Las oficinas de la Rectoría de la UNICACH se convirtieron en motel durante la pasada administración, encabezada por José Rodolfo Calvo Fonseca, según las declaraciones de Marly Melgar, una ex trabajadora de la institución, quien fuera despedida de forma injustificada a principios de este año.
Lo anterior porque, según la denunciante, el entonces rector de esa casa de estudios ocupaba algunos de dichos espacios como "privados" para mantener relaciones sexuales con trabajadoras que se convirtieron en víctimas pasivas y quienes tuvieron la necesidad de tolerar las exigencias de su jefe jerárquico.
La propia Marly Melgar fue víctima de hostigamientos sexual de parte del ahora ex rector, aprovechándose éste de ser el jefe jerárquico de la víctima, y que ella solicitara un cambio de plaza, convirtiéndola en asistente del máximo mandamás de la rectoría.
El problema fue que la víctima se negó de manera terminante ante las propuestas indecorosas del rector, a las que también se sumó, como hostigador, Ariel Gómez Séptimo, entonces Secretario General de la UNICHACH.
De estas negativas de la trabajadora derivaron sobre ella diversos actos de hostigamiento laboral, como es clásico en la burocracia chiapaneca de la Cuarta Transformación, que incluyó una tentativa de despido injustificado, cambiarla a trabajar en un pasillo sin un lugar dónde sentarse, cambios de adscripción para enviarla fuera de la ciudad y, finalmente, un despido injustificado, vigente al cierre de esta edición.
Sin embargo, señala la fuente, otras trabajadoras sí se vieron en la necesidad de acceder, en las propias oficinas de rectoría, a las propuestas indecorosas del ahora ex rector, mientras que unas más optaron por la negativa, con las mismas consecuencias, las del hostigamiento laboral, quienes podrían hacer pública su inconformidad en los próximos días.
Ahora Rodolfo Calvo Fonseca y Ariel Gómez Séptimo enfrentan sendas querellas por el delito de hostigamiento sexual y laboral que la Fiscalía General del Estado atiende a través de la integración de las respectivas Carpetas de Investigación.
Sólo se le pide a Olaf Gómez Hernández, fiscal general del estado, y Juan Óscar Trinidad Palacios, presidente del poder judicial chiapaneco, no proteger con el manto de la impunidad a estos poderosos políticos quienes aprovechan los cargos que desempeñan para conseguir favores sexuales de sus subordinadas, porque eso es un delito y atenta contra la dignidad de las trabadoras: son víctimas de violencia de género.
En EnfoqueF estaremos para apoyar a todas esas víctimas en el celular 9631371713