Empresas ubicadas en ranchos remotos de Oaxaca y supuestos accionistas millonarios que, en realidad, son empleadas de la limpieza, comerciantes ambulantes y vendedores de flores en colonias populares. Esto es lo que Animal Político encontró detrás de la red de compañías fachada a la que el gobierno de Manuel Velasco en Chiapas benefició con más de mil millones de pesos en 2018.
Este medio publicó ayer que el Ejecutivo estatal sacó en efectivo y con destino desconocido esa suma millonaria de recursos públicos —que debieron haberse invertido en seguridad, el empoderamiento de las mujeres y el desarrollo de los más pobres—, a través de compañías de traslado de valores, cheques y empresas fantasma.
En total, son ocho las empresas que recibieron el dinero público que, tras triangularlo entre ellas, acabó convertido en efectivo antes de desaparecer, de acuerdo con una investigación federal realizada por la Secretaría de Hacienda (SHCP) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Estas empresas estaban legalmente constituidas al momento de recibir los recursos, pero solo en papel, pues el Servicio de Administración Tributaria (SAT) demostró que en realidad nunca contaron con la infraestructura necesaria para dar servicios. Mientras tanto, sus dueños tienen las características usuales de prestanombres: son personas de escasos recursos que dijeron desconocer estar registradas como accionistas de compañías que recibieron cientos de millones del erario.
En paralelo a las investigaciones de las autoridades federales, este medio hizo una revisión en el Registro Público de Comercio de las ocho razones sociales y comprobó que forman una red, pues comparten un mismo apoderado legal, Héctor Alejandro Sánchez Piña, un abogado de 54 años cuya dirección lleva hasta la colonia Pedregal de Carrasco, en la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México.
—Yo no tengo nada que ver con esas empresas —respondió en cuanto se le preguntó por las compañías que obtuvieron más de mil millones de pesos del gobierno de Chiapas y que él mismo liquidó de manera casi simultánea los días 19 y 20 de junio de 2020.
Estas sociedades dejaron constancia por escrito de que el motivo de la disolución fue la falta de ingresos, a pesar de que, por ejemplo, Comercializadora TGZ obtuvo más de 800 millones de pesos en 2018 del erario chiapaneco.
—Usted aparece en documentos públicos como el apoderado legal que liquidó todas estas empresas —se le planteó.
—Sí, pero yo no tengo nada que ver. A mí ya me revocaron de todo.
—Lo que sucede es que ya fueron declaradas como fantasma por el SAT. Por ejemplo, Comercializadora TGZ fue boletinada el 22 de febrero de 2021; Comercial Abastecedora Chloe, el 29 de octubre de 2020; Publicidad y Servicios EMAI, el 22 de febrero de 2021…
—Ah, miren, pues no sé. Les digo que yo no tengo nada que ver con eso.
—¿A usted solo lo contrataron para liquidar estas empresas? ¿O por qué aparece entonces en la documentación oficial? —se le insistió.
—Sí, gente de Oaxaca me llamó y me dijo: “Oye, encárgate de esto”. Pero no tengo nada que ver con esos notarios.
—El problema es que esas empresas fantasma recibieron muchos recursos públicos y los triangularon para sacarlos en efectivo y desaparecerlos, según pudimos saber de una investigación federal en curso…
—Ah… pues ahí sí no sé. Déjenme su tarjeta y yo les digo a los notarios que se comuniquen con ustedes —propuso el abogado Sánchez Piña. Sin embargo, nadie se comunicó de vuelta.
En esa misma colonia Pedregal de Carrasco se buscó a Rodrigo Gómez Ayala, quien consta en documentos oficiales como accionista de Arrendamientos Paragran. Esta empresa fantasma recibió 325 millones de pesos de otra sociedad fantasma que le trianguló el dinero, Comercializadora TGZ, y a pesar de que —al menos en el papel— es una compañía millonaria, tiene su dirección fiscal en una ranchería de Tlacolula de Matamoros, en Oaxaca, en una zona de casas construidas con madera.
En la vivienda del supuesto accionista millonario, se localizó a una mujer de nombre Esmeralda, quien dijo ser la madre de Rodrigo Gómez Ayala, que en ese momento no se encontraba en el domicilio. La mujer negó en reiteradas ocasiones que su hijo fuera empresario, y mucho menos que fuera accionista en una compañía que recibió tal cantidad de dinero público.
—No, no. Mi hijo es psicoanalista —recalcó—. Se dedica a ir a las casas a atender personas, aunque a veces también lo hace por internet.
En la colonia Jamaica, en la alcaldía Venustiano Carranza, se buscó a Juan Antonio Trinidad Sánchez, el otro supuesto dueño de la compañía oaxaqueña Arrendamientos Paragran.
Con informaciòn de: Animal Politico
fsur