PRI acusa que gobierno se aprovecha de emergencia para concentrar poder

Ciudad de México, 12 MAY.-El decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación sobre la integración de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional, demuestra que “el gobierno pretende aprovechar esta situación de crisis para concentrar más el poder”, advirtieron en un comunicado el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados.

Agregaron que el decreto genera incertidumbre entre la sociedad, pero también entre los propios militares, porque no es explícito en los alcances que puede tener y porque, además, pone en entredicho el éxito de la estrategia de seguridad de la presente administración.

Los legisladores priistas acusaron que se aprovecha la emergencia de salud que vive el país para emitir un decreto sin justificar la situación extraordinaria que amerite esta incorporación militar en funciones de seguridad pública.

“La reforma constitucional no fue un cheque en blanco para que se use una facultad sin los controles que establece la propia Constitución”, se lee en el documento.

Los legisladores reconocen que el supuesto de llamar a Fuerzas Armadas hasta por cinco años para formar la Guardia Nacional estaba considerado en el esquema transitorio de la reforma aprobada por el Congreso, pero justifican que “el éxito de alcanzar la paz dependía de la administración y estrategia del gobierno”.

En el comunicado, los priistas señalan que “las cifras indican que la estrategia de seguridad no está dando resultados positivos. Con la publicación de este decreto estamos ante un reconocimiento tácito de su fracaso, hasta el momento”.

Agregan que “cuando se trata de garantizar la tranquilidad de las familias mexicanas no debe haber espacio para los golpes entre partidos políticos y menos para la mezquindad”.

Demandaron que se revisen los términos del decreto para garantizar que ninguno de los cinco artículos y dos transitorios sea contrario a la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, con una naturaleza claramente civil.

“No basta con que el decreto presidencial se limite a reproducir dichas palabras, sino que debió incorporar y desarrollar mecanismos jurídicos para garantizar su cumplimiento. En consecuencia, el decreto tendría el riesgo de ser inconstitucional”, advirtieron. La Razón


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