¿Entienden los procuradores e impartidores de justicia que la “ley del ojo por ojo y vida por vida” es porque ellos no la procuran ni imparten conforme al estado de derecho?
Sí lo entienden, claro que sí lo entienden, si tienen licenciatura, maestrías y, algunos, hasta doctorados, pero la emoción por el dinero los hace olvidarse del Código Penal correspondiente, de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y de la investigación para deslindar responsabilidades.
Si las instituciones no funcionan es por la corrupción de quienes laboran en su interior, por la ambición del dinero.
Entre 80 y cien mil pesos un presunto violador deja en manos de un ministerio público, y le sirve para salir libre un rato, pero sólo para terminar linchado después, por los familiares y amigos de la víctima.
Que me disculpen mis amigos agentes del ministerio público si un día los tengo que exhibir, con nombres y apellidos, y hasta con fotografía si consigo alguna, pero voy a seguir señalándolos, sin ningún tipo de miedo.
Y cuando sea posible también haré que devuelvan el dinero que le recibieron a los delincuentes, pero que a éstos se les aplique la ley.
Esto de devolver el dinero ya ha ocurrido y puede seguir pasando, porque exhibirlos a través de las redes sociales no sirve para que devuelvan la paga mal habida, y denunciarlos ante el Fiscal General de Chiapas tampoco ayuda en nada, porque éste recibe su “parte”, según se puede presumir.
La Fiscalía General del Estado es un asco de corrupción. El Poder Judicial de Chiapas (PJCH) también.