Ale es solo una adolescente, pero usa con naturalidad términos como “revictimizar”, “carpeta de investigación bien integrada” o “plazo legal para presentar pruebas”. La razón es que, apenas a sus 15 años, ya lleva tres en un proceso legal contra su padre adoptivo, al que acusó de abusar sexualmente de ella cuando tenía siete.
Un proceso lleno de obstáculos, donde la audiencia inicial del juicio se pospuso varias veces en el último año y el juez la anuló porque consideró que el acusado no estaba teniendo una defensa adecuada.
Los derechos de un presunto abusador sexual de menores han estado por encima de los derechos de una niña, se quejan Ale y su madre en entrevista virtual desde un lugar que no revelan, porque ante la falta de medidas de restricción al acusado, que las ha agredido y amenazado antes, prefieren ocultarse.
El nombre artístico del presunto abusador es Freddy Potenza, ciudadano argentino residente en México, cantante de tango en lugares como el restaurante La Vid Argentina (de la calle Nuevo León, en la Condesa, en Ciudad de México), e hijo de un reconocido músico de este género.
También ha jugado a su favor su condición de extranjero, o la actuación del Consulado argentino, que ignoró dos citatorios legales para enviar un representante consular a la audiencia inicial, un derecho de cualquier persona de otro país que, al no cumplirse, le sirvió de argumento al indiciado para pedir que se pospusieran las audiencias durante dos meses más.
La Embajada de Argentina en México negó a Animal Político que Freddy sea su “representante cultural”, tenga algún cargo ni influencias, como él ha asegurado ante el juez. Mientras que el Consulado dijo que su labor no es de representación de sus connacionales, sino solo de “mero acompañamiento”, pero que ante la contingencia sanitaria, no están desplazando a sus funcionarios y así se lo hicieron saber al juzgado de Morelos en un oficio (aunque se los pidieron tres veces).
El caso tiene ya casi tres años, porque primero pasó 10 meses en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lugar donde originalmente se presentó la denuncia porque ahí residían Ale y su mamá, y donde ocurrieron algunos de los abusos. Pero después de que la niña, entonces de 12 años, fue revictimizada con entrevistas intimidantes y un trato “sin tacto” —según sus propias palabras— por parte de las personas que le tomaron la declaración, las autoridades decidieron que, aunque sí había elementos de delito, era mejor que el caso se investigara en Morelos porque ahí ocurrió el abuso sexual más grave, en una cabaña de Tepoztlán, y en dónde, además, hubo testigos. Así que trasladaron el caso a Morelos para volver a empezar.
En el vecino estado se abrió la carpeta de investigación JC/1280/19. Pasó casi un año bajo investigación del Ministerio Público. Ahí el trato fue humano, sin revictimización —lo relatan Ale y su mamá—. Una vez integrada la carpeta de investigación, acompañada de dos peritajes (el de la Ciudad de México y el de Morelos) que confirmaron que existen daños por abuso, se citó a la audiencia inicial de imputación en la que, si se encontraban suficientes elementos, se podía dictar prisión preventiva para el acusado por tratarse de un delito grave.
La audiencia se citó para el 25 de marzo de 2020, pero llegó a México la pandemia de COVID-19, se cerró el juzgado y se pospuso la audiencia, con el presunto abusador ya enterado de que había un proceso en su contra.
Pasaron seis meses de suspensión, y cuando la audiencia para formular la imputación se iba a realizar, volvió a aplazarse, esta vez por falta de asistencia legal del Consulado de la República Argentina en México, a la que tienen derecho sus connacionales.
Con información de: Animal político
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