FGR investiga desvío en Sedatu con contrato inventado y firmas falsas durante campaña de 2018

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga un nuevo probable desvío de más de 67 millones en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) ejecutado en plena campaña electoral de 2018. La salida del dinero fue justificada mediante un contrato presuntamente apócrifo y con firmas falsificadas para luego ser enviado una red de empresas irregulares y fantasma.



El pago fue autorizado, según la denuncia penal presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el 27 de abril de 2018 a través de un oficio supuestamente firmado por el entonces Director de Comunicación Social de la referida dependencia, en favor de una empresa con razón social Diario la Verdad. S.A. de C.V.


“Lo anterior resulta injustificado, en virtud de que no se observó la validación de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría por los servicios prestados, ni la dependencia proporcionó los entregables que debió generar la persona moral Diario la Verdad, S.A. de C.V., a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el contrato SEDATU-CS-20-2018” indica la auditoría.


De acuerdo con la indagatoria de la Auditoría y la actual administración de Sedatu, todo el procedimiento fue simulado para justificar la salida de recursos del erario los cuales presuntamente terminaron en compañías ligadas a fraudes como el de La Estafa Maestra.


Por ello el 31 de octubre la ASF presentó formalmente la denuncia penal ante la FGR. Tras unas semanas de análisis el caso fue atraído por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) que ya inició la carpeta de investigación correspondiente.


Se prevé que en las siguientes semanas se cite a declarar a los exfuncionarios involucrados en esta contratación y no se descarta, como hipótesis de investigación, que las firmas de varios de ellos pudieran haber sido falsificadas para autorizar la salida exprés de recursos desde la Oficialía Mayor que dirigía Emilio Zebadúa, en la administración de Rosario Robles.


El propio Zebadúa ya rindió una declaración hace unos meses en la que reconoció haber participado en la autorización de pagos irregulares, y sostuvo que por supuestas instrucciones de Hacienda se desviaron recursos de Sedesol y Sedatu para financiar campañas de imagen y electorales.


De acuerdo a lo señalado en otras denuncias, Zebadúa es el funcionario que presuntamente habría falsificado las firmas de sus colegas para justificar que saliera el dinero.


El 28 de marzo de 2018 la Sedatu firmó el contrato CS-20-.2018 con la empresa Diario La Verdad S.A. de C.V. para la contratación del “Servicio Integral para el Análisis de las Campañas y Estrategias de Comunicación Social de la Secretaría” por el cual, en abril de ese mismo año, se pagaron a la empresa 67 millones 490 mil pesos.


Para verificar las condiciones en que se pagó ese dinero y el sustento para haberlo hecho por la vía de la adjudicación directa, la ASF solicitó en 2019 a la nueva administración de Sedatu la información relacionada con este procedimiento. Pero la respuesta de la dependencia fue que no había prácticamente nada.


“No existe documentación justificativa ni comprobatoria que acredite que había la suficiencia presupuestal para ello. Tampoco información que ampare la investigación de mercado efectuada por la unidad responsable, la requisición de los servicios señalados, o en su caso el dictamen de procedencia a la excepción de la licitación pública (…). En virtud de lo anterior se considera que el procedimiento y ejecución del gasto relacionado con el pago Diario la Verdad es irregular y /o apócrifo”, señala el informe.


De lo que sí hay constancia es de la factura generada por la empresa y de la transferencia realizada. Por este motivo los auditores buscaron a Diario La Verdad para solicitarle información que justifique qué servicio realizó y las condiciones del mismo.


La respuesta de la empresa fue enviar, de manera extemporánea, información incompleta e inconsistente. Por ejemplo, mandó una copia del contrato CS-20-.2018 firmado con Sedatu y el cual debería ser el mismo que encontró la dependencia en sus archivos. Sin embargo, resulta que las firmas eran distintas.


De hecho, denuncian los auditores, existen claras diferencias en las rúbricas que se pretende atribuir al director de comunicación social, al subdirector de información, y a otros funcionarios de la entonces Sedatu que presuntamente intervinieron en la contratación. Las mismas anomalías también se presentan en el anexo de dicho contrato.


Pero además de las irregularidades en los documentos, la ASF señaló que la empresa contratada no probó contar con ninguna infraestructura que le permitiera ejecutar los servicios por los que fue “contratada”. La información que se le requirió tampoco lo comprueba. Lo único que mostró fue un supuesto oficio de entrega-recepción donde las firmas de los funcionarios de la Sedatu también parecen ser falsas.


“En la visita domiciliaria realizada a la persona moral Diario la Verdad, S.A. de C.V., se observó que éste no contó con la capacidad técnica, material, humana y financiera para ejecutar los trabajos contratados por la Sedatu, lo anterior en virtud de que no tiene un domicilio propio, ni personal a su cargo, así como tampoco infraestructura tecnológica”, indica el informe.


Con información de: Animal político

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FSUR

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