Basta de violaciones a los derechos humanos contra niños, niñas y mujeres migrantes

Más de mil mujeres y organizaciones feministas denunciaron y demandaron a través de una carta pública dirigida a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México; al Instituto Nacional de Migración (IMN), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la Guardia Nacional (GN) y policías en el sur del país, un “ya basta” a las graves violaciones de derechos humanos que han y siguen cometiendo contra las personas migrantes de Haití y Centroamérica.



En particular, contra las mujeres, niñas y niños que viajan en grupos para protegerse de la violencia criminal, a esto se sumó la violencia estatal que las limita a permanecer en la ciudad de Tapachula.


Señalaron que estas personas, ya son sobrevivientes de altos grados de violencia criminal e institucional, precariedad y empobrecimiento, por ello merecen el respeto a sus derechos humanos por parte de.


Las firmantes, feministas y organizaciones ven con indignación las deportaciones que el gobierno mexicano realiza de manera ilegal y masiva contra familias migrantes.


Para ellas, es una forma concreta de violencia patriarcal por parte de las instituciones del Estado mexicano la separación de familias que realiza el INM en los aeropuertos mexicanos, en la frontera sur o en las diferentes rutas migratorias.


Indicaron que la carta será traducida a diferentes idiomas y la distribuirán entre la red de albergues, refugios migrantes y defensoras que harán entrega del mensaje a las sobrevivientes aún localizables de los 4 grupos de migrantes desplazadas de manera forzada de Tapachula, registradas en semanas pasadas.


Cabe mencionar que, desde un día antes de que la cuarta caravana migrante saliera de Tapachula -lugar donde más de 50 mil solicitantes de refugio son obligados a permanecer-, agentes migratorios y de la GN, armados, buscaron disuadirlos efectuando detenciones y rondines. No lo lograron. Los migrantes caminaron 42 kilómetros cuando, al amanecer, los detuvieron en un operativo violento.


Mujeres y hombres de diversas nacionalidades, algunos con bebés de brazos, niñas y niños, se armaron de valor. Ese día no lograron detenerlos ni el operativo disuasivo, ni la experiencia previa de las tres caravanas anteriores, que fueron sometidas con violencia, y sus integrantes deportados.


Su objetivo fue salir de Tapachula, ciudad donde cada día suman entre 150 y 300 el número de personas migrantes que llegan huyendo de sus países. La Comar informó que, de enero a agosto, 55 mil 005 personas migrantes solicitaron refugio en ese lugar, tres veces más que las del año anterior.


Al realizar su solicitud de refugio, las personas migrantes son advertidas de no salir de Tapachula, bajo pena de que si lo hacen, las autoridades mexicanas considerarán abandonado el proceso, y serán deportados a sus países de origen.


Fue así como en meses recientes Tapachula se convirtió de pronto en una Babel de personas que son obligadas a permanecer en un lugar donde no tienen medios de subsistencia, no pueden acceder a trabajos formales; y donde según denuncian, sufren abusos, discriminación, y actos de xenofobia por parte de la población local.


Mujeres representan el 40% de las personas solicitantes de asilo en el país


De acuerdo con la COMAR, de enero a mayo de 2021, han recibido 41 mil 195 solicitudes de asilo, 40% corresponden a mujeres. La mayoría proviene de Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela y Haití.


En el 2020, representaron el 38% de quienes solicitaron asilo en el país, pero en el sur de México es donde se concentran dos terceras partes de las solicitantes.


Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) mencionó que, aunque el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de México establece a la violencia en razón de género como una causal para solicitar y ser reconocida como refugiada en México, no basta pues se necesitan acciones que lo garanticen.


Agregó que la COMAR debe considerar el enfoque de género al momento de resolver las solicitudes de asilo, de no ser así solo profundizaría las desigualdades sociales que viven las mujeres y reproduce la violencia.


Al mismo tiempo, para las mujeres refugiadas, significa no poder acceder a trabajos justos, educación para sus hijas e hijos, servicios de guarderías y rechazo de la comunidad. En el contexto de la pandemia, se suman la dificultad al acceso a la salud y se ignoran sus especificidades al momento de ser integradas en los planes de vacunación contra la COVID-19.


El IMUMI indicó que, negar el derecho a solicitar asilo, retrasar las resoluciones, intervenir para que desistan de sus solicitudes, detenciones prolongadas en condiciones precarias o separación familiar en la detención, constituyen formas de violencia institucional.


De las mujeres que fueron representadas por el IMUMI en 2020, 7 de cada 10 reportó haber sufrido agresiones físicas, ya sea en su país de origen o en México, no solo por miembros de pandillas y de la delincuencia organizada, en algunos casos también de la familia, compañeros de trabajo y autoridades -ya sean policías, militares, guardia nacional o agentes de migración. –


*México, Argentina, Alemania, Venezuela, Uruguay, Panamá, Países Bajos, Suiza, Perú, Nicaragua, México, Honduras, Italia, Reino Unido, Gran Bretaña, Kurdistán, Francia, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, España, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Canadá, Brasil y Andorra.

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