No es la primera vez que la Secretaria de Acuerdos, Matilde del Carmen Solís Ruiz, fue denunciada por usuarios del juzgado segundo civil de COMITÁN.
Esta vez enfrentará una querella ante la Fiscalía Fronterizo Sierra junto a la titular del mismo juzgado, Norma Acuña Velásquez, por el delito de abuso de autoridad, entre otros, pero antes ha sido denunciada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ante la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
Significa, entonces, que su actuación al margen de la ley es sistemática, continua y permanente, por lo que no debiera estar en dicho lugar.
Si no sabe conducirse con imparcialidad y apego a la ley entonces que mejor busque otro trabajo en donde pueda ejercer su derecho a litigar a favor de una de las partes y de ese modo no estará violentando la ley. Como litigante podrá ser todo lo parcial que quiera.
Fue en septiembre del 2019 cuando una usuaria presentó un escrito de denuncia en contra de la jueza Rosa Elena Arreola Machuca, la Secretaria Matilde del Carmen Solís Ruiz y la psicóloga Carolina Gordillo Gordillo.
En dicha ocasión estos funcionarios del Juzgado Segundo Civil fueron denunciados por haber incurrido en omisiones en torno al desarrollo de una audiencia relativa a un juicio de convivencia familiar, en donde actuaron como si se trataran de los abogados particulares de una de las partes, afectando a una menor. Su parcialidad no solo fue obvia sino totalmente descarada.
Si bien en dicha ocasión sólo solicitaron el inicio de un procedimiento administrativo en contra de dichos funcionarios, esta vez la misma Secretaria de Acuerdos enfrentará un proceso penal por el delito de abuso de autoridad, por el que podría alcanzar de dos a nueve años de prisión, y de sesenta hasta cuatrocientos días multa.
El código penal lo dice con toda claridad: "Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que aprovechan el poder, empleo o el cargo para satisfacer ilegalmente algún interés propio y cuando, ejerciendo sus funciones, o con motivo de ellas sin causa justificada, hicieren violencia física o moral a una persona o la vejaren".
A esta denuncia se le dará puntual seguimiento a fin de evitar que una vez más persista la cultura de la impunidad. Esta funcionaria debe terminar en la cárcel.Matilde Solís Ruiz debe ir a la Cárcel
No es la primera vez que la Secretaria de Acuerdos, Matilde del Carmen Solís Ruiz, fue denunciada por usuarios del juzgado segundo civil de COMITÁN.
Esta vez enfrentará una querella ante la Fiscalía Fronterizo Sierra junto a la titular del mismo juzgado, Norma Acuña Velásquez, por el delito de abuso de autoridad, entre otros, pero antes ha sido denunciada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ante la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
Significa, entonces, que su actuación al margen de la ley es sistemática, continua y permanente, por lo que no debiera estar en dicho lugar.
Si no sabe conducirse con imparcialidad y apego a la ley entonces que mejor busque otro trabajo en donde pueda ejercer su derecho a litigar a favor de una de las partes y de ese modo no estará violentando la ley. Como litigante podrá ser todo lo parcial que quiera.
Fue en septiembre del 2019 cuando una usuaria presentó un escrito de denuncia en contra de la jueza Rosa Elena Arreola Machuca, la Secretaria Matilde del Carmen Solís Ruiz y la psicóloga Carolina Gordillo Gordillo.
En dicha ocasión estos funcionarios del Juzgado Segundo Civil fueron denunciados por haber incurrido en omisiones en torno al desarrollo de una audiencia relativa a un juicio de convivencia familiar, en donde actuaron como si se trataran de los abogados particulares de una de las partes, afectando a una menor. Su parcialidad no solo fue obvia sino totalmente descarada.
Si bien en dicha ocasión sólo solicitaron el inicio de un procedimiento administrativo en contra de dichos funcionarios, esta vez la misma Secretaria de Acuerdos enfrentará un proceso penal por el delito de abuso de autoridad, por el que podría alcanzar de dos a nueve años de prisión, y de sesenta hasta cuatrocientos días multa.
El código penal lo dice con toda claridad: "Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que aprovechan el poder, empleo o el cargo para satisfacer ilegalmente algún interés propio y cuando, ejerciendo sus funciones, o con motivo de ellas sin causa justificada, hicieren violencia física o moral a una persona o la vejaren".
A esta denuncia se le dará puntual seguimiento a fin de evitar que una vez más persista la cultura de la impunidad. Esta funcionaria debe terminar en la cárcel.