ENTONCES VA A CONTINUAR HOSTIGANDO SEXUALMENTE A OTRAS MUJERES EN ESTE TRIENIO Y EN EL SIGUIENTE, PORQUE PRETENDE REELEGIRSE
Disraeli E. Angel Cifuentes
22/07/2020
¿Cuáles son las consecuencias de la inactividad de la Fiscalía General del Estado, presidida por Jorge Luis Llaven Abarca, en relación a la investigación del caso de Hostigamiento Sexual sobre Wendy Lorena López Góchez (de Protección Civil) y Federica Gómez Díaz (del DIF), dos trabajadoras del ayuntamiento de Pantelhó?
En primer lugar, la impunidad y protección al presunto delincuente le brinda la oportunidad de continuar con su conducta delictiva, hostigando sexualmente a más mujeres bajo sus órdenes en el ayuntamiento. Hay estadísticas donde se señala que más del 99 por ciento de los casos de hostigamiento sexual no son denunciados, y sólo el 0.3 por ciento de víctimas sí presentan su formal querella. Esta es la primera y más inmediata consecuencia: darle patente de corzo para que siga abusando de las trabajadoras del ayuntamiento que preside.
Pero también, la no investigación del caso va a traer como consecuencia que el hostigador sexual no sea destituido del cargo ni tampoco inhabilitado para ocupar el mismo cargo en el futuro, por lo que dentro de un año, Santos López Hernández, ahora conocido como el "Semental de Pantelhó", podría volver a postularse al cargo de presidente municipal o para legislador local o federal y, mediante la compra de votos, permanecer como presidente municipal tres años más o irse como diputado, por el mismo lapso de tiempo, a hacer lo mismo: a ampliar su "harem" personal de mujeres.
El artículo 238 del Código Penal de Chiapas tiene tipificado que “Si el hostigador sexual fuese servidor público y se aprovechare de esta circunstancia, además de las sanciones señaladas (de uno a tres años de prisión) se le destituirá del cargo y se le inhabilitará para ocupar cualquier otro hasta por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta”.
Por ello para el presidente municipal resulta muy importante que continúe pasando el tiempo, lo cual sin duda está negociado con quienes tienen los hilos del poder en Chiapas, a saber: el gobernador Rutilio Escandón Cadenas; su Secretario General de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos y el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca.
Proteger a las mujeres de un depredador sexual debe ser considerado un asunto de interés público e, inclusive y precisamente por ello, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, debiera solicitarle al Congreso del Estado de Chiapas que le inicien un procedimiento de desafuero al edil de Pantelhó, para que el acusado pueda ser investigado, se defienda conforme a derecho pero sin utilizar recursos públicos y se proceda como corresponde.
Fsur
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