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Amarran 3 mdp al mes por 20 años ¡del erario!

La candidata del PAN-PRD a la gubernatura de Quintana Roo, Laura Fernández Piña, comprometió durante 20 años el 48% del presupuesto de participaciones federales del municipio de Puerto Morelos, en un negocio que operó con su esposo, Carlos Alberto Moyano, a través de dos contratos por 832 millones 416 mil pesos.





Fernández Piña, expriista que gobernó Puerto Morelos en dos trienios entre 2016 y 2021, comprometió las finanzas municipales para la construcción del palacio municipal, por 389 millones 760 mil pesos, cuando la edificación en realidad tiene un costo total de 57 millones 983 mil 563 pesos. El costo a pagar equivale a construir casi 7 veces el inmueble. Y una obra de alumbrado público por la que se debía pagar 442 millones 656 mil pesos, cuando en realidad su costo es de 42 millones 950 mil pesos. Lo que representa hacer 10 veces esa misma obra.


La XVI Legislatura del Congreso local autorizó para que el ayuntamiento de Puerto Morelos adquiriera las “obligaciones relacionadas” con los contratos, según los decretos 103 y 104 del 21 de marzo de 2021.


La contraprestación de ambos contratos significaría una mensualidad de 2 millones 990 mil pesos —uno de un millón 400 mil pesos y otro de un millón 590 mil pesos—, durante 240 meses, mismo que sería recibidos por Fernández Piña y su esposo Carlos Alberto Moyano, quien es buscado en Nayarit por abuso de confianza, según consta en un audio obtenido.


El audio, de noviembre de 2021, es una charla entre varias personas, entre ellas Laura Fernández, que aún era alcaldesa, y Carlos Alberto Moyano. Ahí se escucha decir a Moyano “... Porque ya empezamos a trabajar. En primer lugar, el municipio ya nos entregó todo el parque de alumbrado público, ya es nuestro...”, “Dos, nosotros tenemos que estar ya presentes en el municipio sí o sí...”

En otra parte del audio se escucha a Moyano amenazar con demandar al ayuntamiento y a Fernández aceptando ser parte de la inversión hecha en el negocio:


—Carlos Moyano: O al menos, y ya hablando como debe ser y te lo digo así directo, saber si se va a hacer o no, pues si no para demandarlos nosotros, digo ponte en nuestro lugar.


—Karim: Sí, sí, sí, sí inclusive mira yo creo que...


—Carlos Moyano: Porque nosotros ya hicimos todo, nosotros hemos trabajado muchísimo en esto tenemos, tenemos...


—Laura Fernández: Y la inversión que ya se ha (sic) hizo...


—Carlos Moyano: Aparte. Tenemos más de dos años y medio que empezamos con esto, tú te acuerdas...


Hemos hecho, hecho, hecho, pagando, gente pagando... yo le pagué.

El ayuntamiento de Puerto Morelos denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía del Estado de Quintana Roo a Laura Fernández, a un grupo cinco de sus subalternos cuando ella fue presidenta municipal en ese sitio, así como a cuatro empresas, por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita.


La denuncia, de la cuales Excélsior tiene copia, está fechada el 10 de mayo pasado y firmada por el síndico municipal y apoderado del ayuntamiento de Puerto Morelos, Alberto Arrelle Sergent, donde asegura que la denuncia “tiene su sustento en la probable asociación de diversas personas con la final de cometer de manera conjunta y de común acuerdo ilícitos que son de carácter federal”.


La operación que puso en marcha Fernández Piña está dividida en dos obras con participaciones federales; una es la construcción del palacio municipal, con 23% de las participaciones federales y el otro 25% de las participaciones corresponde a obras de alumbrado público.


En ambos casos se trata de modelos en los cuales el ayuntamiento de Puerto Morelos está obligado a pagar una contraprestación fija.


Sin embargo, este modelo de negocios deja en desventaja al ayuntamiento ya que aumentan los costos financieros y de mantenimiento a lo largo de 20 años.

El desajuste financiero de Puerto Morelos irá más allá con esta deuda, toda vez que las contraprestaciones resultan ser mayores a la suma de los costos totales de las inversiones de la obra pública planificada.


En el caso del palacio municipal, se trata de un contrato con título de concesión para llevar a cabo la construcción y operación de un inmueble que sería destinado a ser la sede del ayuntamiento del municipio de Puerto Morelos. Los alcances del contrato incluían: construcción de un inmueble sede del Ayuntamiento y centralización de las oficinas de las principales áreas de la administración municipal; mantenimientos preventivos básicos y mantenimiento correctivo básico.


De acuerdo con los documentos de las denuncias contra Fernández Piña y su exsubalternos en los casos de la construcción del palacio y el alumbrado público, el modelo financiero era el mismo: una contraprestación durante 240 meses (20 años), para lo que se establece como fuente de pago las participaciones federales, las cuales debían ser depositadas en el Fideicomiso No. 75221 de Banorte.


El Congreso de Quintana Roo había autorizado hasta 60 millones de pesos para la construcción del palacio municipal, el cual estaba presupuestado en 57 millones 983 mil 563 pesos y 25 centavos sin IVA. Bajo el modelo de negocios aprobado, el costo se disparó hasta 389 millones 760 pesos, en donde se contemplan una contraprestación mensual de 1 millón 400 mil pesos, durante 240 meses, lo que equivale a 336 millones de pesos, que sería el financiamiento del costo real del inmueble tasado en 50 millones 760 mil pesos.


Por lo que respecta a la obra de alumbrado, el ayuntamiento de Puerto Morelos tendría que pagar una contraprestación 1 millón 590 mil pesos mensuales durante los siguientes 20 años, es decir 381 millones 600 mil pesos por haber obtenido el pago de una obra proyectada en 42 millones 950 mil 43 pesos y 98 centavos.


El cobro de las facturas del alumbrado público comenzó en agosto de 2021.


Excélsior tiene copias de éstas. Pero el concesionario no ha realizado ningún trabajo.


En el caso del palacio municipal, las facturas no se pagarían durante los primeros 15 meses, tiempo que duraría la construcción, aunque las participaciones sí debían ser depositadas en el Fideicomiso de Banorte.


En las denuncias están relacionados Ana Luisa Betancourt Canul, quien era encargada del despacho de la presidencia municipal y Eligio Sierra Peña, tesorero municipal, entre otros, además de las empresas Inova Cruz, Inocaribe, OFN Construcciones y OFN Quintana Roo.


De acuerdo con abogados consultados, los delitos que habría cometido Fernández Piña serían ejercicio abusivo de sus funciones ya que como presidenta municipal otorgó contratos de los que ella y su esposo serían los beneficiados, además de tráfico de influencias.


Con información de: Excelsior

fsur

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