a fomentar la consolidación de las actividades productivas de las personas que iniciaron o contaban con un micronegocio, mitigar los efectos de la desaceleración económica debida a la emergencia sanitaria y atender al mayor número posible de personas que están sufriendo los efectos económicos ocasionados por el virus del COVID-19”.

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