APUNTES para la historia del periodismo en Chiapas y el uso abusivo de la fuerza pública
Fredy López Arévalo
Comencé a ejercer el periodismo en 1985, cuando en la capital de Chiapas uno se podía topar en la entrada de un cine o en un botanero con un finquero o cacique de pueblo al que un día antes campesinos sin tierra habían invadido.
Escribir sobre ello, darle voz a los indígenas o campesinos precaristas equivalía a estar de un lado de la disputa. Imperdonable inclinarse hacia los desposeídos, darles voz y plasmar en un periódico su testimonio de años y años de despojo, explotación, avasallamiento y vida miserable.
Era exponerse a la ira de finqueros y caciques mestizos y a la represión gubernamental. “Son gajes inherentes al oficio...”, acuñó alguna vez el entonces secretario general del gobierno de Chiapas, Daniel Sarmiento Rojas. Lo declaró después de la represión gubernamental contra maestros que reclamaban independencia sindical.
La represión alcanzó a reporteros y fotógrafos que registraban la manifestación. Gobernaba entonces el general Absalón Castellanos Domínguez, un militar represor al que años después el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) secuestró y sometió a los tribunales rebeldes en algún lugar de la selva.
Absalón Castellanos. Foto: Proceso.
En época, los periodistas locales eran simples portavoces de los poderosos. Muchos lo siguen siendo. Replicaban entonces y lo hacen ahora lo que los poderosos decían de sí mismos y lo siguen haciendo sin el mínimo recato y sin sentido analítico.
La prensa nacional comenzaba a descubrir Chiapas, una tierra ignota a la que rara vez se le prestaba atención. Ahora son las redes sociales el espacio donde se ventilan las denuncias contra el gobierno en turno, los actos de corrupción descarada y cínica, y la represión contra indígenas, campesinos y maestros.
Pero en esos años -como lo fue también con Roberto Albores Guillen y Pablo Salazar Mendiguchia- los campesinos eran cazados como liebres o venaditos salvajes, expuestos como estaban a las balas de los finqueros y sus guardias blancas o a la represión indiscriminada del gobierno, que también respondía con balas, como fiel guardián institucional de la opresión y el despojo siempre que éste estuviera investido del llamado caxlán, hombre blanco o ladino dueño de plantaciones y latifundios, que eran enormes extensiones de tierras que en muchos casos se sobreponían sobre bienes comunales o ejidales que los indios poseían legalmente solo en papeles.
Por eso el rencor contra el llamado obispo rojo, Samuel Ruiz Garcia, quien comenzó a levantar la voz desde el púlpito para defender a los oprimidos. En contrapelo los obispos de Tuxtla Gutierrez y Tapachula justificaban y avalaban la represión gubernamental y el sistema de opresión en que vivían miles de indígenas.
Aún más violento y cruel fue Patrocinio González Blanco Garrido (así le gustaba escribir su nombre, para remarcar el linaje). González Garrido fue un déspota ilustrado. Tenia a las castas de intelectuales y artistas de su lado. Y a uno que otro ‘chupatintas’. Uno de ellos hasta escribió un libro para limpiarle la cara ante el juicio de la historia.
Patrocinio González Blanco Garrido, exgobernador
Pero al igual que su antecesor, González Blanco Garrido eliminó y encarceló a líderes campesinos e indígenas que amenazaban la siempre frágil paz social, no la pax justa. Esa no ha existido jamás en Chiapas.
Y algunos periodistas sufrieron las consecuencias. Fueron ultimados.
Es el caso de Roberto Mancilla y otros dos de Tapachula: uno escribía para Excélsior y el otro para la revista Por Esto!. Yo opté por el autoexilio, y crucé la frontera con Guatemala para asilarme en Costa Rica.
Roberto Mancilla, periodista asesinado. Foto: Chiapas Paralelo.
Patrocinio González Blanco Garrido impuso a sangre y fuego el llamado “Imperio de la Ley”, que era más de lo mismo: acallar la protesta social con la represión indiscriminada de la indiada.
Cientos fueron los lideres indígenas y campesinos y aún mestizos que tuvieron como respuesta una lápida y una cruz. Los más afortunados pagaron con años y años de prisión su osadía de desafiar a finqueros y al propio gobierno.
No ha variado mucho el rol del gobierno de Chiapas de ayer y hoy. Tampoco el rol de la prensa y de algunos ‘tundemaquinas’ que aplauden la represión del gobierno contra los movimientos sociales y la criminalización de la protesta legítima.
Para unos y para otros el llamado Estado de Derecho es la ley del embudo: la legalidad está siempre del lado de quién interpreta la ley y la ejerce.
El uso de la fuerza pública sigue siendo un recurso recurrente frente a la protesta legítima de quienes se inconforman contra el patrón o la administración pública, en cualquiera de sus tres niveles de gobierno.
Rutilio Escandón Cadenas e Ismael Brito Mazariegos hoy, como antes Manuel Velasco Coello y Mario Carlos Culebro Velasco, y así para atrás, con Juan Sabines Gutiérrez (la masacre de Wolonchan), el general Absalón Castellanos Domínguez y Patrocinio González Garrido y su famoso 'imperio de la ley'.
Un ejemplo de ello se vivió en San Cristóbal de Las Casas al final del mandato de Velasco Coello. Primero durante el desalojo violento a una manifestación pacífica de maestros en el kilómetro 46 de la carretera de cuotas San Cristóbal-Chiapa de Corzo.
Tras el operativo de desalojo violento contra los profesores, la policía estatal y municipal de San Cristóbal de Las Casas persiguió a los mentores hasta la explanada de El Carmen.
Padres de familia de las escuelas primarias y preescolares y párvulos que se encontraban en clases padecieron los efectos del llamado gas pimienta que la Sectorial lanzó sobre los maestros. Lo hicieron desde tierra y desde helicópteros que sobrevolaban el área.
Los gases lacrimógenos que lanzaron por tierra y aire ocasionaron la estampida de alumnos de escuelas vecinas al lugar donde se efectuó el operativo. Muchos párvulos fueron obligados a abandonar la escuela en medio del operativo de desalojo.
El responsable directo es Mario Carlos Culebro Velasco y su muy particular visión de lo que es el tan trillado Estado de Derecho. La represión indiscriminada sin ningún protocolo.
Mario Carlos Culebro Velasco. Foto: Proceso.
Y vaya que la ley es clara. Existe un protocolo, que al ser aprobado por el Congreso del estado debiera ser -pero ayer no lo fue- de cumplimiento obligatorio. E
l recién estrenado secretario general del gobierno en Chiapas, Carlos Mario Culebro Velasco, pertenece a la vieja guardia de priistas a la que me refiero.
Lo mismo que su subsecretario Gustavo Mocoso Zenteno. Son de esos políticos y funcionarios públicos chiapanecos que ven en los movimientos de protesta legítimos una amenaza al statu quo y a su propia sobrevivencia como élites políticas en la disputa del poder local.
Confunden el hartazgo de la población contra las obstrucciones carreteras y la presunta exigencia de mano dura. Pertenecen a esa generación de la que hablo al principio.
Ahí han estado siempre, como la mano represora del gobierno en turno.
Pobre Chiapas, donde la ley tiene forma de embudo: lo ancho para las elites, lo angosto para el pueblo que se atreve a ejercer un derecho constitucional, el de la protesta y la manifestación.
Seguimos...
Fredy López Arévalo
Revista Jovel Sclc
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