UN VERDADERO COMBATE A LA CORRUPCIÓN SE SUSTENTA CON ACCIONES, NO CON DISCURSOS


A cinco años de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuatro elementos han impedido su funcionamiento: 1) Nombramientos pendientes; 2) Medidas de austeridad que impiden realizar el trabajo de manera eficaz; 3) Descalificaciones públicas sin sustento por parte de los representantes políticos, particularmente del Presidente de la República; y, 4) Nulo compromiso de los titulares de las secretarías dependientes del Ejecutivo y de la Fiscalía General de la República con el Sistema.


El 11 de junio de 2020, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR acusó al SNA de ser un organismo costoso e ineficaz, pues: 1) Antes no se consideraba a la corrupción como ‹‹delito grave››; 2) La intención de quienes participaron en su creación era ‹‹acomodarse en estos organismos››; y, 3) la instalación de las salas regionales especializadas en anticorrupcion del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un gasto innecesario.


Ante estas acusaciones, es necesario señalar:


Gracias al SNA los funcionarios públicos están obligados a realizar declaraciones patrimoniales y de intereses antes de tomar posesión de un cargo. Este logro es resultado de la iniciativa respaldada por más de 630,000 ciudadanas y ciudadanos.

El objetivo del SNA es coordinar los esfuerzos de instituciones que ya existen para erradicar la corrupción en México, no crear nuevos organismos anticorrupción. El presupuesto del SNA apenas representa el 0.11% del presupuesto federal de este año.

Disminuir el financiamiento de las salas especializadas o posponer el nombramiento de sus magistrados, significa disminuir el número de jueces anticorrupción que resolverán faltas administrativas. Sin estos jueces se reducen las posibilidades de castigar a funcionarios, ciudadanos o empresas que hayan dañado el patrimonio público.

La reforma impulsada por la actual administración para incluir dos delitos de corrupción como ‹‹delitos graves››, sólo implica que quien sea acusado de enriquecimiento ilícito o ejercicio abusivo de funciones será detenido antes de que un juez determine si es o no culpable. Esta reforma lesiona el derecho fundamental a la presunción de inocencia y debería ser derogado. Además, debido a la elevada impunidad de nuestro sistema de justicia (99% DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN QUEDAN IMPUNES), elevar el castigo por estos delitos incrementa el costo del soborno a los ciudadanos y vuelve más difícil desmantelar redes de corrupción.

María Amparo Casar, Presidenta Ejecutiva de Mexcanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) destacó: “Para combatir la corrupción no es suficiente un discurso político o enviar personas a la cárcel sin un juicio. Se trata de un problema que se alimenta de la impunidad, de la ineficacia y falta de coordinación en el gobierno. La solución exige el uso eficiente de recursos públicos, la coordinación de todos los sectores del gobierno y el respaldo de los representantes políticos.”


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