Jessica Molina tenía previsto viajar a Ciudad de México a finales de mes. Entre los días 23 y 27 de noviembre estaban programadas sesiones con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Fiscalía General de la República (FGR) para revisar el expediente de la desaparición de su esposo, Daniel Trejo, capturado por marinos cuando estaba en su domicilio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en marzo de 2018.
Finalmente, la visita no podrá tener lugar. Un funcionario de la CEAV escribió a Molina y al resto de compañeras del colectivo el martes 10 de noviembre explicando que, por la entrada en vigor del decreto que ordena la desaparición de 109 fideicomisos entre los que se encuentra el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a víctimas, no hay dinero disponible para pagar el viaje.
“Las comparecencias que habían agendadas en Fiscalía se podrán llevar a cabo solo en caso de que ustedes vengan con sus propios recursos”, les dijo.
Consciente de que muchas de las afectadas no cuentan con fondos para desplazarse, el funcionario les planteó que trataría de agendar reuniones por videollamada. “No es lo mismo. No vamos a poder seguir la investigación. No podremos ojear la carpeta y cuestionar”, se queja Molina. Su esposo es una de las 47 víctimas de desaparición forzada registradas en Nuevo Laredo entre enero y junio de 2018. La FGR investiga los hechos en 34 carpetas en las que ya han sido señalados nueve integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina.
La suspensión de viajes para revisar expedientes es una de las primeras consecuencias de la extinción del fondo, que tenía un monto de 574 millones 511 mil 883,86 pesos y su objetivo era “brindar los recursos de ayuda y la reparación integral de las víctimas de delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas”. Entre las ayudas: pago de despensas básicas y rentas a víctimas de delito, y apoyo para búsquedas o viajes como el que Molina y sus compañeras tenían previsto en dos semanas.
“Tenemos mucho tiempo esperando, una está ilusionada por poder ver el expediente y lo suspenden. En mi caso, era para ver las copias de la investigación, tengo pidiéndolas desde que desaparecieron a mi hermano.
Ahora que nos aceptan para ir y no hay viáticos”, se queja Fabiola Reyes Lima, hermana de Simeón Reyes Lima, desaparecido y asesinado en mayo de 2018, presuntamente por efectivos de la Marina.
La CEAV confirmó que los fondos de los que disponía el fideicomiso ya han sido traspasados a la Tesorería General, siguiendo la orden firmada el 6 de noviembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Según la institución, el objetivo es seguir dando estos apoyos y, para ello, aseguran que han mantenido reuniones durante toda la semana con representantes de la secretaría de Hacienda. A día de hoy no hay certeza sobre cuándo se podrá retomar el sistema de ayudas económicas a víctimas.
Con información de: Animal político
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