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Ana lleva 12 años en prisión sin sentencia: decreto que le prometió libertad no tiene reglas

Cuando Ana Georgina se enteró que el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado un beneficio para hombres y mujeres privados de su libertad, que hayan sido víctimas de tortura o que permanecen en prisión sin una sentencia, no pudo contener su felicidad: había una esperanza de salir de prisión y reunirse con sus hijos.



Sin embargo, a la fecha no se han publicado las reglas de operación del beneficio, lo cual prolonga su estancia en prisión, que ya suma 12 años.


La mujer solicitó al Centro Prodh que le ayudara a adherirse a este beneficio, así que tras la publicación del acuerdo presidencial y posteriormente los lineamientos, se ingresó la solicitud el 15 de octubre.


El pasado 4 de enero recibieron la primera respuesta a través de un correo electrónico, en esta se les informó que el análisis jurídico del caso solo podría realizarse hasta que las reglas de operación de las preliberaciones fueran publicadas, una tarea que tiene pendiente de cumplir la Secretaría de Gobernación.


En la conferencia matutina del 29 de julio de 2021, el presidente anunció que se liberaría a las personas privadas de su libertad que se encuentran internas en Centros Federales de Readaptación Social por delitos no graves y que no hayan sido sentenciadas en diez años.


Este beneficio también aplicaría para personas que fueron torturadas, comprobado mediante el Protocolo de Estambul; adultos con más de 65 años que padezcan enfermedades crónicas, y mayores de 75 años que se encuentren en penales del fuero federal y no cometieron delitos graves.


“El supuesto que tiene que ver con las víctimas de tortura es muy limitado, es una disposición que va a favorecer a muy pocas personas que han sido sobrevivientes de tortura porque se limita a poner como requisito que cuenten con un protocolo de Estambul (…) Ana Georgina lleva 12 años privada de su libertad y en ningún momento se le practicó un dictamen. A la fecha ella se desistió porque justo fueron años de retraso (en su proceso) y prefirió ya no tener esta prueba con tal de que se pudiera resolver su caso”, explicó Melissa Zamora, abogada del Centro Prodh.


El 15 de octubre, la organización presentó la solicitud ante Secretaría de Gobernación (Segob) y el Órgano Desconcentrado de Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para solicitar la preliberación de Ana Georgina, bajo el argumento de que ha permanecido privada de su libertad por más tiempo del máximo que prevé la Constitución, que son dos años.


“Es una disposición que, si bien es aplicable para el nuevo sistema penal, en realidad es una garantía que se debería respetar para todas las personas que están en un proceso”, subrayó la abogada.


En entrevista, la litigante detalló que en la solicitud que hicieron piden “un cambio de medida cautelar, lo que no significa que por llevar 12 años (privada de su libertad) se tenga que ordenar su inmediata libertad o que se le absuelva de los cargos, sino que, si va a continuar el proceso, que sea con una medida menos lesiva”, explicó Zamora.


Una de las opciones podría ser el uso de algún dispositivo electrónico o el arresto domiciliario.


El pasado 4 de enero el Centro Prodh recibió una primera respuesta a la solicitud, lo que parecía ser un buen indicio; no obstante, al leerla advirtieron que no estaba firmada y anticipaba que el caso de Ana Georgina podría ser revisado hasta que se publiquen las reglas de operación del comité que debe conformarse para dar cumplimiento al acuerdo emitido por el presidente López Obrador.


“Se le informa que la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia tiene por presentada la petición para revisar el caso de la C. Ana Georgina Dominguez Macías (…) se le informa que una vez que se emitan las reglas de operación el caso será turnado para su análisis jurídico”, se lee en el correo electrónico recibido.


Según el acuerdo emitido por López Obrador – publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 2021– , la Segob contaba con un plazo no mayor de tres días hábiles, a partir de su emisión, para instalar el Comité encargado de dar seguimiento a la implementación de las disposiciones del acuerdo.


También determinó un plazo no mayor a 15 días hábiles para emitir las reglas de operación, según se expone en el segundo artículo transitorio del documento. Sin embargo, hasta la fecha eso no se ha cumplido.


El 13 de septiembre de 2009, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) emitió el comunicado 1118/09 en el que informó que el fiscal de la SEIDO había obtenido la medida cautelar de arraigo por 40 días contra tres presuntos colaboradores de la organización Cárdenas Guillén. Uno de esos presuntos colaboradores era Ana Georgina Domínguez Macías.


En el comunicado oficial se detalla que a la mujer se le detuvo en Coatzacoalcos, Veracruz, cuando salía de una casa de seguridad y en posesión de más de 3 millones de pesos, “un vehículo, aparatos de comunicación, documentación contable de la organización donde se reflejan pagos de servicios, facturas en original de vehículos, escrituras de propiedades, cuentas bancarias, depósitos bancarios, chequeras…”


Han pasado 12 años desde aquel día, pero a pesar de las supuestas evidencias encontradas durante la detención, así como del testimonio de una testigo protegida –que más tarde se retractó y desapareció–, Ana Georgina continúa privada de su libertad sin una sentencia, es decir, es legalmente inocente.


Desde el Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, en Almoloya de Juárez, la mujer de 39 años recrimina la indiferencia de las autoridades para atender y resolver casos de mujeres a quienes se les han fabricado delitos para sumar personas en las cárceles como señal de buenos resultados.

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