ASF encuentra irregularidades entrega de becas para personas con discapacidad y madres trabajadoras
Becas para cientos de personas ya fallecidas, apoyos millonarios para miles de personas con la CURP inactiva, inválida o inexistente, pagos duplicados a cientos de beneficiarios, o becas para beneficiarios que excedían la edad máxima establecida en las reglas de operación.
Estas son algunas de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2020 a dos programas sociales ‘estrella’ del Gobierno de López Obrador: las becas para personas con discapacidad, y las becas para niñas, niños, hijos de madres trabajadoras. Entre ambos programas a cargo de la Secretaría de Bienestar acumulan observaciones por algo más de 100 millones de pesos.
La beca para personas con discapacidad consiste en la entrega de 2 mil 700 pesos bimestrales para mejorar la situación económica de ese sector de la población. Está enfocado en niños, niñas y adolescentes, personas indígenas, y personas pobres que vivan en municipios de alta marginalidad.
En total, como parte del segundo informe de la cuenta 2020 que se presentó este jueves 28 de octubre, la Auditoría detectó solo en este programa social irregularidades por 96 millones 797 mil pesos que la Secretaría de Bienestar debe aclarar.
Entre esas irregularidades, la ASF señaló que la dependencia repartió 77 millones 3747 mil pesos a 5 mil 3939 personas que no tenían vigente la CURP, o que era inválida, a pesar de ser uno de los requisitos establecidos en las reglas de operación. Además, entregó otros 13 millones 393 mil pesos a más de mil personas que no tenían CURP, o que al menos no constaban en el padrón de beneficiarios.
Por otra parte, se repartieron 2 millones 246 mil pesos a 324 personas que habían fallecido antes de 2020, entre febrero y diciembre de 2019. Y se dieron otros 2 millones 572 mil pesos a 662 personas que recibieron la beca después de la fecha de su defunción, ocurrida entre enero y agosto del ejercicio fiscal 2020.
La ASF también señaló que se apoyó a 21 personas con 176 mil pesos, a pesar de que tenían más de 67 años, la edad máxima establecida para ser beneficiario del programa. Y detectó que al menos 140 expedientes de beneficiarios carecen de uno o más documentos establecidos en las reglas de operación, lo cual limitó validar si esas personas recibieron las becas habiendo cumplido todos los criterios de elegibilidad y los requisitos de acceso.
Esta es ya la segunda vez que la Auditoría hace señalamientos a este programa que está a cargo de la Secretaría de Bienestar.
En un informe previo, la ASF señaló que durante 2019, el primer año de operación de la beca para personas con discapacidad, el programa presentó “deficiencias en su diseño e implementación” que provocaron que no se acreditara el cumplimiento de los objetivos para los que fue creado, que es contribuir a la igualdad y la disminución de pobreza de este sector.
Además, también detectó irregularidades, como que se entregaron becas a más de 4 mil personas que rebasaban la edad máxima de 67 años para recibir la ayuda, o que en el padrón no se registró qué tipo de discapacidad tiene la persona que obtuvo la beca, ni las coordenadas geográficas de su ubicación, o que en más de mil casos no se incluyeron sus dos apellidos.
El pasado 23 de septiembre, Animal Político publicó un reportaje sobre estas becas para personas con discapacidad. En la nota se dio a conocer que el Gobierno gastó tan solo en el primer semestre de este 2021 más de 10 mil millones de pesos. Sin embargo, el alcance del programa es realmente corto: dejó afuera a más de 4 millones 250 mil personas con discapacidad, y su rango de cobertura fue de apenas el 43% de la población objetivo. Es decir, que 1 de cada 2 personas que cumplían con los requisitos establecidos en las reglas de operación no la obtuvieron.
Además, se trata de un programa opaco. Animal Político solicitó por transparencia las bases del padrón de beneficiarios de 2019, su primer año de operación, y comprobó que la mayoría de los conceptos, como la edad, localidad, o el tipo de discapacidad, están testados; es decir, vienen tachados y no se pueden analizar.