Delitos patrimoniales, contra la integridad de las personas y sexuales cometidos por integrantes

Hermosillo, Son. Abuso sexual, violación, despojo, robo, violencia familiar, incumplimiento de obligaciones familiares, y lesiones dolosas, son algunos de los delitos que cometen personas servidoras de las iglesias en Sonora.



Sacerdotes, pastores evangélicos, ministros, misioneros y monjas, están entre quienes han sido investigados por delitos diversos, personas cuyos oficios están relacionados con alguna actividad religiosa, incluso desempeñan alguna posición de representación y/o alta jerarquía.


A través de una solicitud de acceso a la información pública, Cimacnoticias pudo identificar en el periodo del año 2010 al 2020 algunos delitos patrimoniales, contra la integridad de las personas, así como delitos sexuales.


En el recuento, se advierten delitos contra el patrimonio como son: nueve casos por daños a la propiedad, tres casos de despojo, un caso de “otros robos” no especificados, y un robo a casa habitación.


En su respuesta, la Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora, registró en el ámbito familiar dos casos de incumplimiento de obligaciones familiares y uno de violencia familiar.


Como delitos contra la seguridad sexual de las personas se investigaron: una violación sexual, seis casos de abuso sexual, dos de “otros delitos sexuales”, sin especificar cuáles son.


En el periodo señalado la Fiscalía (antes procuraduría) investigó también tanto en el sistema tradicional como en el sistema oral: un caso de lesión dolosa y cinco de lesión culposa.


En cuanto al sexo de la o el imputado, sobresale el masculino como perpetrador de los delitos. Por su parte, el sexo femenino solo se presenta en dos ocasiones en el periodo de diez años.


Se observa que en algunos periodos anuales la cantidad es de mayor incidencia como lo es el 2010 con hasta ocho casos, y en 2012 seis imputados varones, mientras que en ese mismo año solo una mujer fue imputada, y posteriormente otra en 2015.


La propia Fiscalía en su respuesta sobre expedientes donde la o el imputado tenga como ocupación algún cargo en asociación religiosa en el estado de Sonora de 2010 al 2020, reportó 22 casos de no ejercicio de la acción penal. Diez personas fueron consignadas y sus casos fueron judicializados, una se encuentra en trámite, y una reservada.


Sentencian a pastores, pero no a sacerdotes católicos


En otra solicitud de acceso a la información pública realizada al Poder Judicial del estado de Sonora, obtuvimos datos sobre sentencias por delitos cometidos por personas ligadas a las diversas religiones.


En su respuesta se advierte que los sacerdotes católicos no han sido sentenciados, al menos en el periodo solicitado del 2010 al 2020.



Se han emitido solo ocho sentencias entre 2014 y 2016, una absolutoria y siete condenatorias. La institución aclaró que tres de éstas son contra la misma persona, un pastor evangélico, por dos casos de abusos deshonestos, y un caso de violación equiparada, dictadas en 2015 en un juzgado de Guaymas.


Otras sentencias son contra otros pastores evangélicos y un ministro de culto, sin especificar de qué religión.


De los once imputados en el periodo solicitado, que desempeñan el cargo de sacerdotes católicos, ninguno ha sido sentenciado. En el sistema tradicional penal se dictaron seis sentencias, de las cuales una es absolutoria.


Pérdida de credibilidad ante cifras: Abogada de víctimas de las iglesias


A pesar de que en la respuesta de la Fiscalía obtenida por Ley de acceso a la información pública no se reporta ninguna persona ligada a las iglesias investigada ni imputada durante el 2020, la “Alianza Jurídica para Víctimas de las Iglesias”, (AJVI) dio a conocer durante su presentación a la sociedad en agosto pasado, que al menos un sacerdote ha sido no solo imputado, sino que tiene girada una orden de restricción para no acercarse a sus víctimas denunciantes.


En esa ocasión mostraron copia del documento que restringe la movilidad del sacerdote para no acercarse ni al domicilio ni a los cuatro integrantes de una familia, a la que agredió cometiendo delitos graves. No solo eso, a pesar de ser delitos graves los que se procesan, se ha intentado resolver por el método de la mediación.


En entrevista con Cimacnoticias una de las víctimas que denunció al sacerdote, aseguró que la Fiscalía ha insistido al menos en cuatro ocasiones en que las víctimas acepten resolver la totalidad de esa controversia a través de la mediación e incluso hacer parecer que son las propias víctimas las que han solicitado esos medios alternativos, cuando en realidad es el párroco imputado el que ha presionado una y otra vez para que el caso no se judicialice.


Un joven profesionista, una mujer de la tercera edad, una mujer en estado de posparto y una menor de una semana de nacida, fueron agredidas por el responsable de la Parroquia del Carmen.


El párroco fue denunciado en 2020 ante el Ministerio Público, fue imputado y existe una orden de restricción contra él por los delitos de amenazas, allanamiento de morada, lesiones, entre otras, que podrían sumar hasta 36 años de prisión, en caso de ser sentenciado condenatoriamente.


La abogada de la AJVI Diana Aracely Coronado Gutiérrez opinó que cuando se ocultan cifras se da lugar a la desconfianza por parte de la ciudadanía. “Me parece delicado no solo porque sí existe una carpeta en 2020, sino además se ha dictado una orden de restricción en contra de un miembro del clero”.


Que no presenten el registro no nos extraña, desafortunadamente conocemos la influencia de la Iglesia católica con nuestras instituciones, lamentó.


Consideró que la omisión no puede ser un descuido, sino intencionado, pues no es un acto aislado, y no es posible que no se hayan dado cuenta, máxime si no es común que se lleve a denuncia a un integrante del clero, analizó.


Coronado Gutiérrez cuestionó ¿qué tan confiable puede ser el sistema de información?, si vemos que durante 2019 y 2020 no se registró ningún delito de integrantes de alguna religión, cuando la misma Iglesia católica ha instalado una comisión para investigar los delitos de sus integrantes.


Con respecto a las cifras consideró muy extraño que fueron disminuyendo los delitos a lo largo de los años, y las sentencias definitivamente reviven la sospecha de que la justicia no llega a los integrantes de la Iglesia católica.


De agosto a la fecha la AJVI ha recibido pedido de apoyo de tres personas que han sufrido violencia de diversos tipos en forma directa y dos que son cercanas a víctimas de algún integrante religioso. Sin embargo, todavía no han entablado ninguna denuncia, pues las personas se han acercado para hablar, pues algunas de ellas han guardado el sufrimiento durante décadas y están en el proceso de decisión.


Algo que llama la atención en las cifras de sentenciados es que ninguna es contra sacerdotes católicos, ni en la ciudad de Hermosillo, dijo. “Si de primera instancia yo me doy cuenta de que es falso que en 2020 no hay carpetas de investigación, pues eso me crea desconfianza”, finalizó.


Con información de: Cimacnoticias

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FSUR

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