IMPUNIDAD, RACISMO Y EL ASESINATO DE GIOVANNI LÓPEZ

La muerte de Giovanni fue resultado de 2 problemas que hemos sido incapaces de combatir: una impunidad estructural que acoge a la violencia y el racismo que discrimina a quién es diferente.

Giovanni López era un joven de 30 años que murió tras ser detenido y golpeado por agentes de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos en Jalisco (Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, 2020). La reacción que generó en la opinión pública es completamente comprensible al entender que su muerte fue el resultado de dos problemas estructurales que nos aquejan sistemáticamente y que hemos sido incapaces de combatir como sociedad y Estado. En primer lugar, encontramos una impunidad endémica y estructural que acoge a la violencia, incluyendo aquella que es ejercida por los agentes estatales. En segundo lugar, tenemos al racismo como estructura opresiva que, al conjugarse con la impunidad, resultan en una nocividad reforzada para las personas racializadas.  Algunas personas sostienen que éste es un caso aislado de brutalidad policiaca en México, con lo que se evade su concepción como parte de un problema estructural mucho más grande. Además hay quienes piensan que el racismo que sufrimos en nuestro país no tiene la misma gravedad que el que existe en Estados Unidos. Sin embargo, ambos argumentos resultan simplistas. No dan cuenta de la realidad mexicana en la que las ejecuciones extrajudiciales, la brutalidad policiaca, el racismo, y su intrínseca conexión con el clasismo, son todas causas de la muerte de Giovanni y de los miles de mexicanos que como él pierden la vida a manos de un Estado que ampara estas estructuras. El asesinato de Giovanni no fue un caso aislado: por esa razón miles de mexicanos salieron a manifestarse y a exigir justicia.  La ciudadanía está harta de saber que abusos como éste ocurren de manera cotidiana, al grado en el que genuinamente se ha vuelto un problema estructural y sistémico. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco estableció que la muerte de Giovanni fue una ejecución extrajudicial (Torres, 2020). El término implica una privación arbitraria o deliberada de la vida por parte de agentes del Estado a un ser humano en circunstancias que no corresponden al uso legítimo de la fuerza (Mac-Gregor). Este tipo de ejecuciones ya habían sido señaladas como un problema grave en México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2015 (Redacción, 2015). La gravedad estructural de las ejecuciones extrajudiciales en el país tiene a la impunidad como uno de sus factores principales; ésta perpetúa la violencia, incluyendo la perpetrada por agentes estatales (Oropeza, 2015).  Cuando los ejecutores de la violencia no enfrentan las consecuencias de sus actos se genera la percepción de que dichas conductas son toleradas, lo cual favorece su repetición, menoscaba la confianza de la ciudadanía en la autoridad, y genera una espiral de impunidad. Este ciclo vicioso ocasiona que los ciudadanos no denuncien, fortaleciendo la impunidad y exacerbando el clima de violencia (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015) La impunidad estructural se alimenta, a su vez, de múltiples factores. Para empezar, la atención a las víctimas y a los familiares es inadecuada e insuficiente. Adicionalmente, las autoridades pueden llegar a ejercer violencia contra los familiares de víctimas y miembros de la sociedad civil que denuncian y reclaman verdad y justicia (Oropeza, 2015). Por otro lado, las oficinas responsables de realizar las investigaciones carecen de la capacidad –y a veces también de la voluntad– para recabar evidencia de manera seria y oportuna. De este modo, la falta de debida diligencia ante actos de violencia genera impunidad, y ésta, a su vez, provoca nuevos incidentes de la misma violencia que debía ser eliminada (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015).  La impunidad permea diversas instituciones, desde las policías hasta las procuradurías y las demás instituciones involucradas en la impartición de justicia (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015). Por tanto, requerimos un combate a la impunidad en todos los niveles de gobierno para poder combatir la violencia que nos aqueja, incluyendo los casos de ejecuciones extrajudiciales y brutalidad policiaca.


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