Normalistas y familias indígenas desplazadas son desalojados tras tomar Palacio de Gobierno

Estudiantes de la Normal Rural “Mactumatzá2 y familias desplazadas del Ejido Puebla, Chenalhó, fueron desalojados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) tras mantener retenida por horas la sede del Palacio de Gobierno.



Desde el medio día de este viernes, estudiantes acudieron al primer cuadro de la ciudad en la cual realizaron una protesta frente al Congreso del Estado para luego dirigirse al Palacio de Gobierno, su intención, protestar para la no reducción de su presupuesto como Normal.


Cabe señalar, la mayoría de los estudiantes de dicha institución provienen de municipios alejados de la capital, por lo que, su función es dar cabida a las mujeres y hombres con aspiraciones a ser docentes.


Al respecto, Diego Cadenas, representante legal de las demandas de la Normal y de las familias desplazadas, informó que la exigencia es la desarticulación del grupo armado de corte paramilitar que opera en Chenalhó la ejecución de órdenes de aprehensión contra los homicidas de Don Guadalupe Cruz Hernández, así como la debida integración de las Carpetas de Investigaciones de daños, lesiones y homicidio en grado de tentativa, para así estar en posibilidades de un retorno seguro, con justicia y dignidad.


Cadenas detalló que las y los estudiantes demandan la construcción de su internado, la contratación de trabajadores y el no recorte presupuestal a las normales del país.


Las y los estudiantes se establecieron desde las 3 de la tarde en el Palacio de Gobierno, bloquearon todas las salidas, lo que hizo que la movilización de elementos de la SSyPC comenzara desde las 6 de la tarde.


Tras el bloqueo de la Av. Central de Tuxtla Gutiérrez, los uniformados realizaron un operativo de desalojo con gases lacrimógenos, lo que desprendió un enfrentamiento por alrededor de 10 minutos en el centro de la capital chiapaneca.


Las y los normalistas respondieron con piedras y cohetones, sin embargo, ante el número de elementos y el gas lacrimógeno decidieron dispersarse hacia calles aledañas.


*Como verdaderos delincuentes, sometieron a mujeres embarazadas, adultos mayores, personas diabéticas, hipertensas(todos, sin acceso a sus medicamentos, porque los tenían en sus respectivos domicilios): Secretaria de Gobierno.


Desde el lado gubernamental, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana informó que desde la mañana de este viernes, estudiantes normalistas bloquearon los accesos del recinto gubernamental, dejando encerrados a un centenar de trabajadores, por lo que una comisión de las autoridades estableció diálogo con los inconformes para escuchar sus demandas y no afectar a terceros.


Ante la interrupción del diálogo por parte de los manifestantes, elementos que integran la fuerza interinstitucional de seguridad establecieron los protocolos de desalojo para liberar los accesos y rescatar a las personas retenidas.


Más tarde, la Fiscalia General del Estado inició una carpeta de investigación con motivo de los hechos violentos cometidos por un grupo de jóvenes encapuchados la noche de este viernes en Palacio de Gobierno.


Detalló que un grupo especializado de la Fiscalía de Distrito Metropolitano comenzó las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación haciendo uso de herramientas tecnológicas tendientes a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.


Por último, Ismael Brito Mazariegos, Secretario de Gobierno, catalogó a los estudiantes como “viles delincuentes” en un comunicado oficial del gobierno estatal.


En la misiva, mencionaron que no se someterán a chantajes y que su movilización no tiene sustento, ya que se les ha resuelto hasta en temas deportivos, culturales, de transporte y para sus graduaciones.


Brito Mazariegos justificó la acción ya que por más de 8 horas, estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá mantuvieron retenidos a alrededor de 400 trabajadores de Palacio de Gobierno, así como a quienes se encontraban realizando algún trámite al interior del edificio, a pesar de las múltiples mesas de diálogo que ha generado.


En el comunicado, la Secretaria detalló que respecto al tema de dormitorios y cobertura de pago de honorarios a maestros y personal administrativo, se estableció el compromiso de la construcción de los dormitorios, además de la remodelación de la red hidráulica, eléctrica y de las áreas comunes, compartiendo los recursos entre los dos órdenes de gobierno, por un monto total de 30 millones de pesos.


Ismael Brito puntualizó que respecto a los maestros y personal administrativo que requiere la escuela normal, el primer semestre de este año fue cubierto por economías estatales por un monto de 1.2 millones de pesos, para cubrir las necesidades del plantel; y este semestre se inició la contratación de dicho personal a partir del día 16 de septiembre al 31 de diciembre.


En relación al ejercicio del gasto 2020 de la Escuela Normal Rural «Mactumactzá», la cantidad de los pagos efectuados al mes de octubre de 2020 ascienden a más de 22 millones de pesos con recursos del orden federal y estatal.


Respaldo

Al mismo tiempo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) condenaron tal acción gubernamental y reclamaron al Secretario de Gobierno de actos anticipados de campaña.


“Mientras el Secretario de Gobierno hace campaña anticipada entregando tabletas al por mayor con presupuesto público y al fiscal Llaven Abarca entrega su renuncia para competir por un puesto de elección popular”.


La CNTE mencionó que las demandas sociales van en aumento y la inseguridad pública se agudiza cada vez más, convirtiendo al estado en un verdadero polvorín.


La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de Mexico (FECSM) y el Frente Popular “Ricardo Flores Magón” fueron otros sectores quienes condenaron la acción gubernamental.


¿Por qué fueron desplazadas?


El 27 de mayo de 2016, derivado del desacuerdo por elecciones municipales en el proceso electoral de 2015, más de doscientas personas tuvieron que ser desplazadas del Ejido Puebla de San Pedro Chenalhó, junto con la destrucción y saqueo de 46 familias a la par de dos muertes: uno de ellas, menor de edad.


Las y los desplazados del Ejido Puebla desde ese entonces han exigido una Mesa de Reconciliación que esté encabezada por una persona que conozca la realidad del municipio, y la cultura, hable el idioma, y que de preferencia sea indígena.


Las familias desplazadas se habían mantenido en un campamento en San Cristóbal de las Casas, donde se persistieron alrededor de un año, pero ante la falta de acción por parte del gobierno del estado, ya que no se había investigado a las personas que realizaron el desplazamiento, la aprehensión de las aquellas que perpetraron las muertes y el no retorno a su lugar de origen, decidieron movilizarse.


Con información de: Chiapas paralelo

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FSUR

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