La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retomó el análisis de la controversia constitucional 121/2012 promovida por el Estado de Oaxaca, es así como con nueve votos a favor, el Pleno determinó que la línea limítrofe que debe regir entre dicha entidad y Chiapas partirá de sur a norte e iniciará en la Barra de Tonalá a los 16 grados de latitud norte, en dirección noroeste hasta los cerros Chilillo, La Jineta y Los Martínez.
Para llegar a dicha conclusión, la SCJN se basó en una prueba pericial en geografía y cartografía, esto les permitió comprender y obtener una conclusión respecto a los puntos limítrofes que rigieron desde 1549 a la Nueva España y la Capitanía General de Guatemala y que hoy integran la frontera entre Oaxaca y Chiapas.
En relación al polígono del municipio de Belisario Domínguez, el Pleno advirtió que éste fue creado en un espacio geográfico que no corresponde a la entidad. Por ello, determinó que los Congresos de ambos estados, dentro de los 30 meses contados a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia, deberán realizar las modificaciones pertinentes a sus Constituciones y leyes respectivas, a efecto de incorporar los puntos limítrofes de la frontera, reconocidos en la sentencia.
Al mismo tiempo, ordenó al estado de Chiapas realizar las adecuaciones en su Constitución y en el resto de su marco normativo, a fin de que modifique los límites del municipio, de manera que sean congruentes con la línea limítrofe fijada.
Respecto a la decisión de la SCJN, la Secretaría General de Gobierno de Chiapas consideró desfavorable el fallo, pues es necesario puntualizar que el conflicto limítrofe inició en 2011, acciones realizas por administraciones del pasado, quienes tuvieron a su cargo la responsabilidad exclusiva de defender el caso a nivel judicial.
La presente administración asumió el tema en una etapa final, sin posibilidad de variar los argumentos ni ofrecer pruebas adicionales, en virtud que las reglas de la Controversia Constitucional establecen plazos fatales que concluyeron desde 2017.
El actual Gobierno informó que seguirá pugnando con su similar para que, sin contravenir la decisión del Alto Tribunal, la vida cotidiana y los derechos de los habitantes de la región no se vean afectados, y así construir con el apoyo de la Federación un convenio marco de convivencia armoniosa para la zona limítrofe. Por último, los comisariados ejidales de Pilar Espinosa, Rodulfo Figueroa y Cal y Mayor, estuvieron presentes en el seguimiento a las transmisiones en vivo de las sesiones de la Suprema Corte, realizadas en las instalaciones de la Secretaría General de Gobierno con la presencia de la titular, funcionarios y asesores del tema.