Aunque en el Senado es frecuente la indignación por los ataques en contra de las mujeres, incluso llamar a evitar que México se convierta en un “cementerio de mujeres”, como exhortó el coordinador panista, Julen Rementería, en la agenda del pleno del Senado se quedaron pendientes al menos siete instrumentos legales para mejorar su seguridad.
Pese a que estuvieron rodeados de anuncios mediáticos, cierres de filas o fueron producto de foros, seminarios y parlamentos abiertos, los Siete Pendientes que se quedaron en el tintero del Senado son prohibir de manera expresa que los usos y costumbres de los pueblos indígenas incluyan el matrimonio de adultos con niñas menores de edad.
Castigar con hasta 21 años a quien agreda con ácidos o cualquier sustancia química a una persona que haya sido o sea su pareja sexual; encarcelar hasta cinco años a quien acose sexualmente a un persona e inhabilitar a los servidores públicos que acosen a sus subalternas.
Introducir en la ley que la legítima defensa protegerá a la víctima que se haya defendido de su agresor, sin medir consecuencias, como efecto de su estado de miedo provocado por el ataque; establecer en el marco jurídico que deberá considerarse el consentimiento expreso de una mujer o víctima para definir el ataque sexual.
Proteger a las niñas, niños y adolescentes del reclutamiento del crimen organizado y llevar a rango federal la despenalización del aborto, para evitar el Encarcelamiento de mujeres, son los temas pendientes que quedaron en la agenda del pleno del Senado, a pesar que desde septiembre del 2021 y hasta abril del 2022 integrantes de todas las bancadas expresaron su disposición a avanzar en estos temas.
LOS AVANCES
Durante el primer año de trabajo de la LXV Legislatura, que incluye dos periodos ordinarios de sesiones de los plenos de ambas Cámaras: del 1 de septiembre de al 15 de diciembre del 2021 y del 1 de febrero al 30 de abril del 2022, el Poder Legislativo federal hizo varias reformas para adecuar las leyes federales, generales y nacionales a los criterios de lenguaje inclusivo, paridad de género en puestos públicos y enfoque de género en el fomento de: educación, medio ambiente, salud, cultura, deporte, ciencia y tecnología.
Pero además, concretó cinco reformas que buscan mejorar los instrumentos legales para proteger a las mujeres, como un cambio a la Ley General para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a fin de establecer de manera explícita que las mujeres tienen derecho a amamantar a sus hijos en los espacios públicos, sin que sean objeto de discriminación alguna.
Otra más para dejar explícito que las mujeres con discapacidad tienen los mismos derechos laborales y de acceso a todos los servicios públicos, así como ser consideradas a todas las tareas donde ellas consideren pueden desarrollarse.
Y aprobó un paquete de tres reformas para mejorar la alerta de género, la alerta de feminicidio y la debida diligencia ministerial para el caso de las agresiones contra mujeres.
LOS PENDIENTES
Pero a pesar de los avances registrados en el primer año de trabajo de la LXV Legislatura, que se suman a los obtenidos en la LXIV Legislatura para tipificar como delitos la exhibición de imágenes y videos íntimos de una persona o castigar la difusión de imágenes de una mujer asesinada, hay pendientes que los mismos senadores consideraron fundamentales en el mundo que anunciaron la intención de abordarlos.
En el último día de sesiones del Senado, el 27 de abril, la Comisión de Justicia aprobó por unanimidad todo lo referente a los ataques con ácidos, la letítima defensa y el acoso sexual, pero no hubo tiempo para que se analizaran en el pleno.
A propuesta de la priista Sylvana Beltrones, la Comisión de Justicia aprobó incluir en el Código Penal Federal que “se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño, lesión o privación de la vida a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su familia, a sus dependencias, o a los de cualquier persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una agresión.
“Igual presunción corresponde cuando la conducta tuviere lugar en un contexto de violencia de género, que abarque la violencia física, psicológica, sexual o feminicida.
“El daño deberá ser proporcional a las circunstancias de la agresión ilegítima que motive la legítima defensa.
“En los supuestos en que proceda, las personas a cargo de las investigaciones y las personas juzgadoras deberán actuar con perspectiva de género”, dice la reforma al Código Penal Federal.
Añade que “no se considerará exceso en la legítima defensa cuando al momento en que ésta se concretiza concurran circunstancias en las que la persona agredida sufra miedo o terror que afecte su capacidad para determinar el límite adecuado de su respuesta o la racionalidad de los medios empleados”.
Respecto al ataque con sustancias químicas, que reúne iniciativas de todos los grupos parlamentarios, se adiciona al Código Penal Federal que se castigará con cárcel de siete a trece años “a quien por sí o por interpósita persona, cause a otro lesiones, usando para ello cualquier tipo de agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable, álcalis, ácidos y sustancias similares, incluyendo las que necesiten de otro agente para reaccionar, provocando en una mujer un daño o enfermedad incurable”.
Provoque también “la inutilización completa o la pérdida de una extremidad u órgano; cuando quede perjudicada cualquiera función orgánica o se genere alguna discapacidad o deformidad incorregible en la piel”.
Dispone que “la pena prevista en el presente artículo se aumentará en dos terceras partes, cuando exista o haya existido entre el agresor y la víctima una relación de parentesco, sentimental, afectiva, laboral o de confianza”; es decir, que la pena máxima de 13 años de cárcel aumenta a 21 años seis meses.
Y en cuanto al acoso sexual, reformó el Código Penal Federal para establecer que “al que con fines lascivos asedie a persona de cualquier sexo, en espacio público, privado o a través de medios informáticos afectando la integridad, y como resultado de dicho acoso cause intimidación, degradación, o humillación que genere una desventaja, indefensión o riesgo para la víctima, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de quinientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Pero hay también pendientes que se quedaron en intenciones mediáticas y declarativas de los senadores.
El consentimiento expreso se quedó sólo como iniciativa, que no fue presentada oficialmente en el pleno, sino turnada a las comisiones de manera automática, después de realizarse dos foros de discusión, incluso la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, anunció que iba a proponer dispensarle todos los trámites para aprobarla en el pleno, pero no ocurrió.
Desde septiembre del 2021, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Génearo, la morenista Marha Lucía Micher Camarena, anunció que en el Senado iban a trabajar por la despenalización del aborto a nivel federal, luego que la Corte confirmó que las legislaciones que lo penalizan son inconstitucionales; sin embargo, no se pudo concretar esa reforma.
En octubre del 2021, como efecto del caso de una niña que se escapó para no ser obligada a casarse con un adulto, en Guerrero, el senador priista Manuel Añorve presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que los usos y costumbres de los pueblos indígenas no incluyan el matrimonio con niñas y adolescentes.
En esa ocasión, todos los grupos parlamentarios se comprometieron a legislar sobre el tema, pero no lo hicieron; sólo sacaron una propuesta con punto de acuerdo.
Penalizar el uso de los menores de edad por el crimen organizado se quedó en un tema discutido en foros, que produjo una iniciativa, pero no se concretó.
CEMENTERIO
Ayer, cerrado el periodo ordinario de sesiones, el líder de los senadores del PAN, Julen Rementería, instó a no soslayar el problema de la violencia contra las mujeres, porque México no debe ser un cementerio para ellas.
El panista explicó que “la dura y terca realidad es que han sido incapaces de aplicar una estrategia para frenar el crimen. Marzo, el mes de la mujer casualmente fue sumamente violento y, tristemente parece que abril podría ser peor.
Con informaciòn de: Excelsior
fsur