MUERTE MATERNA AUMENTA 46% POR PANDEMIA, MIENTRAS CAEN A LA MITAD LAS CONSULTAS PRENATALES

Con la pandemia de COVID-19, México retrocedió casi una década en mortalidad materna: comparados los primeros nueve meses de este año con las cifras de 2019, ha aumentado 46% la tasa de fallecimientos de mujeres embarazadas, o que mueren durante y después del parto.


Pero no todas han fallecido por COVID. Solo una de cada cinco puede atribuirse a esta causa, mientras que el resto han sido por las llamadas causas tradicionales de muerte materna, como son la enfermedad hipertensiva o la hemorragia obstétrica, que en México solo se dan entre las mujeres más pobres y sin atención médica oportuna. 


Las muertes registradas por esas últimas dos causas al cierre de 2019 tenían una reducción de 20 y 10%, respectivamente, pero ahora registran aumentos del 29% y el 25%. 


Hay una primera explicación: las consultas para seguimiento prenatal disminuyeron casi la mitad en el sector salud durante el primer semestre de 2020. 


Los datos de la Secretaría de Salud indican que, a principios de octubre, 149 mujeres embarazadas murieron por el virus SARS-CoV-2, pero hay otras 528 que lo hicieron por otras causas e, incluso, se reconocen 27 muertes maternas que, aunque se clasificaron como “probable COVID-19”, no resultaron positivas al virus en las pruebas clínicas, por lo que siguen siendo fallecimientos sin causa específica.


Para David Meléndez, secretario técnico del Comité por una Maternidad Segura, el aumento en las causas tradicionales de muerte materna se explica por las dificultades que las mujeres embarazadas han tenido para acceder a atención médica, tanto para cuidados prenatales como para el parto, ahora que los servicios públicos de salud se han concentrado en atender COVID-19.


“Los servicios de salud se redujeron en muchos lugares y las mujeres ya no van.


Las mujeres embarazadas son las más olvidadas de los olvidados”, considera.


En México, la atención a mujeres embarazadas o en posparto se desplomó tras la declaración de la pandemia. Datos del Sistema de Información de la Secretaría de Salud señalan que el número de consultas prenatales en el sector público se redujo 44% en el primer semestre del año, en comparación con 2019.


Mientras que en el primer semestre de ese año se dieron 4.7 millones de consultas a mujeres embarazadas, para el mismo periodo de 2020 fueron solo 2.6 millones.

Los datos de las consultas registradas antes del arranque de la pandemia en México también reflejan la crisis en la falta de atención. En enero de 2020, los servicios de salud daban 566 mil consultas al mes, pero en abril, cuando ya se había declarado la contingencia sanitaria, solo se notificaron 341 mil.


En todo el país, unos 900 centros de salud fueron reconvertidos para atender solamente casos de COVID-19, y a la falta de opciones de servicios médicos se suma el miedo que provoca ir a un hospital para seguimiento prenatal.


En la zona cafetalera de Chiapas, por ejemplo, hay veces en que las mujeres deben pasar hasta cinco horas en una ambulancia para encontrar un médico que las ayude a parir. Desde marzo, cuando los centros de salud cerraron y los hospitales cercanos se saturaron con pacientes con COVID-19 la situación empeoró, pues resultó más difícil encontrar un especialista o centro médico dispuesto a recibirlas.


De atención prenatal ya ni hablamos, por eso muchas llegan a punto de parir a las casas de salud materna que son atendidas por parteras, quienes tienen que tratar casos graves aunque no siempre cuenten con especialistas o insumos suficientes.


“En los centros de salud la atención está muy rezagada, si antes (de la pandemia) no se hacía ahora menos, las mujeres tienen un desconocimiento total sobre la atención del parto, sobre las complicaciones, llegan con nosotros sin (estudios de) laboratorio, sin ultrasonido, sin nada que nos dé una base para la atención oportuna, sin poder anticiparnos a advertir factores de riesgo”, relata Fabiola Ortiz, quien hasta hace unas semanas trabajaba como partera en la Casa Materna de Jaltenango, en Chiapas.


Los médicos escasean porque muchos prefieren no tratar pacientes por miedo al contagio, los que se quedaron atienden pocas horas a la semana, además se interrumpieron los estudios diagnósticos.


“Las mujeres están abandonadas aún más… el rechazo (en los hospitales) es ahora más frecuente y es más difícil que acepten a una mujer porque tiene que ver con la saturación de los hospitales”, agrega.


Soraya Ortega, su colega en la casa materna, estima que de los 10 centros de salud que se encuentran en las comunidades cercanas a la pequeña clínica, nueve cerraron desde el inicio de la contingencia, lo que no solo deja a las mujeres embarazadas sin atención, sino también a sus hijos recién nacidos a los que no les practican ni el tamiz neonatal para detectar enfermedades oportunamente, ni les aplican las primeras vacunas.


Hilda Argüello, secretaria técnica del Observatorio de Mortalidad Materna, indica que hasta el 35% del personal de salud de Chiapas se dio de baja tras la declaración de la pandemia argumentando ser población de riesgo por edad o por tener padecimientos como obesidad y diabetes.


“Hubo hospitales, por ejemplo, el Hospital de la Mujer, que redujeron su personal en 40% y la federación tuvo que afrontar la contratación de personal para poder cubrirlos, pero obviamente no se pudo cubrir a todos. No es un factor menor que el sistema de salud esté operando con menos personal, es un reto para un sistema de salud bastante deteriorado y con muchas carencias, se han agudizado los contextos desfavorables”, afirma.


Servicios esenciales que fallan


Esta situación también es frecuente en las grandes urbes. A unas semanas de parir, a Paola López le cerraron la clínica del IMSS de Ecatepec en donde daban seguimiento a su embarazo y ya no recibió más consultas ni los estudios de laboratorio faltantes. No volvió a ver al ginecólogo que la atendía y no sabía en dónde iba a nacer su hijo.


Como la fecha del parto era dos días después de que terminara el convenio que suscribieron las autoridades de salud con iniciativa privada, ya no pudo acceder a uno de los hospitales privados en los que durante las primeras semanas de la pandemia se refería a las mujeres embarazadas para que no tuvieran riesgo de contagiarse de COVID-19, por ser atendidas en sector público ahora reconvertido para tratar la epidemia.


Confundida, después de horas de espera en las afueras de su clínica sin recibir información, le avisaron que tenía que parir en el Hospital General de zona, el cual recibía a pacientes de COVID-19, lo que rechazó de inmediato. El problema es que por su colonia no hay ninguna clínica especializada en maternidad y los médicos privados le cobraban hasta 40 mil pesos por el parto, por lo que ella y su esposo decidieron realizar el parto en casa con la asistencia de una partera.


“Esta pandemia nos ha desnudado a muchos de los sistemas de salud respecto a lo mal preparados que estaban, a lo mal financiados”, destaca David Meléndez, secretario técnico del Comité por una Maternidad Segura.


El 20 de julio pasado la Secretaría de Salud emitió los Lineamientos para la prevención y mitigación de COVID-19 en la atención del embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida, en donde establece que los servicios de atención materna son considerados esenciales y no deben suspenderse “debido a que las complicaciones asociadas al embarazo, parto y puerperio son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad de mujeres en edad productiva”.


Para garantizarlo, el documento instruye al primer nivel de atención en salud a priorizar a estas mujeres e incluso atender partos en pacientes de bajo riesgo, pero esto no ha ocurrido.


De acuerdo con la partera Fabiola Ortiz, los centros de salud prefieren referir a las mujeres embarazadas a un hospital argumentando que ahí no cuentan ni con el personal ni los insumos suficientes, y menos si se presenta una emergencia obstétrica.


“Podrían hacerlo y con apoyo de las parteras tradicionales, pero luego a ellas las amenazan con mandarlas a la cárcel si atienden un parto o a las mujeres les dicen que si se atienden con parteras no les van a dar el certificado de nacimiento o no las van a volver a atender. En los centros de salud les da miedo que se complique porque no tienen material, a veces no tienen ni gasas”, indica.


Por su parte, Argüello señala que estos lineamientos federales no se han traducido en planes locales para atender el embarazo y el parto en tiempos de pandemia.


En total, la Secretaría de Salud reporta 6 mil 56 mujeres que han tenido COVID-19 en el embarazo, parto o puerperio, siendo las más afectadas las que cursan el tercer trimestre de gestación, cuando son más vulnerables a enfermedades respiratorias.


Si bien la OMS declaró en agosto pasado que esta población puede tener mayores complicaciones en caso de contraer la infección, la atención médica sí puede hacer una diferencia. Muestra de ello son los resultados del Instituto Nacional de Perinatología, que entre abril y junio detectó que el 27% de sus pacientes eran positivas a COVID y, sin embargo, no tenía una sola muerte materna ni por esta ni por ninguna otra causa. El director médico del Instituto, Manuel Cortés, señaló en un foro organizado por el Fondo de Población de Naciones Unidas que este hospital tenía por política realizar una prueba de COVID-19 a todas las mujeres ingresadas, a diferencia de lo que ocurre en el resto del sector salud.

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