El dictamen a favor del desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, señala las debilidades en la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), y exhibe la única evidencia concreta del caso, por la que se aprobó el resolutivo que hoy se votará en el Pleno de la Cámara de Diputados.
Elefante Blanco tuvo acceso al documento de 50 páginas, donde el órgano jurisdiccional determinó que existen pruebas concretas del delito de evasión fiscal equiparada por un monto 6 millones 511 mil 777 pesos. En 2019, el mandatario declaró ingresos por 6 millones 694 pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, la indagatoria por la compra venta del departamento de Bosques de Santa Fe, reveló que Cabeza de Vaca no declaró 36 millones 935 mil 578 pesos que recibió en 2019.
La Procuraduría Fiscal de la Federación determinó que el político panista obtuvo un beneficio indebido al falsear su declaración y no pagar el Impuesto sobre la Renta (ISR). En el proceso de alegatos el abogado defensor, Alonso Aguilar Zinser, intentó responsabilizar de la evasión a Mariana Gómez Leal, esposa del gobernador, pero el argumento no fue admitida. La pena por el ilícito es de tres a nueve años de prisión.
La Fiscalía General de la República imputó al político panista los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la compra y venta del departamento de lujo en el condominio Los Helechos dentro del fraccionamiento Bosques de Santa Fe.
En 2013, Cabeza de Vaca y su esposa Mariana Gómez solicitaron un crédito por 14 millones 300 mil pesos a una Sofom para comprarlo; en ese entonces Cabeza de Vaca era senador y recién había votado a favor de la Reforma Energética. La existencia de la propiedad quedó al descubierto al año siguiente, cuando el matrimonio interpuso un juicio mercantil debido a que les impidieron ingresar al Club de golf que forma parte del residencial.
Durante 5 años los García Gómez pelearon el acceso al centro deportivo, ubicado al pie de su departamento con el número 3B. En 2017, presentaron un amparo directo por actos discriminatorios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El juicio fue resuelto en su contra y no pudieron entrar a jugar golf.
El pleito legal atrajo a los medios y fue una de las razones que obligó a la venta del departamento. La adquisición se realizó en condiciones privadas hasta que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encontró una red financiera sospechosa vinculada a las operaciones hechas entre Francisco García y varias empresas.
El matrimonio García Gómez vendió la propiedad en 42 millones 11 mil 844 pesos a la empresa T Seis Doce, del empresario Juan Francisco Tamez Arellano, en 2019. El pago total, indicó la FGR, fue recibido y 36 millones 679 mil 992 pesos fueron dispersados por el gobernador en 162 transferencias; el 64% fue depositado en la empresa de su familia, Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava.
La indagatoria sobre delincuencia organizada continuó con el hallazgo de una transferencia de 44 millones 875 mil 160 pesos de la compañía Avalúos y Peritajes del Sur a T Seis Doce, en el periodo cercano a la adquisición del departamento. Aunado a eso la UIF identificó que Avalúos también elaboró la valoración del inmueble y tiene características de entidad fantasma, aseguran las pruebas mencionadas en el dictamen.
La UIF y la FGR entregaron documentos sobre la transferencia de 46 millones 300 mil pesos de seis empresas fachada vinculadas con el Cártel de Sinaloa a Avalúos y Peritajes en el mismo año de la compra del departamento. Además, la empresa T Seis Doce tiene el mismo domicilio que Manuel Rodolfo Trillo Hernández, alias la “Trilladora”, quien financió el túnel por donde Joaquín el “Chapo” Guzmán escapó del penal del Altiplano en 2015, de acuerdo con acusaciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Para reforzar la acusación de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la FGR presentó información de una presunta red entre la Secretaría de Obras Públicas del gobierno de Tamaulipas, la compañía Inmobiliaria RC Tamaulipas, propiedad de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, y, una vez más, T Seis Doce.
Entre 2017 y 2019, Inmobiliaria RC Tamaulipas ganó dos contratos en Reynosa para la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres y la Unidad de docencia, por un monto total de 48 millones 600 mil pesos. En 2019, Inmobiliaria RC depositó 33 millones 553 mil 500 pesos a T Seis Doce, quien días después transfirió 33 millones 400 mil 213 pesos a Francisco García Cabeza de Vaca. Este último pago el abogado defensor presentó una carta simple que pretendió acreditar el depósito por la compra de unos predios rústicos.
“Esta Sección Instructora ha determinado, tras analizar y valorar exhaustivamente el conjunto de elementos de convicción aportados para demostrar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que el material probatorio existente permite parcialmente tener por acreditado indiciariamente los elementos que constituyen la materialidad del delito”, consideró el órgano legislativo.
El legislador Pablo Gómez, y las legisladoras Mary Carmen Bernal Martínez y Martha Patricia Ramírez Lucero manifestaron que el conjunto de información de la FGR y la UIF no solventa suficientemente las acusaciones, aunque mencionan que un juez debe ser quien valore los indicios y por eso votaron a favor del desafuero en el dictamen.
Con información de: Animal político
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