Agentes del MP denunciados por Gertz Manero por cerrar el caso de su hermano

Los agentes del Ministerio Público que fueron denunciados por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por presuntamente haber incurrido en negligencias al indagar el caso de la muerte de su hermano, y que terminaron perdiendo su trabajo y siendo perseguidos penalmente, buscarán —tras la votación de la Suprema Corte del 28 de marzo, respecto de Alejandra Cuevas y Laura Morán— que la carpeta de investigación iniciada en su contra se cierre y, además, demandarán una reparación del daño por lo que consideran que fueron acusaciones sin fundamento legal.



Se trata de los agentes del Ministerio Público José Luis “N” y Jorge Octavio “N”, quienes, en mayo de 2016, fueron denunciados por el delito de “denegación de justicia”, por supuestamente haber hecho “diligencias parciales” encaminadas a no investigar la muerte de Federico Gertz Manero sino, por el contrario, a librar de culpabilidad a Laura Morán Servín, su pareja, a la que el hoy fiscal general ya acusaba del homicidio de su hermano.


Gertz Manero señaló que ambos MP rechazaron practicar algunas diligencias que él solicitó como parte denunciante —por ejemplo, realizar pruebas periciales en medicina legal y química, así como recabar los testimonios de los médicos y enfermeros que atendieron a su hermano—, amén de que propusieron cerrar el caso al considerar que la muerte de Federico Gertz Manero fue por causas naturales.


Por años, dicha acusación no prosperó. Pero en 2019, cuando Alejandro Gertz Manero ya había asumido su puesto como titular de la FGR, la Fiscalía General de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy, reabrió el caso, lo envió a una unidad de asuntos especiales y, en dos meses, decidió que dichos agentes sí habían cometido un delito. Por ello, pidió una orden de aprehensión en su contra, que fue concedida por un juez de la capital.


El año pasado, un juez federal amparó a dichos agentes tras considerar que el caso tenía múltiples errores, carecía de los fundamentos mínimos para considerar que existió un delito y era arteramente violatorio de los derechos humanos de los dos exfuncionarios.


Animal Político contactó a la dirección de Comunicación Social de la FGJCDMX para solicitarle un posicionamiento respecto de la posibilidad de que la decisión de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) pudiera invalidar la investigación contra los agentes del MP. La instancia respondió que en el transcurso de este jueves emitirá un posicionamiento.


El abogado Irving Regino, representante legal de Jorge Octavio “N”, afirma que la averiguación previa (recibe ese nombre porque fue iniciada en el sistema penal anterior) se encuentra vigente pero “congelada”, sin que la fiscalía capitalina aclare si continuará realizando diligencias de investigación contra su cliente, lo que lo deja en una indefensión jurídica. Regino también fue representante legal de José Luis “N”, hasta que este decidió recientemente cambiar de defensa.


“Actualmente la investigación se encuentra suspendida, no tenemos conocimiento de que se estén haciendo actos de investigación respecto de mi representado (Jorge Octavio ‘N’) y del otro imputado (José Luis ‘N’). Prácticamente lleva dos años detenida esa investigación sin que haya una determinación o una justificante. Si el proyecto (de la SCJN) sale a favor, sería una cuestión que podríamos nosotros argumentar: primero, solicitar que se determine esa investigación y, luego, optar por algún mecanismo para que se les retribuya (a los imputados) todo lo que perdieron por estas acusaciones”, sostiene el litigante en entrevista.


“Entonces, se tendría que hacer ahora una investigación en contra de las propias autoridades, e incluso emprender acciones civiles para demandarles todo lo que les vino a perjudicar (a los acusados), porque ellos llevaban una vida que se tuvo que interrumpir por estas cuestiones que se les atribuyeron en su momento”.


El abogado señala que una de las principales contradicciones de la acusación de Alejandro Gertz Manero en contra de los exfuncionarios es que obvia el hecho de que ellos, en su calidad de agentes del MP, gozan de autonomía de decisión para investigar y determinar el ejercicio o no de una acción penal, como fue en el caso de la indagatoria de la muerte de Federico Gertz Manero.


El litigante agrega que el Primer Tribunal Colegiado de Distrito ordenó a la jueza penal que emitió las órdenes de aprehensión acreditar por qué razón el no ejercicio de la acción penal se trató de una negligencia y no de un acto previsto en las atribuciones de los funcionarios, como es el caso.


“Lo que nosotros buscamos es el no ejercicio de la acción penal, es decir, que la investigación se acabe porque no hay elementos para continuar con la misma”, explica Regino. “Y esto viene de un criterio de un Tribunal Colegiado, que es el que le instruyó a la jueza penal que emitió las órdenes de aprehensión que tenían que recabarse ciertos datos para poder acreditar, en la figura anterior, lo que se le llamaba el ‘cuerpo del delito’ y la probable responsabilidad; tenía que acreditarse por qué el actuar de ellos no fue apegado a la ley, porque decretar la terminación de la investigación no fue ilegal, y cuál es la separación entre la autonomía del MP y este actuar negligente”.


“Es una cuestión que la fiscalía no pudo y no podrá sostener jamás”, asegura el abogado. “Tendría que partirse de una base en donde ese actuar no estuviera previsto por la norma y, sin embargo, sí está previsto. Eso es lo que buscamos: que nos diga ya la fiscalía ‘no puedo continuar la investigación porque no tengo más elementos y el asunto lo concluyo en este instante’, o que nos informe qué más va a hacer, porque no puede tener una investigación abierta tanto tiempo sin saber qué van a hacer, porque eso es una incertidumbre del gobernado”.


Regino recuerda que el Primer Tribunal Colegiado de Distrito concedió por mayoría un amparo para efectos, ordenando que se hicieran arreglos a la investigación. No obstante, precisa, uno de los magistrados emitió un voto concurrente en el que propuso que el amparo fuese liso y llano, partiendo de que el fallecimiento de Federico Gertz Manero obedeció a causas naturales, perspectiva que la SCJN podría validar el próximo lunes.


El abogado considera que el caso contra los agentes del MP se trató de un uso político de las instituciones de procuración de justicia, no solo de parte del fiscal Gertz, sino también de Ernestina Godoy, pues, según Regino, ella agilizó el expediente pocos días después de asumir el cargo de fiscal capitalina.


“Es una cuestión meramente política donde se buscan los intereses particulares del ahora fiscal general de la República, quien ha estado apoyado en todo momento por la fiscal de la CDMX”, acusa.


“El proceso (contra los agentes del MP) tendría que culminar; independiente de ello, se tendrán que tomar las acciones pertinentes contra las autoridades, porque es un atropello a los derechos humanos de ellos y de los gobernados. ¿Cuál es la imagen pública que proyecta el titular de una institución tan importante como la FGR y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por haberse prestado a llevar a cabo todos estos (atropellos)?”, cuestiona.

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