El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha condenado a 30 años de cárcel al exsacerdote Pedro Jiménez Arias por abusar sexualmente de siete menores de entre 11 y 14 años en el seminario menor de la diócesis de Ciudad Real entre 2014 y 2016, según precisa la sentencia publicada este miércoles. El condenado, además, está obligado a hacer frente a una indemnización a los afectados de 53.920 euros, que en el caso de que no pudiera pagar se conmutaría por otros seis años de prisión. Jiménez, de 35 años y oriundo de Membrilla (Ciudad Real), ya fue expulsado el año pasado del estado clerical por el Vaticano después de que la diócesis de Ciudad Real diera a conocer los abusos a la Fiscalía en 2016. Luego abrió un proceso canónico. Es el primer caso en España en el que la Iglesia católica expulsa a un sacerdote por pederastia antes de demostrarse su culpabilidad ante la justicia civil, subraya uno de los abogados de las víctimas.
Los abusos sexuales en la Iglesia española
Los abusos, más de una veintena y continuados en el tiempo, tuvieron lugar en las habitaciones personales de los alumnos, que por entonces cursaban los primeros cursos de Educación Secundaria, en el despacho del condenado y en algunas instalaciones deportivas de la ciudad, como la piscina del polideportivo Puerta de Santa María. El ahora condenado era formador de todos ellos, es decir, su tutor “desde lo académico a lo personal, desde las ocho de la mañana a las once de la noche”, apunta la sentencia.
Jiménez Arias se valía de la confianza que sus pupilos tenían en él para acercarse y realizar tocamientos en sus partes íntimas con “claro ánimo libidinoso”, afirma la resolución, y añade: “Los anteriores hechos estaban dirigidos con claro propósito de obtener la satisfacción sexual del acusado, que se aprovechaba de su condición de formador para ejecutarlos”.
El caso se destapó a comienzos de 2016, cuando el obispado de Ciudad Real inició una investigación interna después de recibir avisos de sospechas contra el sacerdote. “Dos de los menores confesaron a una psicóloga durante un curso escolar afectivo-sexual que habían sufrido tocamientos de Pedro Jiménez. Esta lo comunicó a los responsables del centro y se inició una investigación interna”, cuenta el abogado de tres de las víctimas, Rodrigo García.
Tras encontrar indicios de delito, el por entonces obispo de la diócesis, Antonio Algora, informó a la Fiscalía de la Audiencia Provincial y se lo comunicó a las familias, que iniciaron el proceso civil. Paralelamente, la diócesis abrió una investigación canónica contra el acusado y lo sentenció a cumplir cinco años recluido en un convento con ayuda espiritual y psicológica. Jiménez siempre se ha declarado inocente, y se negó a cumplir la pena eclesiástica porque, según aseguró en declaraciones a los medios, no hubo juicio canónico. “¿Por qué me tengo que ir a un monasterio si digo que soy inocente?”, insistió el pasado mes de enero en las puertas de los juzgados. Su negativa constante a aceptar la reclusión llevó al papa Francisco en 2019 a expulsarle del estado clerical como castigo inapelable.
Problemas psicológicos a causa de las agresiones
Todas las víctimas sufren problemas psicológicos (sintomatología ansiosa, problemas de pareja, baja autoestima) a causa de las agresiones continuadas. Según su abogado, aún no se sienten suficientemente fuertes y preparadas para hablar públicamente de lo sucedido. El proceso judicial no ha sido fácil para ellos, cuenta García. “Tanto los niños como las familias han requerido, aparte de información jurídica, apoyo y atención emocional. Como abogado es una satisfacción profesional y personal haber llegado hasta aquí y que sirva para cerrar este capítulo de sus vidas”, comenta el letrado.
El tribunal también ha impuesto la inhabilitación especial del acusado durante seis años “para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores”, así como una orden de alejamiento de sus víctimas de cinco años.