El uso y abuso de las adjudicaciones directas como método de contratación del gobierno es uno de los problemas que abre más posibilidades para el desperdicio de recursos, el tráfico de influencias y, en general, para la corrupción y la impunidad.
Si bien su uso se encuentra permitido en diversos supuestos, la ley señala que este tipo de procedimiento debería ser utilizado sólo de manera extraordinaria y que, por el contrario, la mayoría de las contrataciones del gobierno deberían de hacerse mediante licitaciones públicas.
Incluso la nueva administración de López Obrador estableció en su PLAN NACIONAL DE DESARROLLO que las adjudicaciones directas quedarían prohibidas durante su sexenio. Por ello, desde Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad mantenemos un seguimiento constante de las compras gubernamentales, con especial atención en los procesos de adjudicación directa. Al cierre de julio de 2020, la BASE DE DATOS DE COMPRANET contiene información sobre 84,372 procedimientos. De estos, 65,156 han sido entregados por vía de la adjudicación directa, equivalentes al 77.2% del total, mientras que la licitación pública ha sido utilizada 10,786 veces, es decir, el 12.8% de las ocasiones. Más de tres de cada cuatro contratos del gobierno se han dado por adjudicación directa.