La Auditoría Superior de la Federación (ASF) no ha presentado denuncias por 60 dictámenes técnicos que alcanzan un monto de mil millones de pesos por posibles irregularidades, debido a cambios administrativo en su reglamento que impulsó el auditor David Colmenares para tener control directo sobre este tipo de gestiones.
Así lo advirtió Gerardo Lozano, auditor Especial de Cumplimiento Financiero, en un oficio entregado a la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, y a su presidente, Pablo Angulo, para solicitarles que revisen dichas modificaciones que dejan la responsabilidad de denunciar sólo al área de Auditoría Especial de Seguimiento, lo cual, dice, es “un gravísimo error que puede abrir un espacio de opacidad y arbitrariedad que debilita a la única institución en México que puede dar un combate frontal a la corrupción e impunidad”.
La Auditoría respondió a Animal Político que la modificación al reglamento está “apegada a derecho”, toda vez que el organismo tiene ‘autonomía de gestión’ y estos cambios “tienen una lógica técnica y jurídica” para redistribuir facultades y hacer más eficiente a la institución, afirmó.
Sin embargo, la administración de Colmenares ha disminuido el número de denuncias por posibles delitos cometidos por funcionarios públicos en un 70%. De 2018 –cuando asumió la titularidad– a noviembre de 2021, la ASF interpuso 182 denuncias penales. En contraste, en los cuatro años previos, en la administración de Juan Manuel Portal, hubo 592 denuncias.
El descenso en las denuncias, según explicaron autoridades de la ASF, tenía como objetivo presentar menos casos, pero más sólidos y con mayor probabilidad de éxito, pues las autoridades judiciales reclamaban que las querellas no estaban bien sustentadas y por eso no avanzaban.
Pero aún con al cambio de estrategia, el resultado es el mismo. Aunque áreas como la Subprocuraduría Especializada en investigación de Delitos Federales o la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción han iniciado carpetas de investigación de las denuncias, ninguna ha avanzado lo suficiente para llegar a juicios y, por lo tanto, no ha habido condenas ni reparación de daño, de acuerdo con lo reportado por autoridades ministeriales a este medio.
En tanto, el cambio en el reglamento está significando un freno a las denuncias, agregó Lozano en su escrito, pues desde julio de 2020, su área concluyó los 60 dictámenes técnicos, de los cuales 10 ya cuentan con alguna revisión en la Unidad de Asuntos Jurídicos, pero hasta el momento siguen en espera de que la Auditoría Especial de Seguimiento revise la información, y no han sido denunciadas ante la Fiscalía.
Aunque los cambios al reglamento ocurrieron durante el periodo en que no había diputados en activo, pese a que la Auditoría es un órgano técnico que depende del Legislativo, la ASF respondió que no tienen la obligación de consultarles, debido a la ‘autonomía de gestión’ y sólo “se les hace de su conocimiento, pero es un mero trámite”, por lo que no es necesario su opinión.
Los cambios
El nuevo reglamento derogó la fracción XXXIV del artículo 12 que facultaba a todas las Direcciones Generales de las áreas auditoras a presentar las denuncias penales que procedan por las irregularidades detectadas y coadyuvar en los procesos penales. Ahora, se otorga esta facultad de forma exclusiva a la Auditoría Especial de Seguimiento, que depende directamente del auditor Colmenares.
Dicha área es encabezada por Nemesio Ibáñez Aguirre desde mayo pasado, quien ha trabajado con el auditor Colmenares desde 1986, cuando este fue Secretario de Finanzas del Gobierno de Oaxaca e Ibáñez su subordinado como subsecretario de Ingresos, durante el gobierno de Heladio Ramírez. Además, también trabajó desde 2008 en el despacho Colmenares Páramo y Asociados, de acuerdo con sus currículums.
La Auditoría Especial de Seguimiento fue una creación justamente de Colmenares a su llegada a la Auditoría Superior de la Federación para concentrar la responsabilidad de las solventaciones, es decir, el procedimiento que borra las irregularidades señaladas en las auditorías a las instituciones del gobierno federal cuando éstas presentan las pruebas que descartan los señalamientos.
De hecho, explica Lozano en el oficio fechado el 3 de noviembre, que las irregularidades halladas en dos dictámenes técnicos que debieron ser parte de denuncias penales fueron solventadas sin que estuvieran “debidamente fundados y motivados”, aunque en el documento no detalla los casos a los que se refiere.