El exoficial mayor de la Sedesol y Sedatu Emilio Zebadúa, investigado por lavado de dinero y otros delitos relacionados con la “Estafa Maestra”, y quien ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) colaborar como testigo para no ser detenido, pelea al mismo tiempo en tribunales que no le decomisen sus cuentas bancarias ni propiedades.
Zebadúa y su hermana Lourdes, denunciada tras detectársele gastos millonarios en casinos con dinero posiblemente proveniente del erario, cuentan con una suspensión provisional para que sus bienes no sean tocados. Es una suspensión a la que no han renunciado y que lograron gracias a que sabían desde hace varios meses que los indagaban por lavado.
El recurso fue concedido por el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Tapachula, Chiapas, el mismo que durante un año frenó cualquier acción legal en contra del exoficial Mayor, y cuyo secretario de acuerdos ya fue suspendido por favorecer de manera irregular con un amparo al empresario Alonso Ancira, indagado también por lavado.
Registros judiciales revisados por Animal Político muestran que el 31 de mayo los abogados de Zebadúa presentaron la demanda de amparo en el referido juzgado en contra de un posible aseguramiento de sus bienes y otras acciones, como resultado de la integración de una carpeta de investigación abierta en la SEIDO.
Se trata de la carpeta de investigación número FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001220/2019 por la cual se giró una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles por lavado de dinero y crimen organizado, pero no en contra de Zebadúa, quien ofreció a la FGR colaborar en busca da un criterio de oportunidad.
Lo que los datos confirman es que Zebadúa y sus familiares conocían con total precisión de la apertura de esa carpeta – e incluso del número del expediente – por lo menos desde hace cinco meses, y así lo plasmaron en su demanda.
El mismo 31 de mayo el juzgado admitió la demanda y la radicó bajo el expediente 229/2020, y un día después concedió a los Zebadúa la suspensión provisional que sigue vigente hasta ahora. La audiencia para definir si se les concede o no la suspensión definitiva se ha diferido desde entonces en 18 ocasiones, debido a retrasos en los envíos de los requerimientos de información a las autoridades.
Y es que como los mismos registros judiciales revelan, el juzgado ha optado por utilizar el correo tradicional e incluso telegramas para solicitar información a la FGR en Ciudad de México, pero en varias ocasiones las direcciones proporcionadas no han sido las correctas.
Lo que los datos también muestran es que los Zebadúa no han promovido ninguna promoción o recurso alguno para desistirse de esta demanda, pese a que el exoficial Mayor ha ofrecido cooperar al menos desde mediados de octubre con la FGR, y a que ya habría confesado que, en efecto, participó en el desvío de recursos por supuestas órdenes de Robles y el expresidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con lo que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, para obtener el criterio de oportunidad la confesión no es suficiente, pues el implicado (en este caso Zebadúa) debe reparar el daño, lo que significa devolver recursos y propiedades que se hubieran obtenido como resultado del fraude perpetrado.
No obstante, en el pasado ya se han concedido criterios de oportunidad sin cumplir con ese requisito como ocurrió en el caso del extesorero de Veracruz, Antonio Tarek Abdalá, quien al igual que Zebadúa estaba denunciado en múltiples casos como el principal operador de desvíos de 55 mil millones de pesos en Veracruz. La PGR le otorgó el perdón sin pedirle un peso a cambio.
Con información de: Animal político
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