Emiten medidas cautelares a 4 mujeres indígenas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares en favor de cuatro mujeres indígenas privadas de la libertad en Chiapas, al advertir violaciones graves a sus derechos, por lo que también decidió atraer la investigación.



El Organismo Federal destacó que las medidas cautelares fueron dirigidas hacia las autoridades estatales, así como a la Fiscalía General y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el propósito de salvaguardar la integridad física y psicológica de cuatro mujeres indígenas que se encuentran recluidas en diferentes centros penitenciarios.


La CNDH informó que luego que el pasado 15 de junio se informara del desmantelamiento de una red de trata de personas; hecho en el que se rescató a 23 niñas, niños y adolescentes y se logró la detención de varias mujeres indígenas, en un análisis preliminar, la institución advirtió que existen violaciones graves a los derechos de las mujeres privadas de su libertad por lo que ejerció su facultad de atracción e inició un expediente de queja para investigar el caso.


Las Medidas Cautelares se emitieron en favor de Juana Montejo González, María Hortensia Gómez Sánchez y Maribel Gómez Santiz, internas en el Centro de Reinserción Social número 14, “El Amate”, así como de Josefa Sánchez Gómez, detenida en el Centro de Reinserción Social número 5, de San Cristóbal de Las Casas.


Por ello, el Organismo solicitó a las autoridades estatales garantizar los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, alimentación, salud, integridad personal y psicológica, seguridad jurídica, debido proceso y presunción de inocencia; así como el respeto de sus especificidades culturales; prohibir su incomunicación, evitar actos de intimidación y tortura, además de que puedan ejercer su derecho a un internamiento en el centro penitenciario más cercano a su domicilio.


Cabe señalar, la Colectiva Cereza exigió la libertad de Hortencia, Maribel, Juanita y Josefa ya que fueron señaladas de integrar una red de trata de personas que según estuvo vinculado a la desaparición del niño Dylan, días después de haber aparecido el pasado 14 de agosto.


La Colectiva mencionó que Josefa se encuentra vinculada a proceso en el Centro de Reinserción para Sentenciados (CERSS) No 5 de San Cristóbal de las Casas, mientras que Hortencia, Maribel y Juanita se mantienen en el CERSS No 14 “El Amate” en Cintalapa de Figueroa.


La Colectiva añadió que las cuatro mujeres fueron acosadas de trata por explotación laboral de niños y niñas; quienes eran sus hijos y mencionaron en entrevistas posteriores que eran de Ixtapa y tuvieron que migrar a San Cristóbal de las Casas y compartir una casa para poder incrementar sus ingresos.


Durante el operativo realizado por la Fiscalía, contra la presunta red de trata, el 17 de julio, no mencionaron que, dos personas más además de las tres mujeres habían sido detenidas. Se trataba de Adelfo Gómez y su esposa Josefa Sánchez; abuelos de los menores.


Además, este caso costó la vida de Adelfo, padre de Hortencia, Maribel y Juanita y esposo de Josefa, quien se suicidó en el CERSS No.5, ya que reos le pedían 50 mil pesos por protección.


Sobre una mesa de madera fue colocado el ataúd con el cuerpo de Adelfo, aun lado, su sombrero color verde olivo, como los que él vendía en las calles de San Cristóbal de Las Casas. Bajo el sombrero se encontraban las actas de nacimiento que demuestran que los 23 niños que presuntamente eran explotados de manera laboral, en realidad son sus nietos y nietas; uno de ellos, su hijo.


El cuerpo de Adelfo presentaba varios moretones en el cuerpo, una herida grande en el cráneo, restos de sangre, y las huellas de un cordón alrededor del cuello. La versión, que dio a conocer la Fiscalía, es que su muerte fue “suicidio por ahorcamiento”


A su vez, Juan Martín Pérez García, Director General de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), informó que el caso de la supuesta “red de trata” es necesario que se atraído por la Fiscalía General de la República por el conflicto de interés que sería llevarlo a nivel local, además, ya se pidió a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emita medidas cautelares para que se salvaguarde la integridad de las mujeres, niños y niñas indígenas.


Enerida Gómez Sánchez, es hija de Josefa Sánchez Gómez y hermana de Juana, Mariana y María Hortensia, pidió la liberación inmediata de sus familiares, así como de sus hijos, hijas, sobrinas y sobrinos que se mantienen a resguardo del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Estatal (DIF).


Por último, los abuelos maternos de cinco de los niños, los señores Roberto Montejo y Guadalupe González, acudieron a las instalaciones del DIF en la capital de Chiapas, llevaron actas de nacimiento para demostrar el parentesco, sin embargo, les dijeron que tenían que hacerse pruebas de ADN.

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