Una denuncia contra la secretaria de Bienestar, Adriana Grajales Gómez, permitió constatar que la transparencia es una virtud que no se practica en dicha dependencia.
Ante la acusación de que la funcionaria estatal compró materiales por una cantidad millonaria a una empresa de su propia familia, denominada “Suchiapa”, propiedad de Daniel Grajales, se indagó en torno al Programa de Mejoramiento de Vivienda.
Desde marzo de 2020, ante el pretexto de la pandemia por el COVID-19, la Secretaría de Bienestar ha aplazado la solicitud de acceso a la información pública para conocer la licitación y los testigos de la compra. Hasta la fecha, no ha habido respuesta. Todo lo quiere en lo oscurito, pero ya viene el Sol.
En la página http://www.bienestar.chiapas.gob.mx, del menú con cinco opciones que ofrece, el de licitaciones y convenios están bloqueados, negando la oportunidad de conocer los tratos que ha realizado Adriana Grajales. ¿Quiere que nadie se entere? ¿Quiere que no pase la escobita barredora de la corrupción de AMLO?
Asimismo, de ha venido negando a las entrevistas de los reporteros para no abundar sobre el tema. Ha sido inaccesible para la prensa.
La información sobre el posible acto de corrupción de parte de la funcionaria estatal apunta a que en el marco del Programa de Mejoramiento a la Vivienda, se compraron 3 mil 689 paquetes de láminas a la empresa de su familiar.
El Programa ya se ejecutó, se entregaron en municipios como Aldama (687), en Francisco León (602), en Mitontic (759), en Ocotepec (714), en Santiago El Pinar (411). Se entregaron por paquetes de 10 láminas zintro alum de 2.44 x 0.82 metros, calibre 32.
Este Programa benefició a 3 mil 520 personas de alto y muy alto grado de marginación. No hay problema ahí. El tema son los beneficios que le quedaron a ella.
¿No había, no hay otro proveedor de láminas en Chiapas?
Disraeli E. Ángel Cifuentes
FSUR