La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció este martes que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por considerar que vulneran derechos.
Otras disposiciones contra las que se presentó la acción son la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
En un comunicado, la CNDH detalló que la acción fue producto “de un vasto trabajo de diálogo con organizaciones de la sociedad como con autoridades involucradas en el tema”, esto, debido a que las disposiciones “vulneran los derechos a la seguridad jurídica, de igualdad y no discriminación, libertad de trabajo, acceso al empleo público, así como los principios de igualdad y presunción de inocencia.
La Comisión explicó que se llevó a cabo “un análisis minucioso sobre la constitucionalidad”, y se realizó un estudio sobre su compatibilidad con el parámetro de regularidad constitucional, derivado de lo cual se decidió impugnar los siguientes preceptos:
“Lo anterior, en virtud de que las normas impugnadas condicionan y/o limitan la participación y coordinación de la FGR en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; la Comisión intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas; el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Violencia contra Mujeres y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en estricto apego a su autonomía constitucional, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica y el principio de igualdad”, informó.
De acuerdo con el organismo, dicha situación se debe a la forma en que se encuentra formulada la participación, actuación e integración de la FGR en diversas instituciones, pues sujeta su colaboración a un estricto respeto de su autonomía constitucional, es decir, constriñe su intervención y cooperación al margen de ella, mismo que interfiere con un pleno y óptimo desempeño de sus funciones.