ONU-DH pide “revisión” del decreto que amplía las facultades de las Fuerzas Armadas

Gloria Leticia Díaz

ONU-DH pide “revisión” del decreto

Ciudad de México, 13 MAY (apro).-La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) pidió “que se lleve a cabo una revisión” del decreto presidencial, publicado el lunes 11, que amplía las facultades de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, toda vez que “no honra los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir el actuar de todas las corporaciones de seguridad”.

Con un pronunciamiento, la ONU-DH se sumó a la preocupación por la militarización de la seguridad pública del país, expresada por organizaciones no gubernamentales a través del colectivo #SeguridadSinGuerra y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Tras recordar que desde 2006 la estrategia de militarización de la seguridad pública “ha evidenciado su disfuncionalidad para reducir la violencia e incrementado las violaciones a derechos humanos”, el organismo resaltó que el acuerdo presidencial “no contiene información ni disposiciones que permitan evaluar su conformidad con los estándares constitucionales e internacionales en la materia”.

El acuerdo presidencial, resaltó, contraviene la sentencia del Caso Alvarado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, emitida en diciembre de 2018, que está relacionada con la desaparición forzada de tres miembros de la familia Alvarado en Chihuahua, en 2009, a manos de militares.

Dicha sentencia ordenó que las Fuerzas Armadas sean sometidas a una supervisión “por órganos civiles independientes y técnicamente competentes”, cuando realicen tareas de seguridad pública, ordenamiento que se incumple en el acuerdo al dejar la vigilancia a cargo del “órgano interno de control de la dependencia de la Fuerza Armada que corresponda”.

La ONU-DH consideró que lo anterior “resulta insuficiente para garantizar una supervisión efectiva de carácter externo, contradice los elementos de control civil de la seguridad pública establecidos en la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional y no honra los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir el actuar de todas las corporaciones de seguridad, incluyendo las Fuerzas Armadas”.

Ante las inconsistencias, la ONU-DH hizo un llamado “para que se lleve a cabo una revisión del Acuerdo (…) con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos humanos y la seguridad de la población, al tiempo que se fortalezcan las instituciones civiles de seguridad pública en México y se diseñe una ruta de salida que materialice el retiro gradual, ordenado, verificable y con plazos definidos de las Fuerzas Armadas, de tareas que no le son propias”.

Agregó que “es insuficiente” que el acuerdo mencione la participación extraordinaria de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública “sin la información sobre las condiciones, modalidades y análisis que permita concluir que cumple con un principio de necesidad y excepcionalidad de la medida”.

De igual manera, cuestionó que en el documento firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no se considere un “plan de fortalecimiento de las capacidades” de la Guardia Nacional, creada en 2019, aunado a que no establece la subordinación de las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles, sino a “una relación de coordinación entre las autoridades civiles y militares”.

La ONU-DH resaltó que, con el acuerdo presidencial, la ampliación de Fuerzas Armadas para realizar acciones policiales, como “la preservación de indicios y el registro de personas detenidas, así como funciones de apoyo en centros de supervisión y control migratorio”, podría implicar una invasión de competencias de las instituciones policiales, así como “afectar su naturaleza civil y trastocar el debido proceso”.

Sobre la mención del respeto a los derechos humanos incluida en el Acuerdo, consideró “fundamental que las fuerzas militares cumplan con las normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza para oficiales encargados de hacer cumplir la ley”.

El organismo se comprometió a “seguir acompañando las reformas institucionales que México precisa, en estricto apego a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, brindando la asesoría para tal efecto que requieran las autoridades, instituciones y sociedad civil mexicanas”.


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