Conagua: Ejércitos de abogados y jueces se apoderan del agua

Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).– La Comisión Nacional del Agua (Conagua) está obligada a otorgar concesiones en cuencas y acuíferos sobreexplotados, por litigaciones de “una industria de abogados“, aseguró Elena Burns Stuck, Subdirectora General de Administración del Agua.

Burns llegó del activismo en Agua para Todos a la Conagua junto con otros funcionarios en octubre de 2020 para realizar una “limpia” en la institución ordenada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador luego del conflicto en una presa de Chihuahua. Lleva años, junto con académicos y ciudadanos, exigiendo una Ley General de Aguas que priorice el derecho al agua por encima de los intereses económicos a diferencia de la Ley Nacional de Aguas (1992). En su ponencia explicó que la Conagua tiene 60 días para investigar, registrar y otorgar concesiones a quien las solicite, lo cual es “imposible” por falta de presupuesto, por lo que se tiene un rezago de 174 mil en proceso. En 75 años, desde la Constitución de 1917 hasta la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, sólo se otorgaron 2 mil concesiones. Pero desde 1992 hasta la fecha, en sólo tres décadas, se han otorgado más de 518 mil concesiones, lo cual genera “mercados de agua” y obstaculiza garantizar el derecho al agua a poblados, dijo la funcionario. Burns planteó que esta sobreconcesión y sobreexplotación se derivó de que el sistema de concesiones avalado por la Ley salinista se impuso a México como condición para la firma del TLCAN y se exigió al país tratar todas las tomas de agua bajo la figura de la concesión y que ésta tuviera que ser objeto de operaciones de compra-venta sin restricción. “La Ley de Aguas Nacionales permitió el otorgamiento de concesiones en orden de solicitud sin visitas de campo para verificar; no da instrumentos para enfrentar el sobre concesionamiento”, expuso. Respecto a las inmobiliarias, la subdirectora de Conagua abundó que en Querétaro, Jalisco, Morelos, Estado de México y Veracruz hay fraccionamientos donde controlar el agua es muy lucrativo. “Estas inmobiliarias obtienen derechos de agua y los registran como servicio bajo las condiciones que ellos determinan”, aseveró. Otro de los puntos de la Ley de Aguas Nacionales que ata de manos a la Conagua es que, dijo Burns, los organismos operadores de las grandes ciudades mandan el agua a quien paga más, lo que provoca que a la industria nunca le falta, sólo paga si rebasa los límites de descargas de aguas residuales y, en contraste, en grandes zonas populares y de clase media se vive casi a diario el tandeo o la compra de la pipa y el garrafón. “Estamos haciendo lo mejor que podemos porque [la Ley de Aguas Nacionales] es como un coche que no funciona, y no funciona porque no fue diseñado para eso, sino para crear mercados del agua y no cumplir con el derecho humano al agua”, sentenció. “Hacemos un gran encargo al Poder Legislativo de ayudarnos [con la Ley General de Aguas]”. Hace unos días el nuevo director de la Conagua, Germán Martínez Santoyo, expuso en una entrevista con La Jornada que antes de crear una Ley General de Aguas se debe revisar y cumplir con la Ley de Aguas Nacionales (1992). Sin embargo, el Senador y presidente de la Comisión de Agricultura, José Narro Céspedes, dijo que esa Ley es la que ha servido “para el atraco” del agua contra pueblos originarios, por lo que es urgente descongelar la iniciativa ciudadana para una Ley que plantea el control al acaparamiento de las grandes concesiones y garantiza un acceso equitativo a este derecho. “Hay dos principales propuestas de Ley en la Cámara de Diputados y en la de Senadores: la presentada por Agua para Todos y 420 investigadores promueve el acceso equitativo al agua, fin a la contaminación y destrucción de cuencas y acuíferos, fin a la impunidad hídrico ambiental y fin a la violencia contra defensores del agua, y atender con prontitud el cambio climático”, planteó.

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