CNPA-MN convoca a interponer controversia constitucional ante SCJN contra decreto de AMLO y regresar


Jesús Gutiérrez Valencia 280520

Ciudad de México, 28 MAY.-La Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional hizo un llamado a la Fiscalía General de la República, a la CNDH, gobernadores, presidentes municipales, legislatura federal y locales a que interpongan una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que sea invalidado el decreto emitido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por el que dispone de las Fuerzas Armadas de manera permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública pues ello no evita que la violencia disminuya en nuestro país; lo urgente es evitar que la violencia se agrave más.

A un año de que fuera publicada, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de la Guardia Nacional y a 18 días de decretar que el Ejército haga funciones de seguridad pública en el país, dijo el vocero de la CNPA-MN, Jesús Gutiérrez Valencia, el número de homicidios no bajan pues en el Gobierno de AMLO, en su primer año de gestión, se reportaron 34 mil 579 homicidios dolosos, de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“A un año de la aprobación legal de la formación de la Guardia Nacional, la violencia, desapariciones forzadas, asesinato de luchadores sociales, de defensores de derechos humanos y periodistas aumentaron. Involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, no es la solución, como ha quedado demostrado desde el 2006 a la fecha”, enfatizó Jesús Gutiérrez Valencia.

Mientras que en el primer trimestre del 2020 se registraron 7 mil 313 víctimas de homicidio. El resultado de los dos sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, hubo 288 mil 502 asesinatos y 43 mil 714 desapariciones, pero no redujo el narcotráfico, el crimen y la delincuencia organizada.

Por lo tanto, reiteró que la solución a la inseguridad no está en involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública pero de insistir en esta decisión tomada solo se erogarán miles de millones de pesos en mover recursos humanos, materiales e institucionales para realizar las actividades que les asignen pero sin resultados positivos.

En lugar de gastar miles de millones de pesos en el despliegue de las Fuerzas Armadas, el Gobierno Federal debe invertir en infraestructura básica, educación y salud en las comunidades y colonias marginadas; implementar una política de sustitución de cultivos con programas productivos, impulsar el desarrollo del campo, apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, así como la infraestructura y planta productiva nacional para la generación de empleos.

Por otro lado, el Presidente de la República debe terminar con la complicidad existente entre el Estado (instituciones de gobierno, funcionarios, políticos, fuerzas armadas, fuerzas policiacas, gobernadores, presidentes municipales, etc) con los carteles del narcotráfico y el crimen organizado como quedó evidenciado con el “fallido operativo” de la detención de Ovidio Guzmán, hijo de famoso narcotraficante Joaquín Guzmán mejor conocido como El Chapo.

En concreto, señaló el vocero de la CNPA-MN, “el acuerdo emitido por el Presidente en el que se dispone de la Fuerza Armada para llevar a cabo tareas de seguridad pública es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.

Esto se sustenta, dijo, porque la declaración de “la guerra contra el narcotráfico” efectuada por el expresidente Felipe Calderón el 10 de diciembre de 2006 donde involucró a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y cuya medida uso el expresidente Enrique Peña Nieto sólo sirvió para reprimir al movimiento social siendo los casos más emblemáticos los siguientes:

La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO); Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en Atenco, México; Movimiento Magisterial y Social en Nochixtlán, Oaxaca; Estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. A lo anterior, hay que agregar las miles de fosas clandestinas localizadas por familiares y organizaciones en la búsqueda de sus familiares.

Esto generó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibiera más de 10 mil quejas por violaciones a los derechos humanos cometidos por el ejército y emitió 148 recomendaciones dirigidas a las fuerzas armadas por violaciones graves a los derechos humanos, incluidos casos documentados de tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y uso ilegal de la fuerza.

No obstante lo anterior, el 21 de diciembre de 2017, Enrique Peña Nieto, en el Diario Oficial de la Federación, promulgó la “Ley de Seguridad Interior” con la cual validaba la militarización del país.

Sin embargo, la CNDH y diversas instancias promovieron acciones de inconstitucionalidad que trajo como consecuencia que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara la Ley de Seguridad Interior, por ser inconstitucional al contener disposiciones que pretendían normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, lo que es contrario al orden constitucional y convencional.

Andrés Manuel López Obrador, durante los 18 años que fue candidato a la Presidencia de la República, se manifestó en contra de utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública, ofreció regresar a los militares a sus cuarteles; sin embargo, el 14 de noviembre de 2018, propuso crear una Guardia Nacional para promover la seguridad pública con elementos de la Policía Militar, Naval y Federal, pero estarían bajo mando de oficiales de las Fuerzas Armadas.

Por lo anterior, manifestamos que el Acuerdo emitido por el Presidente es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Estas acciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, criminaliza la lucha de las comunidades campesinas e indígenas en defensa de su territorio, tierra, recursos y bienes naturales así como de las organizaciones sociales que defiendan sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, al igual que los derechos civiles y políticos.


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