La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), con el apoyo de varias organizaciones llevaron a cabo una Misión Virtual de Seguimiento en atención a las limitaciones derivadas de la pandemia por COVID-19, entre el 4 y 11 de febrero de 2021.
De acuerdo con diversas investigaciones e informes, las organizaciones acentuaron que el fenómeno histórico del desplazamiento forzado en Chiapas se ha intensificado en estos últimos años.
Mencionaron que a raíz del primer ataque de un grupo civil armado a las comunidades ubicadas en Chalchihuitán en 2017, escaló la violencia y se desplazaron alrededor de 5 mil personas -representan más de un 30% de la población total del municipio-, incluyendo niñas, niños, mujeres embarazadas, ancianas y ancianos, quienes requerían de ayuda médica de urgencia y atención especializada.
El abandono institucional, con el Estado mexicano omitiendo, o incluso siendo cómplice (sobre todo en el caso de las autoridades locales), su obligación de proteger y garantizar los derechos de las personas desplazadas generó una crisis humanitaria, expusieron las organizaciones.
Agregaron que, a más de tres años, la situación se ha extendido en la región, con grupos armados de corte paramilitar o pertenecientes al crimen organizado, quienes realizan ataques en los que usan armas de fuego de alto calibre, amenazan, intimidan, y torturan a las comunidades.
En el caso del municipio de Aldama, donde viven varias comunidades integrantes del pueblo Maya Tsotsil, dijeron que estos hechos han causado el desplazamiento de alrededor de 3 mil 500 personas y la muerte de siete personas.
Cabe mencionar que, realizaron el pasado 10 de julio de 2021, una misión de observación en Chenalhó, donde documentaron la situación de violaciones a los derechos humanos derivada de los impactos de la violencia suscitada durante los últimos días en de Pantelhó y los límites del mencionado municipio.
Escucharon testimonios de las familias y el sufrimiento por el que están pasando fuera de sus comunidades. Según los datos recabados en ese entonces habían alrededor de 3205 personas desplazadas, en su mayoría mujeres, ancianas, ancianos, niñas y niños, en los municipios de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y San Juan Cancuc.
Al mismo tiempo, la Misión Civil de Observación compuesta por 14 organizaciones pertenecientes a la Red TDT y acompañada por tres organizaciones internacionales, en diciembre de 2020, constató que “la situación de insuficiencia alimentaria, los inexistentes servicios de salud y medicamentos –incluso para quienes han resultado heridos durante las agresiones contra las comunidades- sumados a la situación de desplazamiento forzado amenazan y ponen en riesgo la vida de cientos de personas”.
Además, las situaciones empeoran por la falta de condiciones de seguridad y acceso a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que de manera libre agreden a las comunidades, esto implica un riesgo latente para ellas y quienes defienden sus derechos humanos.
Las organizaciones resaltaron que la crisis humanitaria generada por el desplazamiento forzado de comunidades indígenas y rurales, que ya están en una situación de vulnerabilidad y exclusión grave, requieren la acción urgente del Estado, quien debe tomar las medidas para proteger el derecho a la vida, seguridad e integridad personal de las personas afectadas.
Asimismo, investigar los hechos de forma pronta y eficaz, pero también sancionar y desarticular los grupos armados de corte paramilitar y otros actores implicados
El caso de Chiapas también ilustra el uso persistente y extendido de la tortura contra los pueblos indígenas, caracterizado por actitudes discriminatorias y una estrategia represiva frente a procesos de defensa de territorios, expusieron las organizaciones.
Según un informe reciente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), A.C., entre 2018 y el primer semestre de 2019, registró 98 eventos de tortura de estos casos 95 corresponden a hombres y tres a mujeres; 48 de estas personas indicaron pertenecer a un pueblo indígena y 50 refirieron ser mestizos.
Los métodos de tortura documentados en los casos fueron: asfixia, aislamiento, agresiones verbales, amenazas de muerte y a familiares, agresiones verbales, electrochoques, golpes en general, humillaciones, privación sensorial como de sueño, servicios sanitarios, y alimentos.
También, en 12 casos identificaron prácticas que constituyen violencia sexual, es decir, amenazas sexuales, desnudos, tocamientos, burlas sexuales y violación con objetos.
El Centro de Derechos Humanos acentuó que, el 100% de las víctimas que acompañan pertenecen a un pueblo indígena, asimismo, las amenazas y humillaciones tenían una connotación discriminatoria, referente a su identidad, vestido, idioma o apariencia.
Los actos de tortura y otros tratos o crueles inhumanos y/o degradantes cometidos en contra de esta población, han adoptado distintas formas que trascienden el espacio de privación de libertad y persiguen fines que comunitarios, incluyendo el mencionado desplazamiento forzado y, la criminalización de las comunidades indígenas y sus líderes.
Por otro lado, visibilizaron el incremento de personas privadas de libertad, en abril de 2021 ascendían a 215 mil 232, de las cuales, el Observatorio de Prisiones de Documenta refirió que alrededor de 3 mil 380 se habían contagiado de Covid-19 y 255 habían fallecido.
El hacinamiento y falta de medidas para mitigar las probabilidades de transmisión y garantizar el derecho a la salud, han hecho indispensables que se generen acciones para que los centros penitenciarios garanticen condiciones de detención dignas.
Pese a esto, señalaron que la Ley de Amnistía aprobada para reducir la superpoblación y proteger a las personas en mayor vulnerabilidad, así como figuras de sustitución de la pena o preliberación, previstas en las leyes vigentes, no se han traducido en una reducción de la población penitenciaria.
Sino al contrario, la población carcelaria tuvo un aumento significativo en 2020 -más de 14 mil personas-, entre otros motivos, debido al uso abusivo de la prisión preventiva.
A las organizaciones les preocupa la falta de información pública sobre el número real de contagios y muertes a causa de la Covid-19, los protocolos y medidas de higiene, prevención y atención adoptadas, como la opacidad en la que se han cerrado en el último año varios centros penitenciarios y la situación de Centros de Reinserción Privados.
En cuanto a la situación que viven las personas en contextos de movilidad, recibieron información sobre la falta sistemática de atención de las necesidades básicas de las personas migrantes y solicitantes de asilo, situación que se ha agudizado en el contexto de la pandemia.
Diversas organizaciones locales constataron que las estaciones migratorias continúan llenándose, generan mayor hacinamiento, falta de higiene, de alimentación adecuada y atención médica.
A su vez, ha denunciado el uso excesivo de la fuerza en el marco de protestas y vigilancia de medidas sanitarias, observaron un recrudecimiento de la represión y el actuar abusivo de fuerzas de seguridad en el marco del cumplimiento de restricciones vinculadas a la pandemia, entre los que están: toques de queda, uso obligatorio de cubrebocas, restricciones a la circulación.