María de Jesús Soria Aguado, de 50 años, perdió todo cuando su hijo Iván Yan Carlos Ibarias desapareció en 2016. El 9 de septiembre de aquel año, hombres armados lo sacaron por la fuerza de su casa en Tejerías, Veracruz. Nunca han vuelto a saber de él. “Me convertí en desplazada. Los mismos ministeriales me dijeron que desocupase mi casa cuando puse la denuncia”, explica. En ese momento, Soria Aguado vivía de la tienda de abarrotes ubicada en su misma vivienda. De repente había perdido a su hijo, su casa y no tenía de dónde ganar dinero.
Explica que durante tres años se las arregló para sobrevivir hasta que fue reconocida como víctima de delito por la Comisión Nacional de Atención a Víctimas (CEAV). Esto le permitió acceder a las ayudas dispuestas en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Se trata de un fideicomiso con un monto de 574 millones 511 mil 883,86 pesos y su objetivo es “brindar los recursos de ayuda y la reparación integral de las víctimas de delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas”.
En el caso de Soria Aguado esto significa poder recibir los 6 mil 600 pesos que paga de renta. Y, además, un extra como despensa. Con 50 años, quedó a cargo de una hija y varios nietos. Desde la desaparición de su hijo buena parte de su tiempo está dedicado a la búsqueda. Durante los últimos cuatro años se ha recorrido media República con una pala y muchas compañeras en su misma situación: Guerrero, Morelos, Veracruz, han sido estados que ha visitado con el único objetivo de encontrar a su hijo.
Soria Aguado es una de las familiares que se encuentran en plantón frente a la Cámara de Diputados. Protestan por el anuncio de la bancada mayoritaria de Morena de extinguir 109 fideicomisos y poner sus 68 mmdp en manos de la Tesorería de la Federación, es decir, de la secretaría de Hacienda. Entre los fondos hay destinados a cine, desastres naturales, deporte y ciencia. También, y eso es lo que importa a este grupo de descontentas, a la atención a víctimas.
Su caso no es el único. Entre sus compañeras se encuentran, por ejemplo, Yoltzi Martínez, quien busca a su hermana Yaltzi, desaparecida en Acapulco, Guerrero, en 2010. Aquí el apoyo va para su sobrina, de diez años, quien está a cargo de su abuela paterna después de que su papá fuese asesinado. O Patricia Aradi Castañeda Salazar, de Xicotepec de Juárez, Puebla, que desde 2016 busca a su hijo Aurelio Alfaro Solís. La familia pagó millón y medio de pesos como rescate, pero el joven, de 20 años, nunca regresó. Vendieron la casa para seguir con las búsquedas y ahora dependen de la ayuda de Ceav para pagar la renta. Por eso les preocupa qué ocurra ahora con el fideicomiso, porque es un apoyo que les sirve para sostenerse.
La iniciativa de Morena para la extinción de los fideicomisos fue justificada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como una forma de lucha contra la corrupción. Aseguró el mandatario que la centralización de los fondos evitará los intermediarios. Sin embargo, los colectivos temen que cuando el dinero esté bajo un único mando acabe por no destinarse al propósito para el que estaba pensado. En este caso, la atención a víctimas.
Según dijo Mario Delgado, jefe de la bancada de Morena, Hacienda se encargará de determinar cuáles de estos fondos seguirán manteniendo su propósito inicial y cuáles se disolverán y pasarán al presupuesto para reforzar el sector salud ante la pandemia de Covid19 y para comprar vacunas.