Guardia Nacional agredió a migrantes con piedras, toletes y escudos, se extralimitó en sus funciones

Nueve meses después de que la Guardia Nacional lanzara gases lacrimógenos, piedras e hiciera uso de la fuerza para impedir que cientos de migrantes lograran cruzar de Guatemala hacia México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó violaciones a los derechos humanos hacia integrantes de la caravana que ingresó al país en enero.



Cuando ocurrieron los hechos, el gobierno de México defendió la actuación de la Guardia Nacional para impedir el paso de la caravana, descartó algún incidente, que se hayan violado sus derechos o cualquier acto de represión.


Sin embargo, el organismo constató que el 20 y 23 de enero de 2020, personas migrantes que intentaban ingresar al país por los municipios de Suchiate y Frontera Hidalgo, Chiapas, fueron agredidas con piedras, toletes y escudos por personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional.


Por estas agresiones contra los integrantes de la caravana, el organismo emitió una recomendación para el titular de la Secretaría de Seguridad, Alfonso Durazo, así como para el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez.


Solicitó a la Secretaría de Seguridad reparar el daño integral a las víctimas en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).


Las víctimas relataron que al cruzar el cauce del Río Suchiate o al encontrarse caminando en compañía de sus hijos por la carretera federal a Tapachula, elementos del INM y la Guardia Nacional les arrojaron piedras y los golpearon con toletes y escudos para evitar su ingreso a territorio mexicano, luego fueron detenidos y trasladados a una estación migratoria por funcionarios de ambas instituciones.


“Aproximadamente a las 16:00 horas nos encontrábamos en la carretera entre Unión Hidalgo y Tapachula, Chiapas, en compañía de mi hija de 1 año de edad cuando varios elementos de la Guardia Nacional nos encapsularon ya que viajaba con la caravana, fue que empezaron a detenernos, a mí y a mi hija nos rociaron con gas lacrimógeno sin importar que tenía a mi hija en brazos, quien lloró mucho por el ardor que teníamos en la cara y en el cuerpo. Fue que corrí con mi hija y más adelante me detuvieron…”, narra una de las víctimas.


De acuerdo con la Comisión, al permitir que elementos de la Guardia Nacional realizaran funciones de revisión migratoria y detención de personas en contexto de movilidad, el INM vulneró los derechos a la legalidad y seguridad jurídica de cinco niños, tres adolescentes y seis adultos.


El artículo 96 de la Ley de Migración señala que “las autoridades colaborarán con el Instituto para el ejercicio de sus funciones (…) sin que ello implique que puedan realizar de forma independiente funciones de control, verificación y revisión migratoria”. Dicho ordenamiento es exclusivo del INM.


En este sentido, la Guardia Nacional no tienen atribuciones para efectuar la detención de extranjeros aun cuando no cuenten con la documentación para acreditar su estancia legal en México.


El despliegue de los elementos de la Guardia Nacional en el Río Suchiate y en el Puente Fronterizo tenía como finalidad llevar a cabo el acompañamiento, protección y seguridad a los Agentes de Migración, sin embargo, de acuerdo con el organismo, la Guardia se extralimitó en sus acciones.


En la recomendación 50/2020, la CNDH también exhibe la omisión del personal del INM que consintió que servidores públicos de la Guardia Nacional desempeñaran tareas que por mandato de ley no les corresponden.


El INM sostuvo que su personal en todo momento respetó los derechos humanos de los integrantes de la caravana y negó agresiones.


Las personas que presentaron las quejas por violaciones a sus derechos dieron su testimonio, mostraron pruebas de las lesiones que tuvieron, y recabaron notas periodísticas y videos que muestran el uso de la fuerza durante los operativos.


Con información de: Animal político

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FSUR

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