En 9 de cada 17 pueblos tsotsiles de Chiapas, sus habitantes se han negado a aplicarse la vacuna anticovid; un año antes habían dudado de la existencia del virus SARS-Cov2. Ahora temen que el biológico que se aplica para combatirlo, pueda matarlos. No hay, en las zonas indígenas de esta región al sur de México, campañas de información en lenguas maternas que hablen sobre la pandemia; lo que saben de ella proviene en su mayoría de mensajes de origen desconocido que se replican en redes sociales. Hasta el momento, con medicina tradicional, han sobrevivido al virus, y con medicina tradicional piensan seguir enfrentándolo.
“Nos acorralaron, iban con palos, armas y garrafas de gasolina. Nos rodearon, nos abrieron la puerta (de la ambulancia). Nos gritaron que con qué permiso estábamos en su comunidad. Que ellos ya habían dicho que no querían las vacunas. Les explicamos que las que llevábamos eran las vacunas de los niños, no las de la COVID, pero nos dijeron que si no entregábamos el termo (en el que llevaban los biológicos), iban a quemar la ambulancia con nosotros adentro”, explica Carmelo, enfermero y promotor de salud de la jurisdicción sanitaria de San Cristóbal de Las Casas, que abarca la zona indígena tsotsil de Chiapas, provincia de México.
El 18 de junio pasado, cuatro trabajadores de la Secretaría de Salud de la jurisdicción sanitaria que atiende a la zona indígena tsotsil de Chiapas -con alrededor de un millón de habitantes de esa etnia-, estuvieron a punto de ser linchados por pobladores de Yabteclum, ubicado en el municipio Chenalhó, a unos 60 kilómetros de San Cristóbal de Las Casas.
Carmelo y sus colegas, unos 20 trabajadores, explican lo que a su ver, es el origen de la agresión: “las personas están muy mal informadas sobre las vacunas, sobre la pandemia. No hay información en sus lenguas, no les dicen nada y entonces ellos creen todos los rumores de que con las vacunas los van a matar. La única información que ocasionalmente les entregan algunas instituciones, es un folleto donde dice, en español, que si tienen síntomas de COVID, llamen a tal número; esto es absurdo porque en las comunidades indígenas muchas personas no hablan español, no saben leer, y a veces ni teléfono hay”, explica en entrevista.
Los trabajadores sanitarios itinerantes, asignados a las comunidades rurales e indígenas de Chiapas, cumplen múltiples funciones, entre ellas, ofrecer las vacunas del cuadro básico de salud que se aplica a niñas y niños, para prevenir enfermedades como tuberculosis, difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis y sarampión. “Uno del comité de salud pudo explicarles en su idioma que nosotros no llevábamos las vacunas anticovid, pero ellos nos gritaban y nos pedían que bajáramos de la ambulancia, nos amenazaban con quemarnos. Luego de una hora, se comunicaron por radio y nos dejaron ir. Nosotros regresamos al centro de salud y ahí el director nos dijo que no era la primera vez que pasaba eso”, explica Carmelo.
La presencia del virus SARS-Cov2, su origen, su comportamiento y la forma de enfrentarlo, ha sido un proceso de constante aprendizaje, en una carrera contra reloj. Pero, mientras en la capital de México autoridades sanitarias implementan una estrategia de comunicación basada en conferencias de prensa y comunicados diarios, en las comunidades rurales e indígenas la única instrucción que llegó a la población fue que no deberían salir de sus comunidades.
En estos lugares hasta las clínicas se cerraron durante los meses más álgidos de la pandemia. Lo que se vivió desde el primer momento en que empezaron los impactos, fue el miedo y la desinformación.
El 13 de abril de 2020, el señor Samuel C. Hernández, indígena zoque, de la comunidad Francisco León, municipio de Ocosingo, se suicidó. Días antes había acudido al hospital del municipio de Palenque, ubicado a cinco horas de su poblado; ahí le diagnosticaron que estaba enfermo de COVID.
Al regresar a Francisco León, pobladores se inconformaron, le acusaron de haber llevado el virus, de provocar otros contagios, explicó su familia.
Samuel se dirigió entonces a la rivera del río que atraviesa el poblado y se colgó de un árbol. El personal de salud que trabaja en la clínica rural de la localidad, se negó a recoger su cuerpo, por miedo al contagio. Autoridades judiciales tardaron más de un día en entrar al lugar, argumentando que no tenían equipo para protegerse.
Desde el Centro de Formación y Capacitación K’inal Antsetik al que están integradas las hijas de Samuel, señalaron que lo que lo mató, fue el acoso derivado de la desinformación. Llamaron a las autoridades a implementar campañas de información en las lenguas maternas, para que no volviera a repetirse una situación como que la que orilló a Samuel al suicidio.
No fue sino hasta julio de 2020 cuando la secretaría de Salud del gobierno de México realizó algunas cápsulas en video y radiales, así como carteles informativos traducidos a lenguas indígenas, donde lo que se le pedía a la población era permanecer en las comunidades, no salir, no reunirse. Estas producciones se quedaron en las páginas web institucionales; sólo algunos mensajes fueron difundidos esporádicamente en las estaciones de radio.
Para tratar de suplir la ausencia de información por parte del Estado mexicano, organizaciones no gubernamentales de médicos que trabajan con comunidades indígenas, y medios de comunicación independientes o comunitarios, iniciaron campañas de difusión e información sobre la pandemia.
Sin embargo, no fue suficiente, y se impusieron las versiones de las noticias falsas reproducidas a través de mensajes en redes sociales, donde señalaban que el virus era parte de un plan para reducir la población mundial, y acusaban al personal médico de inyectar el virus para entregar “una cuota mensual de muertes”. Esto trajo como consecuencia un rechazo al personal de salud y provocó ataques a hospitales y clínicas.
En mayo de 2020, una ambulancia del hospital básico comunitario de San Andrés Larráinzar fue quemada. Pobladores de este lugar ubicado en la zona indígena de Los Altos de Chiapas, también destruyeron parte de las instalaciones. Temían que en este lugar personal de salud estuviera “inyectando el virus de la COVID”.
Un año después, el 28 de junio de 2021, a este mismo hospital acudieron Luisa Ruiz Ruíz, su cuñada y su esposo, para aplicarse la vacuna anticovid. Llegaron desde la comunidad Talonhuitz, ubicada a una hora de la cabecera municipal. Fueron una de las tres familias que ese día decidieron vacunarse.
En San Andrés Larráinzar viven 31 mil 259 habitantes; en las cuatro campañas de vacunación que ha habido desde abril pasado, sólo han acudido a aplicarse el biológico 129 personas, según cifras reportadas por la Secretaría del Bienestar, la institución encargada promover y organizar el proceso de aplicación de las vacunas anticovid. Es decir, en este municipio tsotsil, solo el 0.4 por ciento de la población mayor de 40 años se ha vacunado.
Sin embargo, en la página oficial donde el gobierno de México reporta el avance de la vacunación, el municipio aparece como “concluido”.
Lo mismo se reporta de Aldama, municipio colindante, donde solo el presidente municipal, Adolfo Victorio López Gómez, y sus dos padres, acudieron a vacunarse “para dar el ejemplo”. Ese día, el personal de salud regresó con su kit de vacunas prácticamente intacto, sólo se ocuparon tres dosis en esta localidad de 8 mil 480 habitantes.
Las cifras oficiales del avance de la vacunación, de la aceptación o rechazo del biológico, se dan a cuenta gotas. El gobierno de Chiapas rechaza hablar a detalle de ello. Para este reportaje se solicitó en varias ocasiones una entrevista con el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos. “En cuanto tenga tiempo con gusto”, fue la respuesta que envió por mensaje de whatsapp, el pasado 29 de junio.
La Secretaría de Salud federal reconoce que la información le llega según el ritmo y la voluntad de los gobiernos estatales, quienes son los que aplican las vacunas, y los principales encargados de promover su aplicación.
En la página web donde se reporta el avance del proceso, se indica que, en Chiapas, en 9 de los 17 municipios de población tsotsil de la Jurisdicción Sanitaria de San Cristóbal de Las Casas, la población se ha negado a que se lleve a cabo la vacunación.
A los municipios de Chenalhó, Amatenango del Valle, Huixtán, Oxchuc, Pantelhó, San Juan Cancúc, Santiago El Pinar, Tenejapa y Zinacantán, se les asigna la leyenda “No aplica”.
En Aldama, San Andrés Larrainzar, Chalchiuitán, Chamula, Chanal, Mitontic, Teopisca y San Cristóbal de Las Casas se han instalado puestos de vacunación, aunque la cifra de personas que acuden a vacunarse no llega al 15 por ciento.
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, en Chiapas habitan 5.5 millones de personas. A esta provincia han llegado poco menos de un millón de dosis de las vacunas Pfizer/BioNtech, Sinovac, AstraZeneca y CanSino; en el reporte del 22 de junio que dio a conocer el gobierno federal en conferencia de prensa, indica que se ha inmunizado a 517 mil pobladores, entre personal de salud, educación, mujeres embarazadas mayores de 18 años y personas mayores de 40 años.
No detalla el avance de vacunación en zonas indígenas -donde habita el 29% de la población total de Chiapas-, pero sí indica el informe que Chiapas ocupa el último lugar de la cobertura de vacunación a nivel nacional, y la zona indígena, se encuentra aún más abajo.