El día de hoy se consumó uno de los golpes más duros a la certidumbre de la ciencia y tecnología en México: la desaparición de 109 fideicomisos. So pretexto del vago y discrecional discurso de combate a la corrupción, se ha extinguido la herramienta legal que permitió durante décadas la formación de excelencia de estudiantes de bajos recursos en el ámbito científico y profesional.
Miles de mexicanos de clases media-baja y baja pudieron ser beneficiarios de los limitados, pero invaluables recursos que la nación otorga a la difusión de la ciencia y la especialización; algo que me permitió a mí, en lo particular, estudiar en un centro de investigación de calidad mundial sin costo alguno, una oportunidad que en muy pocos países de América Latina es siquiera imaginable.
¿Qué es un fideicomiso?
El fideicomiso es una herramienta, un instrumento del gobierno, que permite asegurar el financiamiento de ciertas políticas o fines públicos. Un fideicomiso es un contrato que permite financiar proyectos que se consideran relevantes a través de un patrimonio, el cual puede ser alimentado por diversas fuentes de financiamiento, públicas o privadas, y puede utilizarse de manera multianual, garantizando la continuidad de los objetivos que se proponen.
Han sido utilizados por todos los gobiernos de todos los partidos políticos. Es particularmente útil para financiar grandes proyectos que requieren horizontes de largo plazo, como la creación de infraestructura científica y tecnológica, o el desarrollo de investigación de largo plazo.
Los fideicomisos no son, como se ha querido caracterizarlos, exclusivamente mecanismos de transferencias directas a beneficiarios concretos. Contrario a lo que se ha dicho, el fideicomiso no es intrínsecamente corrupto, ni un instrumento de derecho privado.
La figura del fideicomiso público ha sido reconocida desde hace muchas décadas por el derecho administrativo, y su regulación ha evolucionado significativamente desde finales de los años noventa.
Hoy, los fideicomisos públicos están regulados por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por la Ley Federal de Fiscalización y Rendición de Cuentas, por la legislación en materia de transparencia y acceso a la información y no están protegidos por el secreto fiduciario.
Aunque sin duda mejorable, la regulación de los fideicomisos públicos es abundante y rigurosa: les da transparencia, los hace auditables y sujetos de rendición de cuentas. Desaparecerlos sin mecanismos alternos que permitan asegurar sus propósitos es poner en riesgo fines públicos legítimos y necesarios para el futuro del país.
Esto es particularmente cierto en ciencia y tecnología. El proyecto de decreto que los Senadores dictaminaron desaparece de tajo todos los fideicomisos del CONACyT, así como los fideicomisos de los Centros Públicos de Investigación. En cuanto a los fideicomisos del Conacyt, desaparecen los fondos mixtos, los sectoriales y los institucionales.
Esto significa dar un golpe brutal a la investigación científica, al desarrollo científico regional y al apoyo que la ciencia otorga a los programas y proyectos públicos federales (por ejemplo, en materia de biodiversidad, cambio climático, eficiencia energética, y un largo etcétera).
Significa que los cerca de 27 mil millones de pesos que este país dedica a la ciencia a través del Conacyt, y que son insuficientes, se dedicarán a otros propósitos, sin que exista claridad alguna sobre los mecanismos de nuevos financiamientos.
Es falso, como afirma el proyecto de dictamen, “que la propuesta no implica que la atención al sector de ciencia y tecnología esté en riesgo” ya que el dinero que se le arranca a los fideicomisos de los Centros Públicos de Investigación no se han canalizado a CONACyT. Se queda en las manos, nuevamente, de nuestros políticos.
Los más afectados: Centros Públicos de Investigación
En cuanto a la desaparición de lo fideicomisos de los Centros Públicos de Investigación, que son notablemente más pequeños (poco menos de 800 millones de pesos, es decir el 3 % de los recursos fideicomitidos del Conacyt), comprometen la viabilidad del segundo sistema de investigación a nivel nacional. Esto resulta además inexplicable si consideramos que estos fideicomisos NO tienen recursos presupuestales, sino que se nutren de los recursos que generan los propios centros o donaciones de entidades privadas nacionales o internacionales.
Son fideicomisos que no le cuestan al Estado, sino que complementan el exiguo presupuesto que reciben los centros, espacios de excelencia en investigación y formación de recursos humanos, necesarios para el futuro del país.
El conjunto de la comunidad científica del país y de la comunidad internacional se ha pronunciado, clara y explícitamente, en contra de la desaparición de los fideicomisos de ciencia y tecnología. La UNAM, la ANUIES (es decir, el conjunto de universidades públicas y privadas del país), la Academia Mexicana de Ciencias, las asociaciones, sociedad, redes y academias científicas, los Centros Públicos
de Investigación, el Cinvestav, y numerosos miembros de la comunidad científica nacional e internacional se han pronunciado en contra y han expuesto sus razones.
"No estamos preocupados por los “apoyos” a los investigadores, sino por los mecanismos de financiamiento de la ciencia. No defendemos a la corrupción. Defendemos a la ciencia y a la investigación científica".
Este dictamen, que aún no ofrece alternativas auditables y transparentes que aseguren el apoyo a escuelas, investigadores y estudiantes, ha consumado el más duro golpe que se haya dado a la ciencia y a la cultura de este país.
Eduardo Angel Cruz
Maestro en Historia Internacional por el Centro de Investigación y Docencia Económicas
Con información extraída de la comparecencia de Sergio López Ayllón, director general del CIDE, ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, del 19 de octubre de 2020
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