El presidente municipal de Las Rosas, Rodolfo Rigoberto Robles Díaz también es un hostigador de mujeres: su víctima es la señora Hortensia Gamboa, a quien tiene amenazada de meterla a la cárcel a como dé lugar.
Para ello paga muy bien a unos policías ministeriales quienes acuden a la calle donde vive la víctima, platican con sus vecinos, piden informes, y siempre llegan con cangureras y camionetas sin placas pero con vidrios polarizados.
Para ello el edil aprovechó los hechos de violencia ocurridos el 11 de junio en donde varios habitantes cometieron actos de vandalismo sobre la presidencia y el hospital del lugar, causando graves destrozos.
Pero aunque la víctima de hostigamiento no participó en los hechos, ni como instigadora ni directamente en la comisión de dichos ilícitos, le dio indicaciones a uno de sus agentes policíacos para que la incluyeran en sus declaraciones ante el agente del ministerio público, con lo cual la Fiscalía General del Estado le abrió una Carpeta de Investigación y rápidamente consiguieron que un juez les obsequiara una orden de aprehensión.
Pero como se trata de apoyar a un político, el Fiscal General de los Políticos, Jorge Luis Llaven Abarca, está coadyuvando con el alcalde pinolteco para que la señora Hortensia Gamboa se sienta perseguida, a pesar de haber conseguido una suspensión por parte del Poder Judicial de la Federación, quien la protege y ampara de toda detención arbitraria y sin previo juicio.
Robles Díaz dio órdenes precisas de que en la declaración de los policías se incluyera a los nombres de personas a quienes le interesa mantener quietas y sin participación política, a fin de desgastarlos física, anímica y económicamente, sin saber de las consecuencias jurídicas para él mismo, pues la parte afectada también le puede iniciar una demanda por daño moral, ante la profunda afectación psicológica de la víctima de hostigamiento policial.
Ya basta de tanta violencia institucional en contra de las mujeres en Chiapas. El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, no debe prestarse para la politización de la justicia ni para la judicialización de la política, aunque se haya convertido en el fiscal de los políticos.
Disraeli E. Angel Cifuentes
FSUR