FGE protege a policías secuestradores

¿En qué delitos está incurriendo el licenciado José Alberto López Cortez, fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía Fronterizo Sierra, al negarse a investigar la acusación de Don Felipe Honorio García Gómez, quien acusa a cuatro agentes de la policía ministerial de haberlo privado de su libertad para exigirle 110 mil pesos?



¿Abuso de autoridad o cómplice secundario? ¿O ambos?


El Código Penal de Chiapas, en su Artículo 420, fracción IX, dice que cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos “cuando teniendo conocimiento de cualquier delito, no lo denuncie inmediatamente a la autoridad competente”.


La autoridad competente no era su superior jerárquico, sino él mismo, la propia Fiscalía Fronterizo Sierra; el MP debía agregar la acusación a la carpeta de investigación que estaba iniciando, pues el delito lo habían cometido los cuatro uniformados. A eso fue Don Felipe, a querellarse contra los policías ministeriales y contra el médico Gabriel Utrilla Carreri.


¿O su delito es de cómplice secundario? El Artículo 19 del mismo código señala como “cómplice secundario, al que con posterioridad a la ejecución de un delito, auxilie al autor, propiciando que se evada de la acción de la justicia…”


A ver señores expertos. ¿Se le debe acusar de cómplice secundario o de abuso de autoridad? ¿O de ambos?


¿Qué va hacer la Comisión Estatal de Derechos Humanos al respecto? ¿Ya tiene el expediente la Fiscalía Anticorrupción?



"Al subirme estos policías a la unidad me condujeron a un rancho llamado El Chivo, me bajaron y me presentaron ante el dueño, Gabriel Utrilla Carreri, Ahí dos personas dijeron que sí era la persona que había cambiado un cheque de 110 mil pesos y que no les había dado nada, a lo cual les dije que dijeran la verdad, que yo nunca había cambiado ningún cheque, argumentándoles que en el banco, al cambiar un cheque, piden identificación y más hablando de esa cantidad", acusó Don Felipe, y agregó:



"Al interponer mi querella en la fiscalía pude observar que salían unas personas e identifiqué de inmediato que entre ellos iba uno de los que horas antes me había privado de mi libertad; me acerqué para cerciorarme de que era él y, en efecto, era el mismo sujeto que me había amedrentado; hice del conocimiento de este hecho al licenciado (fiscal del ministerio público) quien, sin tomarle mayor importancia, me dijo que todo es un proceso y debíamos ir por etapas. Mi asombro sería mayor al identificar también la misma camioneta a donde por la fuerza me habían llevado ante la presencia del médico Gabriel Utrilla Carreri y ahí confirmé mis sospechas: los sujetos que me amedrentaron y me agredieron verbal, psicológica y moralmente trabajan ahí mismo donde yo he estado pidiendo justicia".


¿Qué hará la propia Fiscalía General del Estado? ¿Por qué el fiscal del MP se negó a tomar los datos de los agentes policíacos señalados por la víctima? ¿Hasta cuándo las y los chiapanecos dejaremos de sufrir a este tipo de policías pagados por nuestros impuestos?

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