AMLO defiende a Delfina Gómez; FGR integra indagatoria en su contra por delitos electorales

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene una carpeta de investigación en curso en contra de la actual secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, por el caso de la retención del 10% del salario a trabajadores de Texcoco cuando ella era alcaldesa de ese municipio entre 2013 y 2015. Dichos recursos se utilizaron para financiar ilegalmente a Morena, como ya confirmaron autoridades electorales y judiciales.



Funcionarios ministeriales confirmaron a Animal Político que la indagatoria se encuentra a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR encabezada por José Agustín Ortiz Pinchetti, el cual instruyó, desde octubre pasado, la apertura de la indagatoria por presuntos ilícitos electorales.


En concreto, de acuerdo con las autoridades consultadas, en este caso se indaga la posible comisión del delito tipificado en el artículo 11 fracción V de la Ley General en Materia de Delitos Electorales el cual indica que se impondrá una penal de 2 a 9 años de prisión a quien:


“Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política”.


De acuerdo con la Fiscalía, la carpeta de investigación aún no se determina (resuelve) por lo que no es posible dar a conocer avances en torno a la misma, ni el detalle de las líneas de investigación que se adoptaron. Tampoco existe un plazo determinado para que el caso se resuelva. Si se reúnen los datos de prueba necesarios, la fiscalía presentaría una imputación ante un juez de control federal.


La investigación tuvo como punto de partida la denuncia que cinco senadores del PAN presentaron ante la Fiscalía el pasado 8 de septiembre de 2021 en contra de Delfina Gómez, de Horacio Duarte Olivares (actual titular de la Administración Federal de Aduanas), y de cuatro personas más, así como la vista que dio el Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a la resolución del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización número INE/Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX.


Lo que el INE confirmó en su investigación es que durante la gestión de Delfina Gómez Álvarez como alcaldesa de Texcoco (de enero de 2013 a marzo de 2015) se retuvo el 10% del sueldo de más de medio millar de trabajadores del municipio de Texcoco por un monto que alcanzó los 12 millones 885 mil pesos. La retención de estos recursos y la posterior emisión de los cheques correspondientes fue autorizada por la actual titular de la SEP.


Tras una indagatoria, apoyada en información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el INE concluyó que por lo menos cuatro millones y medio de pesos de los recursos captados a través de ese “diezmo” fue destinado a gastos relacionados con el partido Morena, situación que constituye un mecanismo de financiamiento electoral ilegal y, potencialmente, la comisión de un delito. Del resto del dinero no existe claridad del destino, aunque en la indagatoria del INE se identificó que una parte de los recursos fue transferida a una empresa que factura operaciones simuladas.


En contra de dicha determinación Morena promovió un recurso de impugnación por lo que el caso fue turnado para su revisión al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuya Sala Superior ratificó el pasado 12 de enero y de manera unánime, la sanción impuesta al referido partido político por no haber informado la recepción de los referidos recursos.


De acuerdo con las autoridades consultadas, aunque la existencia de dicho financiamiento ilegal ha sido confirmada tanto por el INE como por el TEPJF, aun es necesario deslindar las responsabilidades de la entonces alcaldesa de Texcoco y del resto de las personas involucradas en las operaciones. Falta determinar si hubo una orden o instrucción de los funcionarios municipales para llevar a cabo estas operaciones y reunir los datos de prueba que permitan acreditarlo al menos de manera inicial.


En ocasiones anteriores la propia Delfina Gómez ha reconocido que sí existieron estas retenciones a los trabajadores, pero sostuvo que no fue una instrucción de ella o de sus funcionarios, sino respuesta a una petición de los propios servidores públicos que voluntariamente pidieron que se les descontara ese monto para que se destinara a distintos fines.

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