Compromiso de FGE con CJNG, condiciona la crisis de violencia en Chiapas

* Acaudalados funcionarios evidencian su colusión con el crimen organizado


* Coordinador de fiscales, director y comandante operativo de PE protagonistas y corruptos


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, julio 2021.- La crisis de violencia que atraviesa Chiapas con focos rojos encendidos tras el arribo de Olaf Gómez a la oficina de la FGE que dejó vacante el anterior fiscal general y en la que se confió la responsabilidad a subalternos que abrieron la puerta a la delincuencia a cambio de acumular riqueza y que hoy ponen en entredicho al gobierno.



Ante los innegables hechos sangrientos que se han vivido, en la oficina del Fiscal no hay argumentos favorables y por el contrario marcadas evidencias de quienes podrían ser los verdaderos operadores de la inseguridad que se vive en Chiapas, no se puede negar que a la llegada de Olaf Gómez Hernández como titular de la FGE el crimen ganó terreno subieron los robos, atracos, feminicidios y ejecuciones que denotan un estado inseguro y carente de justicia que aleja la tranquilidad y la paz social.


Entre los analistas de seguridad en el reparto de responsabilidades y culpas se le debería cuestionar al fiscal general de Chiapas los nombramientos del coordinador de fiscales, del director de la policía especializada y del comandante operativo de la misma corporación, por lo que en el banquillo de los acusados ante una rendición de cuentas negativa deberían estar: Jordán de Jesús Alegría Orantes, Alfonso Enrique Méndez Rojas, José Luis García Zavaleta y Elías Urbina Vázquez.


La FGE no ayuda en nada al gobernador de Chiapas, no hay estrategia contra la violencia, la corrupción de personal de la FGE y la presunción de una negociación que deja que el crimen organizado se posicione, gane espacios y plazas con la consecuente inseguridad y violencia que permite la omisión y la corrupción en el gobierno de la Cuarta Transformación que no tiene visos para pacificar a Chiapas.


Y no es que los anteriores fiscales hayan dejado escuela de su trabajo al frente de la FGE pero el actual ha superado las pifias, ha enrarecido más el ambiente y en lugar de enfrentar la situación se busca esconder los hechos porque ni siquiera hay un modo de aplicar la justicia ante la amenaza del crimen organizado a la estabilidad de Chiapas y la carente coordinación y cooperación entre instancias de los tres órdenes de gobierno.


En el organigrama de la FGE, los cargos que ostentan Jordán de Jesús Alegría Orantes, Alfonso Enrique Méndez Rojas, José Luis García Zavaleta y Elías Urbina Vázquez juegan un papel importante ya sea positivo o negativo para la sociedad y el gobierno, y que estarían implicados en un caso muy sonados que habría sido la puerta de entrada para el eventual pacto entre las autoridades y el CJNG, que fue el robo (no decomiso) de 160 kilos de cocaína en un operativo.


El CJNG condicionó la devolución del alcaloide, con el mismo reclamo el grupo envió amenazas directas a los funcionarios fijando fechas, pero ante la resistencia de restitución del decomiso poco a poco empezaron a caer cuerpos sin vida, la advertencia iba en serio ante el intento de grupos encabezados por funcionarios de querer aplicar la política de “golpear y sobar” al mismo tiempo.


Desde la secretaria de Seguridad de Puebla a cargo de Raciel López Salazar se habría buscado concertar una reunión entre líderes del CJNG y los más altos mandos de la FGE para tratar el tema, el fiscal Gómez Hernández y el coordinador Alegría Orantes no acudieron al encuentro en la CDMX, pero si lo hizo Méndez Rojas, quien tuvo que pedir perdón y pactar la devolución de la droga y con ello ceder concertadamente los espacios y las facilidades para operar en el estado.


Sin embargo, no solo el CJNG sufrió los embates de la ambición de los funcionarios de la FGE, sino también el Cártel de Sinaloa con un decomiso en Tonalá en el que de nueva cuenta fue enviado el director de la Policía Especializada a pedir perdón, pero esta vez el encuentro sería en Sinaloa.


Los compromisos irregulares, la ambición por acumular mayor riqueza de la que ya poseen para hacerse aún más ricos y poderosos, llevó al cuarteto de funcionarios con charola, poder e influencia a toparse con el grupo más sanguinario del país, mismo que no iba a perdonarles la vida por robarles su cocaína y no les quedó más que negociar, pedir perdón y ceder terreno.


La disputa de terreno ya con el CJNG empoderado y protegido por el fiscal chiapaneco, se generaron los roces con uno de los capos del Cártel de Sinaloa que terminó con la ejecución de “El Jr”, Gilberto Rivera Maravilla, hijo del desaparecido narcotraficante, Gilberto Rivera Amarillas, alias “Tío Gil”, quien fuera líder del Cártel de Sinaloa en Chiapas detenido en Guatemala en el 2016 y extraditado a estados Unidos por delitos de narcotráfico.


El Tío Gil, también conocido como “el señor de la frontera sur”, era originario de Sinaloa, México, y al momento de su captura en el aeropuerto de la Aurora en Guatemala viajaría a México con destino final al municipio de Comitán en Chiapas.


De Rivera Amarillas existen publicaciones de la revista Proceso que señalan un amplio historial al margen de la ley en Chiapas, se narró de fuertes vínculos con López Salazar, quien en varias ocasiones tuvo que entrevistarse con él para mediar en relación a problemas directos con otros grupos antagónicos del crimen organizado, que habían llegado a la plaza de Palenque, Pichucalco y Tuxtla Gutiérrez con la intensión de arrebatarle a los sinaloenses las plazas a sangre y fuego.

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