Autoridades registraron 58 CDI por feminicidio en Puebla en 2019, mientras organizaciones de la sociedad civil cuentan 79. La razón: un posible subregistro por no clasificar correctamente los delitos.
Puebla / Dafne García (Lado B).- Gabriela Sánchez fue encontrada sin vida el 5 de mayo de 2019 en la junta auxiliar de San Aparicio, Puebla. Su cuerpo estaba colgado de un árbol y presentaba huellas de violencia; la Fiscalía General del Estado (FGE) decidió registrar el caso como suicidio, pese a que la madre de la víctima señaló a las autoridades los antecedentes de amenazas y violencia física contra su hija por parte de un sujeto con el que Gabriela mantenía una relación.
Sumado a esto, se dio a conocer que una agente del Ministerio Público había acudido con los vecinos de la zona buscando una declaración que afirmara que Gabriela consumía drogas para apoyar su hipotesis del suicidio. A punta de protestas por parte de la familia de la víctima (acompañada por activistas), a lo largo de dos meses, fue que el caso se investigó como feminicidio.
Este tipo de prácticas, en las que un caso que tiene los elementos para ser investigado como feminicidio es clasificado como suicidio, es algo que suelen hacer las Fiscalías en el país para ocultar las cifras de feminicidios, explica en entrevista para LADO B María Salguero, científica de datos y activista.
Asimismo, señala que en contextos de crimen organizado (como Tijuana, Guanajuato e incluso Puebla), si el feminicidio fue cometido por personas que pertenecen a estos grupos, suelen registrarse como homicidios calificados.
Este subregistro, generado por una mala clasificación del delito, obstaculiza que se tengan datos claros de la problemática de la violencia feminicida en el país, lo cual incide, a su vez, en el diseño de las políticas públicas para prevenir el feminicidio, añade Salguero.
Por su parte, la organización Causa en Común dio a conocer en el informe “Sub-registro: Crisis de Denuncia y Manipulación/Ocultamiento de Información” que en la base de datos de víctimas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), de diciembre de 2018 a agosto de 2020, los registros disponibles para el delito de feminicidio presentan irregularidades: número reducido de registro, caídas drásticas en el número de delitos registrados, y números duplicados registrados.
La activista, quien desde 2016 se ha dedicado a mapear los casos de feminicidios que ocurren en el país, se ha dado cuenta de que existe un subregistro de este delito en las bases de datos de las Fiscalías y la del SNSP.
Al checar el número de registros de casos de mujeres que son halladas asesinadas con huellas de violencia sexual, exhibidas en un espacio público, torturadas, o en general, casos que cumplen con alguna de las causales del código penal federal (artículo 325) para ser tipificado como feminicidio, ha encontrado que hay más registros de los que reportan las fuentes oficiales del gobierno.
El estado de Puebla no es ajeno a las anomalías en el registro de delitos por feminicidio. A mediados de agosto, el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) presentó el “Informe de probables feminicidios durante el año 2019”, en el que identificaron 79 casos, pero en el mismo lapso (2019), la FGE y el SNSP sólo registraron 58 CDI, es decir, 21 feminicidios menos.
Por otra parte, en la investigación realizada por Causa en Común se encontró que en Puebla existen números duplicados de registros de feminicidios, es decir, que se registra la misma cantidad de casos en diferentes meses; por ejemplo, en diciembre de 2018 hubo dos reportes de feminicidio, lo mismo en diciembre de 2019, y 3 en abril de 2019 y de 2020.
También se detectó que hubo cinco reportes por feminicidio en septiembre y cinco en octubre de 2019, tres en abril y tres en mayo de 2020.
Este tipo de anomalías, según Causa en Común, podría señalar que las autoridades estatales y federales manipulan u ocultan las cifras.
El suicidio como la salida fácil para la Fiscalía
Cuando ocurre que el feminicidio se registra como suicidio, suele ser la familia quien de inmediato señala que las autoridades están cometiendo un error.
Salguero ejemplifica esto con dos casos ocurridos en el Estado de México. Ambos fueron clasificados como suicidio, sin embargo, una de las familias denunció los detalles del caso en redes sociales, por lo que fue contactada por familiares de la segunda víctima ya que ambas mujeres tenían lesiones similares y habían sido asesinas de la misma manera.
A raíz de eso, las dos familias exigieron a las autoridades abrir las CDI para que se investigaran ambos casos como feminicidios.
El avance del crimen organizado en Puebla tomó fuerza a partir de 2011 con la administración de Rafael Moreno Valle, y con la presencia de integrantes de los Rojos y los Zetas, posteriormente se sumaron los grupos de crimen organizado dedicados al robo de combustible, como documentó esta casa editorial en la investigación “Puebla bajo amenaza”.
Para la activista, estos contextos complejos de crimen organizado provocan una violencia sistémica que apenas se empiezan a visibilizar.
En lugares como Tijuana y Ciudad Juárez, por ejemplo, aunque las mujeres asesinadas tengan huellas de violencia sexual o su cuerpo se encuentre calcinado o descuartizado, y la investigación apunte a que un miembro del crimen organizado fue quien las violentó, las Fiscalías lo registran como un caso de homicidio calificado y no como feminicidio, añade Salguera.
En estados como Guanajuato o Guerrero hay incluso casos en que los feminicidas, sin ser parte del crimen organizado, simulan este tipo de asesinatos para “desviar la atención”. Dado el contexto, la CDI se abre por homicidio calificado sin dudar, menciona la activista.
Para Salguera, estas irregularidades aunadas a la baja capacitación de las autoridades en investigación de delitos con perspectiva de género, ocasionan un subregistro y obstaculizan el acceso a la justicia.
De acuerdo con el informe realizado por Causa en Común, el análisis de la base de datos del SNSP arroja inconsistencias con las cifras en varios estados de la República:
Se encontró un reducido número de feminicidios entre diciembre de 2018 y agosto de 2020 en los estados de Baja California y Tlaxcala (ambos con 4 CDI), Aguascalientes (6), Yucatán y Campeche (9). Destaca que en Querétaro, en ese lapso, se registraron sólo 13 casos, pero organizaciones feministas tenían un conteo de 82 feminicidios.
Reducido número de feminicidios en comparación con el total de asesinatos de mujeres registrados: en Guanajuato hubo 675 registros de asesinatos de mujeres entre diciembre de 2018 y agosto de 2020, de los cuales sólo el cinco por ciento se catalogó como feminicidio, es decir 31, y en Michoacán se catalogó el ocho por ciento, es decir, 28 de 371 casos.
Caídas drásticas en el número de delitos registrados: al comparar los primeros ocho meses del 2019 con los de este año, en las entidades de Aguascalientes, Querétaro y Tlaxcala se redujeron en 50% o más, los feminicidios registrados.
Números duplicados de registros: Hidalgo registró 14 feminicidios de enero a agosto de 2019 y la misma cantidad en 2020 en el mismo lapso. Baja California registró cinco feminicidios en mayo de 2019 y lo mismo en mayo de 2020. En el caso de la Ciudad de México hubo el mismo número de registros de CDI (3) en diciembre de 2018, en enero de 2019 y también en febrero de ese mismo año.
Ante la posibilidad de un subregistro en delitos de alto impacto (particularmente en feminicidios, secuestros, extorsiones y robos) ocasionado no sólo por la falta de denuncias, sino porque, probablemente, autoridades estatales y federales manipulan y ocultan las cifras de incidencia delictiva, Causa en Común recomiendan lo siguiente:
“[Impartir] cursos de capacitación a los servidores públicos encargados de recolectar la estadística de incidencia delictiva [y establecer] mecanismos institucionales de supervisión, detección y sanción para aquellas autoridades que proporcionen información incompleta, manipulada o falsa”.