Después de varios días de acusaciones en contra de los dos fiscales de Villaflores, subordinados de Jorge Luis Llaven Abarca, nada se ha dicho de alguna investigación en su contra, de parte de la Fiscalía General del Estado.
Llaven Abarca está protegiendo a sus dos subordinados, para no perjudicar su carrera política rumbo a las elecciones intermedias del 2021, en donde pretende jugársela para un puesto de elección popular por esos rumbos, pues el señor es de Suchiapa, la tierra del cupapé, tiene su corazoncito.
Investigar a esos dos delincuentes de cuello blanco, corbata y Código Penal bajo el brazo, implica la pérdida de por lo menos una decena de votos, pues pasaría a traer a dos familias, a quienes los verían caminar rumbo a un Centro Estatal de Reinserción Social, a donde irían a parar algunos añitos.
Porque los fiscales del ministerio público de Villaflores, Jesús Antonio Castro Jiménez y Wilson Zavaleta Serrano, bien podrían ser acusados por el delito de abuso de autoridad por haber dejado libres a tres presuntos delincuentes, detenidos por ciudadanos y elementos policíacos de Villaflores, Chiapas.
El delito de ABUSO DE AUTORIDAD se da al aprovechar el poder, empleo o el cargo para satisfacer ilegalmente algún interés propio. ¿Cuál fue el interés propio que estos fiscales del MP lograron satisfacer con su actuación?
Dinero. Mucho dinero, de 40 mil pesos o quizá mucho más.
Pero su actuación también encuadra en tres de los delitos comunes que pueden ser cometidos por servidores públicos en contra de la procuración de justicia. Ellos son:
Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebida (con penalidad de tres a ocho años de prisión)
Cuando desechen, retarden o entorpezcan maliciosamente, o por negligencia el despacho de los asuntos de su competencia (con la misma penalidad)
Ordenar ilegalmente la libertad de alguna persona que se encuentra a disposición de otras autoridades o presionar a éstas para que se logre esa libertad (con penalidad de cuatro a diez años de prisión).
Pero también pasaron por encima de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia e incurrieron en violencia institucional.
¿Qué es violencia institucional contra una mujer? Es cuando estos funcionarios discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres […] así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
Un gobierno con perspectiva de género caería en la cuenta que estos dos funcionarios de la Fiscalía General de los Políticos le pusieron precio a la seguridad y la vida de la joven estudiante de medicina de Villaflores, como si se tratara de una res.
Pero el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, en lugar de preocuparse por la seguridad y la vida de la joven estudiante, quien se salvó de puro milagro, se ocupa en buscar cómo desprestigiar a los reporteros que le publican sus verdades, porque se interesa más en su imagen que en la procuración de la justicia, por la que se le paga muy buena lana.
Si esto no era lo que esperabas de la Cuarta Transformación, ni modo, esto nos toca para todo un sexenio.
Disraelí E. Ángel Cifuentes
FSUR
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