CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde el año pasado la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por desacato a un mandato judicial relacionado con la entrega de recursos económicos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).
Según medios locales, la carpeta de investigación se inició en octubre de 2020, pero no fue sino hasta el 21 de junio de este año que la FGR solicitó la documentación al juez Gabriel Regis López, quien hizo la denuncia contra la funcionaria.
Los integrantes del Foro denunciaron a la titular del Conacyt por haber desconocido el vínculo jurídico entre ambos organismos, y en septiembre de 2019 el juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis López, admitió el juicio y concedió al Foro una suspensión con el fin de que el organismo encabezado por Álvarez-Buylla continuara con la entrega de recursos para su operación, en tanto resolvía el amparo.
Pero por varios meses el Conacyt no entregó los recursos y fue hasta marzo de 2020 cuando el juez ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación para investigar a Álvarez-Buylla.
Con base en ello, en octubre de 2020 la FGR inició la carpeta de investigación, pero no fue sino hasta junio de 2021 que solicitó al juez enviar copias del expediente de amparo, donde se determinó que el Conacyt incumplió con la suspensión concedida.
Según los estrados judiciales, hasta la fecha el juez de Amparo no ha remitido las constancias que le fueron requeridas por la FGR, solo remitió el incidente de suspensión, mientras que los autos originales del juicio fueron enviados al Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Los recursos de revisión fueron resueltos el 14 de julio por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en cuya sentencia determinó que es legal que el Conacyt entregue los recursos al Foro hasta el ejercicio 2019, ya que así se estipuló en la normativa interna del Consejo hasta 2020, año en que se reformó el Foro y se eliminó.
A pesar de que existe esta determinación, la Fiscalía ha insistido en que tanto la constitución del Foro como la transferencia de recursos del Conacyt son ilegales.
Y al menos de 2013 a 2018 se ha intentado obtener órdenes de aprehensión en contra de los 31 exintegrantes del Foro del Conacyt, pero sin éxito.
El pasado 22 de septiembre, un juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México (Edomex), determinó que no hay delito que perseguir. Fundó su teoría en que la Corte se pronunció al respecto.
Por su parte, la FGR informó que insistirá hasta agotar todos los recursos legales necesarios.