Mèxico: Tren Maya debilitará tejido comunitario en Yucatán


El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) denuncia que el proyecto Tren Maya ocasionará  la desruralización y debilitamiento del tejido comunitario y su cultura. El megaproyecto detonará «un fuerte proceso de proletarización de la población rural» dicen Eugenio Fernández y Sergio Madrid, director del CCMSS, en el documento Tren Maya: Nuevo impulso a la desruralización de la Península de Yucatán. Ello se debe a que el modelo que propicia el Tran Maya requiere «de un acceso franco a la tierra y a los bienes naturales» y, de una oferta abundante de mano de obra. Los territorios rurales que hoy están en manos de comunidades campesinas e indígenas que por siglos los han resguardado y manejado, quedaran sin la presencia y custodia de su población originaria. Los campesinos e indígenas que hoy se auto emplean en sus tierras «conformarán una población urbanizada con escasas opciones de reproducir su cultura y tejido comunitario» en la Península de Yucatán, donde el 46.9 por ciento de la población se identifica a sí misma como maya. Esa situación facilitará «la incorporación de las tierras y bienes naturales al desarrollo de actividades extractivistas y al mercado inmobiliario». Con este proyecto el Estado mexicano busca la llegada de grandes inversiones a la región, bajo el supuesto de que el empleo asalariado es la mejor forma de atacar la pobreza y la marginalidad. El porcentaje de población con “empleo asalariado” se incrementaría notablemente, sin embargo, esta apuesta se sustenta en un proceso de desposesión y despojo de las tierras de las comunidades. El modelo del Tren Maya acentuará un modelo que concentra la riqueza y permite a grandes empresas y corporativos de las finanzas, la agroindustria, el turismo y el sector inmobiliario acumular capital y perpetuar su dominio. Expulsión y proletarización de la población rural Si bien el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no ha presentado públicamente un proyecto ejecutivo que aclare el alcance del Tren Maya, por las declaraciones de sus directivos es posible afirmar que es una apuesta por la urbanización de la región sur-sureste, indican el estudio. Erige un desarrollo centrado en la provisión de servicios en los sectores turístico e inmobiliario, y favoreciendo la expansión agroindustrial. Fonatur impulsa un esquema que prioriza lo urbano y omite las realidades y derechos de las comunidades indígenas, distribuidas en más de 1510 localidades de los pueblos maya, tseltal, ch’ol, jakalteko, awuakateko y akateko. Omite reconocer que se trata de un territorio indígena habitado y poseído por pueblos originarios con derecho a la libre determinación, de acuerdo con la Constitución. También ignora su conocimiento ancestral íntimamente ligado al territorio, su identidad cultural y formas de vida, sus sistemas y medios de producción, y su valioso papel en la protección y mantenimiento de la integridad de los territorios comunitarios. Este enfoque deja ver el racismo y clasismo que subyace en el Estado, expresados por el menosprecio a lo indígena y lo campesino. El Proyecto se perfila como una gran inversión enfocada al desarrollo urbano, que generaría una enorme atracción de mano de obra a los polos de desarrollo, mientras se acentúa el abandono de los servicios públicos en zonas rurales y la desatención de las problemáticas en los territorios. «El proyecto efectivamente generará nuevos empleos, y es probable que la población campesina acceda a una parte de ellos, pero en ningún sentido esto tiene posibilidades de mejorar sus condiciones de vida». La estrategia del Estado mexicano para combatir la pobreza a partir de que la población rural se contrate en un empleo asalariado es una falacia; por el contrario, genera una población urbana marginada y excluida con limitaciones para acceder a los bienes naturales, la tierra y las estructuras sociales que otrora gozaba y le sostenían, y dependiente de los vaivenes de la economía y los mercados globales. Este proceso de desruralización impacta negativamente a las comunidades indígenas y campesinas debilitando su gobernanza y capacidad institucional, así como vulnerando sus cimientos para la reproducción de la vida y la protección de los territorios. Expulsión y despojo Para acceder a los terrenos que requiere el proyecto Tren Maya se usarán derechos de vía ya existentes y terrenos federales; pero, además, se incorporarán tierras ejidales mediante un esquema de largo plazo de mercantilización y bursatilización de las tierras, conocido como Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces (FIBRA). En ese esquema, los ejidos aportarían la tierra al Proyecto una vez completado el procedimiento de privatización de la tierra. Fonatur ha presionado de distintas formas a los ejidos para “sumarse” al Proyecto, como en los casos de los ejidos Bacalar, Tulum y Cobá, en Quintana Roo, a los cuales se les ha requerido aportar mil hectáreas a cada uno al proyecto, a cambio de hacerse “socios”. En los tres casos, las autoridades ejidales han expresado que el ejido no está de acuerdo en ceder tales extensiones de sus tierras. En estos casos, Fonatur ha reaccionado con amenazas de “que no hay tren” e incluso con la modificación del trazo del Proyecto. “El patrimonio de gran parte de la población campesina en México se sustenta en la propiedad social de la tierra, con las figuras del ejido y la comunidad agraria. Actualmente, la mitad de la tierra en la Península yace en manos de comunidades que usan sus territorios bajo diferentes arreglos internos, muchos de ellos colectivos. Esa tierra y ese derecho son el resultado de un complejo proceso por el cual la reforma agraria mexicana extendió títulos de propiedad a miles de comunidades, hecho que ha otorgado seguridad para mantener y conservar el patrimonio por generaciones, y que ha salvado a muchas regiones del proceso de reconcentración de la tierra que se registra por toda América Latina. Sin embargo, la propuesta del Fonatur que plantea la aportación de la tierra ejidal a los FIBRA pone en riesgo este enorme valor” explica el documento. Para el CCMSS resulta muy preocupante que la administración actual reproduzca los mismos esquemas de gobiernos anteriores al impulsar a la agroindustria en Campeche y el desarrollo urbano y turístico en Quintana Roo. Ambas experiencias han mostrado que atraer inversiones y crear nuevos empleos puede lograrse, pero no reditúa en mejores condiciones de vida para la población local. Estos casos están plagados de violaciones a los derechos humanos, daños e impunidad ambiental y detrimento de los valores para una convivencia sana. Aun cuando en el discurso se han incorporado conceptos como sustentabilidad e inclusión es difícil encontrar diferencias con los esquemas implementados años atrás. El proyecto consolidaría un modelo extractivista, detonando un proceso de expulsión de las poblaciones rurales de sus territorios, que a la par de facilitarle a los grandes capitales su acceso a la tierra y a los bienes naturales, les provee de mano de obra barata atractiva para emplearse en las nuevas unidades turísticas, inmobiliarias y agroindustriales.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) denuncia que el proyecto Tren Maya ocasionará  la desruralización y debilitamiento del tejido comunitario y su cultura. El megaproyecto detonará «un fuerte proceso de proletarización de la población rural» dicen Eugenio Fernández y Sergio Madrid, director del CCMSS, en el documento Tren Maya: Nuevo impulso a la desruralización de la Península de Yucatán. Ello se debe a que el modelo que propicia el Tran Maya requiere «de un acceso franco a la tierra y a los bienes naturales» y, de una oferta abundante de mano de obra. Los territorios rurales que hoy están en manos de comunidades campesinas e indígenas que por siglos los han resguardado y manejado, quedaran sin la presencia y custodia de su población originaria. Los campesinos e indígenas que hoy se auto emplean en sus tierras «conformarán una población urbanizada con escasas opciones de reproducir su cultura y tejido comunitario» en la Península de Yucatán, donde el 46.9 por ciento de la población se identifica a sí misma como maya. Esa situación facilitará «la incorporación de las tierras y bienes naturales al desarrollo de actividades extractivistas y al mercado inmobiliario». Con este proyecto el Estado mexicano busca la llegada de grandes inversiones a la región, bajo el supuesto de que el empleo asalariado es la mejor forma de atacar la pobreza y la marginalidad. El porcentaje de población con “empleo asalariado” se incrementaría notablemente, sin embargo, esta apuesta se sustenta en un proceso de desposesión y despojo de las tierras de las comunidades. El modelo del Tren Maya acentuará un modelo que concentra la riqueza y permite a grandes empresas y corporativos de las finanzas, la agroindustria, el turismo y el sector inmobiliario acumular capital y perpetuar su dominio. Expulsión y proletarización de la población rural Si bien el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no ha presentado públicamente un proyecto ejecutivo que aclare el alcance del Tren Maya, por las declaraciones de sus directivos es posible afirmar que es una apuesta por la urbanización de la región sur-sureste, indican el estudio. Erige un desarrollo centrado en la provisión de servicios en los sectores turístico e inmobiliario, y favoreciendo la expansión agroindustrial. Fonatur impulsa un esquema que prioriza lo urbano y omite las realidades y derechos de las comunidades indígenas, distribuidas en más de 1510 localidades de los pueblos maya, tseltal, ch’ol, jakalteko, awuakateko y akateko. Omite reconocer que se trata de un territorio indígena habitado y poseído por pueblos originarios con derecho a la libre determinación, de acuerdo con la Constitución. También ignora su conocimiento ancestral íntimamente ligado al territorio, su identidad cultural y formas de vida, sus sistemas y medios de producción, y su valioso papel en la protección y mantenimiento de la integridad de los territorios comunitarios. Este enfoque deja ver el racismo y clasismo que subyace en el Estado, expresados por el menosprecio a lo indígena y lo campesino. El Proyecto se perfila como una gran inversión enfocada al desarrollo urbano, que generaría una enorme atracción de mano de obra a los polos de desarrollo, mientras se acentúa el abandono de los servicios públicos en zonas rurales y la desatención de las problemáticas en los territorios. «El proyecto efectivamente generará nuevos empleos, y es probable que la población campesina acceda a una parte de ellos, pero en ningún sentido esto tiene posibilidades de mejorar sus condiciones de vida». La estrategia del Estado mexicano para combatir la pobreza a partir de que la población rural se contrate en un empleo asalariado es una falacia; por el contrario, genera una población urbana marginada y excluida con limitaciones para acceder a los bienes naturales, la tierra y las estructuras sociales que otrora gozaba y le sostenían, y dependiente de los vaivenes de la economía y los mercados globales. Este proceso de desruralización impacta negativamente a las comunidades indígenas y campesinas debilitando su gobernanza y capacidad institucional, así como vulnerando sus cimientos para la reproducción de la vida y la protección de los territorios. Expulsión y despojo Para acceder a los terrenos que requiere el proyecto Tren Maya se usarán derechos de vía ya existentes y terrenos federales; pero, además, se incorporarán tierras ejidales mediante un esquema de largo plazo de mercantilización y bursatilización de las tierras, conocido como Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces (FIBRA). En ese esquema, los ejidos aportarían la tierra al Proyecto una vez completado el procedimiento de privatización de la tierra. Fonatur ha presionado de distintas formas a los ejidos para “sumarse” al Proyecto, como en los casos de los ejidos Bacalar, Tulum y Cobá, en Quintana Roo, a los cuales se les ha requerido aportar mil hectáreas a cada uno al proyecto, a cambio de hacerse “socios”. En los tres casos, las autoridades ejidales han expresado que el ejido no está de acuerdo en ceder tales extensiones de sus tierras. En estos casos, Fonatur ha reaccionado con amenazas de “que no hay tren” e incluso con la modificación del trazo del Proyecto. “El patrimonio de gran parte de la población campesina en México se sustenta en la propiedad social de la tierra, con las figuras del ejido y la comunidad agraria. Actualmente, la mitad de la tierra en la Península yace en manos de comunidades que usan sus territorios bajo diferentes arreglos internos, muchos de ellos colectivos. Esa tierra y ese derecho son el resultado de un complejo proceso por el cual la reforma agraria mexicana extendió títulos de propiedad a miles de comunidades, hecho que ha otorgado seguridad para mantener y conservar el patrimonio por generaciones, y que ha salvado a muchas regiones del proceso de reconcentración de la tierra que se registra por toda América Latina. Sin embargo, la propuesta del Fonatur que plantea la aportación de la tierra ejidal a los FIBRA pone en riesgo este enorme valor” explica el documento. Para el CCMSS resulta muy preocupante que la administración actual reproduzca los mismos esquemas de gobiernos anteriores al impulsar a la agroindustria en Campeche y el desarrollo urbano y turístico en Quintana Roo. Ambas experiencias han mostrado que atraer inversiones y crear nuevos empleos puede lograrse, pero no reditúa en mejores condiciones de vida para la población local. Estos casos están plagados de violaciones a los derechos humanos, daños e impunidad ambiental y detrimento de los valores para una convivencia sana. Aun cuando en el discurso se han incorporado conceptos como sustentabilidad e inclusión es difícil encontrar diferencias con los esquemas implementados años atrás. El proyecto consolidaría un modelo extractivista, detonando un proceso de expulsión de las poblaciones rurales de sus territorios, que a la par de facilitarle a los grandes capitales su acceso a la tierra y a los bienes naturales, les provee de mano de obra barata atractiva para emplearse en las nuevas unidades turísticas, inmobiliarias y agroindustriales.Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) denuncia que el proyecto Tren Maya ocasionará  la desruralización y debilitamiento del tejido comunitario y su cultura. El megaproyecto detonará «un fuerte proceso de proletarización de la población rural» dicen Eugenio Fernández y Sergio Madrid, director del CCMSS, en el documento Tren Maya: Nuevo impulso a la desruralización de la Península de Yucatán. Ello se debe a que el modelo que propicia el Tran Maya requiere «de un acceso franco a la tierra y a los bienes naturales» y, de una oferta abundante de mano de obra. Los territorios rurales que hoy están en manos de comunidades campesinas e indígenas que por siglos los han resguardado y manejado, quedaran sin la presencia y custodia de su población originaria. Los campesinos e indígenas que hoy se auto emplean en sus tierras «conformarán una población urbanizada con escasas opciones de reproducir su cultura y tejido comunitario» en la Península de Yucatán, donde el 46.9 por ciento de la población se identifica a sí misma como maya. Esa situación facilitará «la incorporación de las tierras y bienes naturales al desarrollo de actividades extractivistas y al mercado inmobiliario». Con este proyecto el Estado mexicano busca la llegada de grandes inversiones a la región, bajo el supuesto de que el empleo asalariado es la mejor forma de atacar la pobreza y la marginalidad. El porcentaje de población con “empleo asalariado” se incrementaría notablemente, sin embargo, esta apuesta se sustenta en un proceso de desposesión y despojo de las tierras de las comunidades. El modelo del Tren Maya acentuará un modelo que concentra la riqueza y permite a grandes empresas y corporativos de las finanzas, la agroindustria, el turismo y el sector inmobiliario acumular capital y perpetuar su dominio. Expulsión y proletarización de la población rural Si bien el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no ha presentado públicamente un proyecto ejecutivo que aclare el alcance del Tren Maya, por las declaraciones de sus directivos es posible afirmar que es una apuesta por la urbanización de la región sur-sureste, indican el estudio. Erige un desarrollo centrado en la provisión de servicios en los sectores turístico e inmobiliario, y favoreciendo la expansión agroindustrial. Fonatur impulsa un esquema que prioriza lo urbano y omite las realidades y derechos de las comunidades indígenas, distribuidas en más de 1510 localidades de los pueblos maya, tseltal, ch’ol, jakalteko, awuakateko y akateko. Omite reconocer que se trata de un territorio indígena habitado y poseído por pueblos originarios con derecho a la libre determinación, de acuerdo con la Constitución. También ignora su conocimiento ancestral íntimamente ligado al territorio, su identidad cultural y formas de vida, sus sistemas y medios de producción, y su valioso papel en la protección y mantenimiento de la integridad de los territorios comunitarios. Este enfoque deja ver el racismo y clasismo que subyace en el Estado, expresados por el menosprecio a lo indígena y lo campesino. El Proyecto se perfila como una gran inversión enfocada al desarrollo urbano, que generaría una enorme atracción de mano de obra a los polos de desarrollo, mientras se acentúa el abandono de los servicios públicos en zonas rurales y la desatención de las problemáticas en los territorios. «El proyecto efectivamente generará nuevos empleos, y es probable que la población campesina acceda a una parte de ellos, pero en ningún sentido esto tiene posibilidades de mejorar sus condiciones de vida». La estrategia del Estado mexicano para combatir la pobreza a partir de que la población rural se contrate en un empleo asalariado es una falacia; por el contrario, genera una población urbana marginada y excluida con limitaciones para acceder a los bienes naturales, la tierra y las estructuras sociales que otrora gozaba y le sostenían, y dependiente de los vaivenes de la economía y los mercados globales. Este proceso de desruralización impacta negativamente a las comunidades indígenas y campesinas debilitando su gobernanza y capacidad institucional, así como vulnerando sus cimientos para la reproducción de la vida y la protección de los territorios. Expulsión y despojo Para acceder a los terrenos que requiere el proyecto Tren Maya se usarán derechos de vía ya existentes y terrenos federales; pero, además, se incorporarán tierras ejidales mediante un esquema de largo plazo de mercantilización y bursatilización de las tierras, conocido como Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces (FIBRA). En ese esquema, los ejidos aportarían la tierra al Proyecto una vez completado el procedimiento de privatización de la tierra. Fonatur ha presionado de distintas formas a los ejidos para “sumarse” al Proyecto, como en los casos de los ejidos Bacalar, Tulum y Cobá, en Quintana Roo, a los cuales se les ha requerido aportar mil hectáreas a cada uno al proyecto, a cambio de hacerse “socios”. En los tres casos, las autoridades ejidales han expresado que el ejido no está de acuerdo en ceder tales extensiones de sus tierras. En estos casos, Fonatur ha reaccionado con amenazas de “que no hay tren” e incluso con la modificación del trazo del Proyecto. “El patrimonio de gran parte de la población campesina en México se sustenta en la propiedad social de la tierra, con las figuras del ejido y la comunidad agraria. Actualmente, la mitad de la tierra en la Península yace en manos de comunidades que usan sus territorios bajo diferentes arreglos internos, muchos de ellos colectivos. Esa tierra y ese derecho son el resultado de un complejo proceso por el cual la reforma agraria mexicana extendió títulos de propiedad a miles de comunidades, hecho que ha otorgado seguridad para mantener y conservar el patrimonio por generaciones, y que ha salvado a muchas regiones del proceso de reconcentración de la tierra que se registra por toda América Latina. Sin embargo, la propuesta del Fonatur que plantea la aportación de la tierra ejidal a los FIBRA pone en riesgo este enorme valor” explica el documento. Para el CCMSS resulta muy preocupante que la administración actual reproduzca los mismos esquemas de gobiernos anteriores al impulsar a la agroindustria en Campeche y el desarrollo urbano y turístico en Quintana Roo. Ambas experiencias han mostrado que atraer inversiones y crear nuevos empleos puede lograrse, pero no reditúa en mejores condiciones de vida para la población local. Estos casos están plagados de violaciones a los derechos humanos, daños e impunidad ambiental y detrimento de los valores para una convivencia sana. Aun cuando en el discurso se han incorporado conceptos como sustentabilidad e inclusión es difícil encontrar diferencias con los esquemas implementados años atrás. El proyecto consolidaría un modelo extractivista, detonando un proceso de expulsión de las poblaciones rurales de sus territorios, que a la par de facilitarle a los grandes capitales su acceso a la tierra y a los bienes naturales, les provee de mano de obra barata atractiva para emplearse en las nuevas unidades turísticas, inmobiliarias y agroindustriales.

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