Una organización civil demandó a cinco constructoras del Tren Maya por realizar las obras sin contar con todos los permisos ambientales y por daños en miles de hectáreas de selva, así como por la afectación de especies protegidas de fauna, como el jaguar y el puma, y por perjuicios a la cuenca hidrológica de la Península de Yucatán.
La demanda, ya aceptada a trámite desde el 13 de mayo por el juez federal Luis Alberto Ibarra Navarrete, exige a las constructoras el pago de 27 mil millones de dólares en concepto de reparación de todos los daños ecológicos.
Dicha demanda quedó radicada en el expediente 22/2022, en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil, en la Ciudad de México, y fue interpuesta por la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE), en representación de 53 personas y colectivos ecologistas de la zona del sureste de México que pidieron resguardar sus identidades, luego de que denunciaron que fueron objeto de amenazas.
¿Quiénes son los demandados?
Jesús Alberto Guerrero, director de la ONRE, detalló que, en una primera fase, han demandado a cinco constructoras: Grupo México, la compañía española Acciona y tres razones sociales de la constructora ICA.
Aunque Guerrero señaló que, en una próxima fase, la lista de constructoras demandadas podría ascender a 32.
¿Por qué los demandan?
Además de los daños ecológicos ya ocasionados por tala y desmonte, la ONRE también está demandando a estas compañías por la realización de las obras sin tener todos los permisos ambientales, como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), y sin tener tampoco los permisos en materia de “impacto urbano”. La demanda por falta de estudios y permisos se concentra principalmente en las obras de los tramos 4 y 5 del Tren Maya.
“Si el juez da por acreditado que (las empresas) no tienen los permisos, entonces la ley obliga a suspender todos los actos de ese desarrollo. Y la ley dice que ellos (las constructoras) están obligados a reparar el daño, la infraestructura ecológica de los árboles que llegaron a tirar y el agua que llegaron a contaminar”, dijo Guerrero, quien hizo hincapié en que la falta de permisos y de estudios ambientales en un solo tramo de los ocho que tiene la obra a lo largo de mil 500 kilómetros ya sería motivo suficiente para parar la construcción en su totalidad.
“Estamos hablando, de origen, de detener absolutamente toda la obra”, enfatizó el abogado.
Cuestionado acerca de por qué la demanda es en contra de las constructoras y no contra las dependencias de gobierno implicadas en este megaproyecto de infraestructura, como el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) o la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), el integrante de ONRE explicó que, aunque las compañías estén trabajando con la anuencia de las autoridades federales, estas lo están haciendo sin contar con los permisos ambientales que exige la ley, como la MIA en el Tramo 5 del Tren, situación que fue incluso reconocida por la autoridad en la conferencia mañanera del pasado 2 de mayo.
“Vamos sobre los autores materiales directos, sobre quienes están tirando los árboles. Las constructoras son las responsables del ecocidio”, apuntó el abogado.
Por ello, en la demanda de la ONRE también se está solicitando que los contratos asignados a estas cinco constructoras sean considerados como nulos, “pues agreden a las premisas legales de orden público en interés social relacionadas con el cuidado del medio ambiente al no contar con los requisitos y permisos necesarios en la materia, tal y como lo exige el artículo 8 del Código Civil Federal”.
¿Qué les exigen para reparar el daño?
Guerrero explicó en entrevista que, para presentar la demanda ante el juez, la ONRE elaboró un amplio estudio en el que participaron 60 científicos.
En dicho estudio se establece que, entre daños directos a 780 hectáreas de selva y daños indirectos a otras 2 mil 400 hectáreas de selva, la afectación de los ecosistemas donde habitan animales de especies protegidas, como el jaguar y el puma, daños al sistema hídrico subterráneo, daños al arrecife en el Caribe Mexicano, así como los costos de reposición por hectárea de selva afectada, suman hasta el momento un total de 572 mil 174 millones de pesos o 27 mil millones de dólares.
Aquí puedes checar el documento con el desglose que la ONRE calcula por los daños ecológicos.
“Estas cifras no son algo que nos hayamos inventado. Se trata de un estudio muy serio, amplio, y que tiene sustento”, insistió el abogado, quien matizó que, en caso de que el juez sentenciara a favor de la ONRE, ese dinero sería vigilado directamente por el Consejo de la Judicatura con el fin de que, en efecto, fuera aplicado en la reparación del daño ambiental ocasionado por las obras del tren en la selva y en los acuíferos.
“Vamos a pegarle a estas empresas en la cartera. Es una demanda de tú a tú en contra de cinco compañías para dejar muy claro que nadie va a hacer negocio cortando árboles, contaminando el agua ni matando animales, porque se trata de actos ilícitos”, expuso Guerrero.
¿Y el decreto presidencial?
Animal Político también preguntó al abogado de la ONRE si el decreto para obras prioritarias —a partir del cual se busca agilizar construcciones de interés nacional, como el Tren Maya— emitido por la administración de López Obrador no facultaría a las cinco compañías demandadas para construir sin todos los permisos ambientales.
En respuesta, Guerrero dijo que “un decreto no puede estar por encima de las normas ambientales, que son de interés público y de observancia general, ni puede estar por encima de la ciudadanía” y del derecho a un medio ambiente sano.
Otros recursos legales contra el Tren Maya
El pasado 13 de mayo, en un recurso legal distinto, un Tribunal Colegiado confirmó una suspensión provisional que frena las obras del Tramo 5 del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum.
Con esto, el tribunal avaló la resolución de un juzgado que puso en pausa la construcción, luego de considerar que el Tramo 5 no tiene la MIA correspondiente.
Esta suspensión provisional se deriva de un amparo promovido por diversas organizaciones civiles, entre ellas, Defendiendo el Derecho a un Medio Sano (DMAS).
Integrantes de DMAS dijeron a Animal Político que aún falta que el juzgado determine si dará o no una suspensión definitiva. El pasado viernes, la audiencia en la que se definiría esto fue diferida hasta el próximo viernes 27 de mayo.
Con información de: Animal Politico
fsur