Hace un año cayó Lozoya y ni él está detenido: el caso Odebrecht en México ha sido decepcionante

México, 12 feb (EFE).– La detención en España de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) implicado en la trama de Odebrecht, cumple un año este viernes sin avances públicos del caso, con negociaciones cuestionadas y un polémico uso político.



Lozoya, titular de Pemex en la Presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), llegó extraditado el 17 de julio a México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de recibir 10.5 millones de dólares de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña de Peña Nieto.


El Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió un día después de su arresto en España que en su Gobierno “no hay protección para nadie”.


Pero ha pasado un año sin apenas novedades en la investigación y un silencio que incomoda a la ciudadanía.

Pero la cofundadora de Tojil, organismo que combate la impunidad, ve irregularidades desde la llegada de Lozoya, como el hecho que no se puso a disposición de un Juez y que no se conoce el expediente médico con el que evitó la cárcel.


Además, Medina considera “extremadamente preocupante” la negociación entre Lozoya y la FGR “para hacerlo acreedor de un criterio de oportunidad que terminaría por exonerarlo de todos los cargos en el caso Odebrecht a cambio de información que vincule a otras personas”.


Aunque esta figura ha servido para el caso de Odebrecht en otros países, como Brasil y Perú, la abogada expone que suele reservarse para funcionarios con menor nivel y grado de implicación.


Lozoya también está acusado de la compra por parte de Pemex con un sobreprecio de 500 millones de dólares de una planta inservible de fertilizantes de Agronitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA), compañía de Alonso Ancira, quien está en prisión preventiva tras su extradición de España la semana pasada.


El caso de Ancira también despierta críticas porque acordó con Pemex esta semana pagar 219 millones de dólares como reparación del daño para evadir el juicio por lavado de dinero.


En su búsqueda de protección, Lozoya denunció a Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray por “ordenarle” usar el dinero de Odebrecht para la campaña de 2012 y para sobornar a legisladores del opositor Partido Acción Nacional (PAN) en favor de la Reforma Energética de 2013.


López Obrador ha aprovechado estas denuncias para denostar a opositores señalados y justificar su iniciativa de la Ley de la Industria Eléctrica para revertir la reforma que abrió el sector energético a la inversión privada.


La analista de Impunidad Cero considera cuestionable que el Presidente intervenga en el caso cuando la Fiscalía debe ser un órgano autónomo.


Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, también percibe “lento” el avance del caso y “deficiente” la comunicación social aunque López Obrador pidió “transparentar todo”.


Bohórquez advierte posibles complicaciones porque el Ejecutivo no debería tener acceso a información privilegiada de un proceso en curso ni compartirla por el principio de presunción de inocencia y la supuesta autonomía de la FGR.


Aunque el Presidente considera el caso de emblema de la corrupción del “periodo neoliberal”, Bohórquez no augura un resultado trascendente “si no hay sentencias en firme, si no se recuperan los activos desviados y no se desmantela la red de corrupción que operaba en Pemex”.


Con información de: Sin embargo

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FSUR

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